A raíz de las grandes movilizaciones de alumnos y docentes del Instituto Politécnico Nacional por las modificaciones a su reglamento interno y planes de estudio de distintas escuelas del nivel medio superior y superior, en arterias principales y secundarias, se exhortó a las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública a realizar operativos de seguridad, con apego
estricto al respeto de los derechos humanos de los manifestantes y de terceros.
El 2 de octubre, como ya es costumbre, organizaciones estudiantiles, académicas, sociales y de trabajadores, así como la población, no sólo del Distrito Federal sino del resto del país, marchan por las principales calles y avenidas y se concentran en las plazas más emblemáticas de nuestra ciudad para recordar la matanza de estudiantes en Tlatelolco.
La diputada Ernestina Godoy Ramos afirmó que las autoridades centrales, precisamente en esa fecha emblemática, realizan acciones que van desde el acompañamiento de los manifestantes para indicar las calles y avenidas por dónde deben transitar, hasta el resguardo de bienes, como son los edificios públicos y privados, y el equipamiento urbano, con el fin de garantizar la integridad física de los asistentes y transeúntes, salvaguardar el patrimonio y orden público, así como disminuir las afectaciones viales.
No obstante, desde el año de 1997 a la fecha, reconoció, la mayoría de las marchas se han realizado en forma pacífica. Algunas de las últimas manifestaciones o plantones en el DF han terminado con hechos violentos, donde se presumen acciones violatorias de los derechos humanos, como fueron las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012, documentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en la recomendación 7/2013.
La CDHDF, dijo, acreditó que los detenidos no fueron informados sobre las razones de su detención, no fueron puestos “sin demora alguna” ante las autoridades competentes, además de que las circunstancias de modo, tiempo y lugar señalados por la autoridades en que ocurrieron los hechos fueron substancialmente distintos a los que se acreditaron.
Nuevamente, indicó, las autoridades capitalinas enfrentan una prueba más, en esta ocasión alumnos y maestros de las escuelas del IPN ocupan calles y avenidas con demandas legítimas, piden ser consultados y hacer valer sus derechos para realizar modificaciones a su reglamento. Sus movilizaciones han sido amplias y determinaron participar en las marchas del 2 de octubre. Por ello, afirmó, las autoridades están frente a un nuevo escenario que apremia su atención precisa.
De ahí que reiteró su exhorto a las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal, para que en los operativos que implementen con motivo de las marchas y mítines convocados por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, así como los conmemorativos del 2 de octubre, garanticen en todo momento el pleno respeto de los derechos humanos de los manifestantes y transeúntes, así como de aquellas personas que pudieran ser remitidas ante autoridades cívicas o ministeriales con motivo de los mismas.
A su vez, llamó a la Comisión de Derechos Humanos local, a estar presente con observadores en todos los recorridos de las marchas de estudiantes y maestros del IPN, incluida la del 2 de octubre, y en los juzgados cívicos y ministeriales, con el fin de informar y documentar las condiciones en las que se realizan los operativos de seguridad.
Finalmente, la diputada Ernestina Godoy Ramos solicitó a la comunidad del IPN que de continuar su lucha, lo hagan por la vía pacífica como hasta ahora lo han realizado, sin encapuchados ni acciones que pudieran transgredir la ley.