El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que la Ciudad de México se posiciona como punta de lanza en materia de impartición de justicia y cumplimiento del marco normativo, al impulsar la instalación formal de 2 Juzgados Especializados en Ejecución de Sanciones cuya responsabilidad será atender más de mil solicitudes en la materia.
Durante el evento realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar y del procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que para estos nuevos juzgados se requirió de una inversión de poco más de 20 millones de pesos, en un espacio de 600 metros cuadrados.
Asimismo anunció que en este año habrá una inversión cercana a los dos mil millones de pesos, recursos que serán destinados a la creación de nuevas salas penales en el DF en materia civil y las que se requieran en el Sistema Acusatorio.
“En el gobierno estamos claros de la división de poderes, de la autonomía del Tribunal Superior de Justicia, pero también de que tenemos una tarea en común, la cual va más allá del propio poder ejecutivo o judicial, y es el compromiso con los ciudadanos de poder atender más solicitudes en la materia”, señaló.
Mancera Espinosa indicó que estos dos juzgados se suman a los dos que ya había, lo cual permitirá atender mil solicitudes.
“Vamos a atender a una población aproximada de 12 mil internos o solicitantes en su caso, es una tarea que no es menor, es muy compleja y complicada”, acotó.
Afirmó que su administración va a estar muy atenta de lo que requiera el TSJDF para dar cumplimiento a las reformas constitucionales.
El ejecutivo local aclaró que en la ciudad de México ha venido avanzando en el sistema acusatorio, que ya se está en la capacitación a los más altos niveles de quienes estarán encargados de ésta.
Antes el magistrado Edgar Elías Azar había solicitado el apoyo del Gobierno del Distrito Federal para poder llevar a cabo todas las reformas que se requieren para dar cumplimiento a la nueva legislación en materia penal.