El caso de Céfiro 120 es un emblema de corrupción e impunidad en el Distrito Federal, el desarrollador de este edificio está implicado en actos de corrupción, hecho que demuestra que a estas personas les gusta regular por debajo de la mesa, afirmaron los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Priscila Vera Hernández y Edgar Borja Rangel.
Al pronunciarse con respecto a la suspensión provisional que emitió el juez décimo primero de Distrito en materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola, el legislador Edgar Borja Rangel explicó: “ El juez Agustín Tello, concede una suspensión con lo cual quitan los sellos de la construcción de Céfiro 120 y esto permite que la inmobiliaria 3GZN incite a la gente que ya compro y que tiene firmado un contrato, a que vayan y habiten sus departamentos, cuando está detenido el folio en el Registro Público de la Propiedad, es decir ninguna persona va a poder escriturar su departamento”.
Borja Rangel, agregó que este juez fue el mismo que meses atrás otorgó el amparo cuando estaba la suspensión de actividades, para después dar pie al tema de la clausura de este edificio “que casualidad que habiendo tantos jueces y tantos magistraturas, resulta que vuelve a caer el tema con el mismo juez. Hay que revisar el actuar de Agustín Tello Espíndola porque no es posible que el caso vuelva a caer con la misma persona”.
Asimismo, recordó que este caso surge cuando el Delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, es exhibido por esta empresa cuando les pide otros 800 mil pesos para poder continuar con la construcción, hecho que denota que a esta desarrolladora le encanta arreglarse atrás del escenario o por debajo de la mesa. Añadió, que el juez lo único que está ganando es tiempo para dilatar el proceso y engañar a las personas que compraron los 120 departamentos en más dos millones de pesos cada uno y los 180 cajones de estacionamiento con un costo de 75 mil pesos por espacio.
Se solicitará una audiencia con los magistrados ponentes para pedirles que actúen con legalidad y que no negocien la ley por unos cuantos millones de pesos tal y como lo hizo el delegado de Coyoacán.