Con la realización de 152 acciones que derivaron en la imposición de 34 sellos de suspensión de actividades, el desmantelamiento de 22 anuncios, el retiro de 96 unidades de mobiliario urbano y la presentación de cuatro denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF),
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) avanza en el programa “Por una ciudad visual, recuperemos el paisaje urbano”.
La disposición tiene como objetivo hacer valer la ley en la materia y contribuir, al mismo tiempo, al reordenamiento de la publicidad exterior, y su aplicación está a cargo de la Autoridad del Espacio Público (AEP) de la Seduvi, en coordinación con la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
De enero a la fecha, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Seduvi presentó ante las fiscalías desconcentradas en las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez, 4 denuncias contra quien o quienes resulten responsables por el delito de quebrantamiento de sellos de suspensión de actividades, previsto en el artículo 286 del Código Penal del Distrito Federal, que establece una sanción de 2 a 7 años de prisión y una multa de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en la capital del país.
Posteriormente, el área jurídica ratificó cada querella y solicitó la concentración de las indagatorias en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la PGJDF, en donde siguen su curso legal.
Los 22 anuncios fueron retirados, por tratarse de publicidad ilegalmente instalada en azoteas, autosoportados y vallas, así como adosados, que carecía de información sobre la compañía que los administraba y el registro correspondiente del Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana (PRARIU) de la Seduvi.
Para el retiro de las estructuras se utilizaron grúas telescópicas, con una capacidad de 60 a 80 toneladas cada una de ellas, y se requirió el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública local, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Protección Civil.
Los materiales fueron trasladados en plataformas a una bodega ubicada en la colonia San Juan Xalpa, Iztapalapa.
Con acciones preventivas, disuasivas y de alto impacto, la Seduvi mantendrá las acciones de imposición de sanciones provisionales y definitivas, en aras de evitar la contaminación visual del paisaje urbano y velará en todo momento por el cumplimiento de la ley en la materia, con el fin de reordenar la publicidad exterior.
Legisladores por regresarles delegacionales
autoridad en materia desarrollo urbano
Regresarle a los jefes delegacionales la facultad de verificación, en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, implicará que éstos asuman la implicación del acto y se les fincaría responsabilidades en caso de actuar al margen de la ley.
El diputado del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Christian von Roehrich, dijo que el actual modelo no funciona, pues, se deja a los jefes delegacionales sin la posibilidad jurídica de tomar decisiones sobre asuntos locales que podría resolver; además de que la centralización de la función verificadora en materia de desarrollo urbano y uso de suelo no solucionó el problema de la comisión de actos de corrupción.
Con el objetivo de darle facultades de verificación en materia de desarrollo urbano y uso de suelo a los jefes delegacionales, apoyados en el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), el diputado del PAN en la ALDF presentó una iniciativa de Ley para modificar el Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, específicamente en lo relativo a las obligaciones y facultades de los titulares de los órganos político administrativos.
“La trascendencia de hacer sustentable el desarrollo urbano de la ciudad, el gobierno local no solo no está cumpliendo con la legislación de la materia, sino que la propia autoridad rehúye a la responsabilidad que le corresponde para hacerla cumplir, y nos referimos específicamente a la atribución de verificar en esta materia”, señaló.
Recordó que en diciembre de 2009 fue aprobada por la pasada legislatura la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, iniciativa presentada por el jefe de gobierno en turno. “la creación de este ente público, cuya naturaleza jurídica fue la de un organismo descentralizado, tuvo por objeto la centralización de una de las funciones públicas más cuestionadas por los capitalinos debido a la comisión de actos de corrupción: la función verificadora”, lo que implicaba la eliminación de esa atribución que hasta entonces era competencia de la autoridad delegacional.
“Lamentablemente, a poco más de tres años de haberse creado el Instituto de Verificación administrativa, ha quedado demostrado que la centralización de la función verificadora en materia de desarrollo urbano y uso de suelo no solucionó el problema de la corrupción en el desarrollo de tal función.
Además resultó perjudicial para el procedimiento de modificación de los cambios de uso de suelo, fundamentalmente, porque las autoridades delegacionales no asumen la responsabilidad en la decisión y se deslindan de tal responsabilidad cuando surgen irregularidades”, acusó.
El legislador panista sostuvo que el actual modelo no funciona, pues, dijo, se deja a los jefes delegacionales sin la posibilidad jurídica de tomar decisiones sobre asuntos locales que podría resolver; además de que la centralización de la función verificadora en materia de desarrollo urbano y uso de suelo no solucionó el problema de la comisión de actos de corrupción.
Cabe mencionar que esta propuesta acompaña a otra reforma presentada por el GPPAN, en donde ya se contempla derogar las facultades del Invea en materia de desarrollo urbano y uso de suelo y donde también se reforma la Ley de Desarrollo Urbano.
“Con la presentación de este instrumento legislativo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional demuestra nuevamente su compromiso por eliminar, de una vez por todas, las prácticas irregulares en materia de desarrollo urbano, y por fortalecer al gobierno delegacional, porque los ciudadanos no merecen que les respondan con un no me corresponde. Los ciudadanos exigen y merecen soluciones de su jefe delegacional”, concluyó.