Mientras que las autoridades correspondientes, diputados locales y federales, u principalmente los encargados de la seguridad de la Ciudad de México, no acepten que el crimen organizado ya tiene sus cimientos en el Distrito Federal, este tomando fuerza y más adelante será difícil de controlar.
El comisionado Nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, dijo la verdad y no pudo haber incurrido en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al afirmar que grupos del crimen organizado operan en la ciudad de México.
Señalaron que la referida Ley establece como obligación de todo servidor público, cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicha encomienda, así como formular y ejecutar legalmente los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia.
“Es evidente que el actual comisionado no cumplió con tales disposiciones por lo que la misma Ley establece sanciones que podrían llevarlo a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público”, apuntaron.
Los legisladores perredistas anunciaron que solicitarán a la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF), que inicie el procedimiento que corresponda en virtud de la grave omisión consistente en reservarse información esencial para la implementación de los programas de seguridad pública y prevención del delito.
”No basta con realizar señalamientos irresponsables sino que desde su actual encomienda, Manuel Mondragón tiene la obligación de informar e implementar las medidas que desde su facultad puedan realizarse por lo que también estaremos pendientes de su actuar a partir de su absurda declaración pues, de omitir acciones, también estaría incurriendo en responsabilidad administrativa a nivel federal”. Al respecto, insistieron que en ambos casos, la resolución podría llevarlo a la inhabilitación.