Diputados del PRD hicieron un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, para que ejerza su derecho de veto y devuelva la minuta a la Asamblea con las observaciones relativas a las violaciones en materia de derechos humanos en que incurren las pretendidas reformas al Código Penal para el Distrito Federal.
Lo anterior para que no se publique en la Gaceta Oficial las reformas que criminalizan las marchas, porque ello sería seguirle el juego a la derecha, siempre tan solícita para utilizar la represión y la macana, en lugar de dialogar y atender las demandas ciudadanas.
Con el apoyo de la mayoría de los diputados locales de IDN, el asambleísta Alejandro Ojeda aseveró que las reformas por las que se adiciona un párrafo a los artículos 123 y 130, una fracción X al artículo 224 y, un artículo 241 bis., al Código Penal para el Distrito Federal, son inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos.
El legislador anunció que de concretarse los cambios a dicho código, promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los mencionados artículos que claramente violentan garantías individuales como la libertad de manifestación, de reunión y de movilización.
Explicó que en las marchas o manifestaciones públicas, convergen varios derechos humanos, el primero de ellos es el de reunión, contemplado en el Noveno Constitucional, donde se protege cualquier concentración de personas, ya sean en privado (una fiesta en casa) o bien, que se den cita una multitud en un lugar público y de uso común.
Mencionó que la idea de que los delitos disminuyen incrementando las penas es un error que la experiencia en otros casos nos ha demostrado que la implementación de políticas públicas incluyentes, tolerantes y razonadas, serán el camino para la construcción de un sistema jurídico integral, en el que no sólo se utilice el derecho como medio de imposición de fuerza, sino como mecanismo para generar armonía social.