La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), avanza en las investigaciones por presuntas irregularidades y anomalías en la aplicación de la suspendida Norma 26 y no dará marcha atrás.
José Guadalupe Medina Romero, director general de Asuntos Jurídicos, informó que suman seis los juicios de lesividad presentados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) por la incorrecta aplicación de la Norma de Ordenación General número 26, suspendida el pasado 19 de agosto y hasta el próximo 13 de diciembre.
Las primeras dos se presentaron en agosto y corresponden a los predios Cotzintla 9, en la colonia San Jerónimo Aculco, y la Presa 176, en la colonia San Jerónimo Lídice, ambas en la delegación Magdalena Contreras; dos más se interpusieron en la primera semana de septiembre y se refieren a los predios localizados en Rada 44 y Marisma 54, delegación Álvaro Obregón; las últimas dos fueron hechas esta semana e incumben a los predios ubicados en Playa Langosta, manzana 39, lote 7, colonia Reforma Iztaccihuatl, delegación Iztacalco, y Palomas 92, colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo.
Dijo que en el caso de Playa Langosta, la irregularidad detectada consistió en que se pretendió construir en una zona considerada de riesgo, mientras que en Palomas 92 hubo un error en la zonificación aplicada.
Medina Romero advirtió que en caso de prosperar las demandas en los seis casos, tanto el certificado de uso del suelo como los trámites realizados al amparo de dichos documentos, quedarían sin efecto legal alguno.
El director general de Asuntos Jurídicos de la Seduvi mencionó que se recaba información sobre 19 casos más, en donde presuntamente se incrementó el precio de las viviendas por encima del valor establecido en la suspendida Norma 26, por no contar con la corrida financiera correspondiente y otras irregularidades.
Además, destacó, se investigan 31 denuncias vecinales en la colonia San José Insurgentes, delegación Benito Juárez, para lo cual se solicitó información a la Dirección del Registro de los Planes y Programas de la propia dependencia.
Añadió que con las acciones legales emprendidas por el Gobierno del Distrito Federal se da cumplimiento a la normatividad en materia de uso de suelo y se protege el interés supremo de los habitantes de la Ciudad de México.