El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Contraloría General, firmó un convenio de colaboración con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCADF) para promover, instrumentar e implementar el desarrollo de actividades académicas de la Administración Pública Local.
El convenio firmado por el titular de la Contraloría General del DF, Hiram Almeida Estrada y la presidenta del TCADF, Yasmín Esquivel Mossa, busca la capacitación, profesionalización y especialización de los servidores públicos en los temas de interés mutuo como los procedimientos contencioso administrativo y responsabilidad de los funcionarios públicos del Distrito Federal.
Almeida Estrada recordó que el año pasado, la dependencia a su cargo aplicó mil 734 sanciones de diversos tipos “por ello, la obligación indispensable en la administración de justicia y en el órgano fiscalizador, vuelve necesario eficientar los resultados del quehacer para colectivamente incidir en una noción de justicia distributiva, respecto de quienes sufrieron los efectos del acto que generó la conducta infractora, y con ello fueron vulnerados los derechos de la ciudadanía y en el caso más drástico expectativas de vida o desarrollo como sucede en el incumplimiento de los programas de naturaleza social”.
Al dar inicio el “Curso sobre Procedimiento Contencioso Administrativo y Responsabilidad de Funcionarios Públicos del Distrito Federal”, señaló que el curso permitirá conocer y mejorar los criterios de determinación respecto del procedimiento contencioso y las responsabilidades de los funcionarios públicos de la administración local, generando mayor eficacia en la determinación y vinculación de los criterios observables por el impartidor de justicia, lo cual será un apoyo importante para generar los resultados de legalidad e imparcialidad.
En el marco del Plan de Prevención y Combate a la Corrupción, presentado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la profesionalización del servicio público es uno de los 5 ejes rectores, así como la Mejora de la Fiscalización y el Control Interno, de lo que deriva la determinación de responsabilidades de los servidores públicos.