Es urgente el retiro de las miles de casetas telefónicas que a lo largo del Distrito Federal se han instalado de manera arbitraria, sin los permisos ni pagos correspondientes y con el consecuente peligro para los peatones.
El diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Lobo Román, advirtió que las empresas telefónicas “gozan de total impunidad”, pues sin ninguna autorización han usufructuado la vía pública a pesar de estar obligadas a pagar 854 pesos semestrales por cada cabina o caseta instalada en las calles de las 16 delegaciones políticas.
De acuerdo a Lobo Román, las empresas deben contar con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para poder establecerse, operar y explotar la telefonía pública; asimismo, con el dictamen técnico expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); y el Permiso Temporal Revocable (PTR) de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
Con dichos permisos –abundó el diputado del Partido de la Revolución Democrática-, la solicitud debe ingresarse a la ventanilla de la delegación política correspondiente, previo pago semestral por cada caseta telefónica a ser instalada en la vía pública, como lo establece el artículo 307 del Código Fiscal para el Distrito Federal.
“No se puede permitir que los particulares o cualquier persona física o moral de manera irresponsable, sin orden y supervisión modifiquen, alteren u obstruyan la vía pública, los andadores peatonales, banquetas, guarniciones, áreas y accesos de rampas para personas con discapacidades.
“Esta situación limita el libre tránsito de la ciudadanía y pone en alto riesgo a las personas con algún tipo de impedimento físico y puede afectar el patrimonio sin duda de toda la población”, afirmó el diputado Lobo Román durante la presentación de su propuesta.
Tras la aprobación del punto de acuerdo, el pleno de la Diputación Permanente acordó solicitar a la Seduvi, a la Dirección General de Patrimonio de la Oficialía Mayor y a las 16 delegaciones, el número de empresas telefónicas que cuentan con permiso, cantidad de casetas instaladas, ubicación y a la compañía a la que pertenecen.
Adicionalmente, los legisladores demandaron a las 16 jefaturas delegacionales hacer los requerimientos necesarios a las empresas que carecen de permisos, a fin de que realicen los pagos estipulados en el Código Fiscal y en caso de que no cuenten con ellos, efectuar el retiro de todas las casetas instaladas de manera irregular. También pidieron qué empresas han promovido algún tipo de amparo.