"Cuenta errada, no vale nada": Refrán popular
Cada vez que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega un informe, siempre se trata de observaciones y aclaraciones.
De hecho, el día que no las traiga deberemos empezar a preocuparnos…
El informe sobre la Cuenta Pública de 2020, entregado el domingo pasado a la Cámara de Diputados, no es la excepción. Sin embargo, hay observaciones a las que los ciudadanos y nuestros diputados deberían poner atención; al fin y al cabo, es nuestro dinero el que se gasta.
La revisión de la Cuenta Pública 2020 fue más compleja que de costumbre, pues el presupuesto fue elaborado en 2019, antes de la pandemia y evidentemente no tenía contemplados gastos para una emergencia de esas dimensiones.
La ASF hizo 866 auditorías y revisó el 14 por ciento del presupuesto federal (3,2 billones de pesos), así como el 85 por ciento del gasto federalizado (1,9 billones de pesos). Las fallas detectadas van desde dos millones de pesos hasta varios cientos o millas de ellos; en total, rebasó los 39 mil millones de pesos.
De las acciones auditadas, lo que más llamó mi atención fue el desorden alrededor de la “Adquisición y distribución de vacunas contra la Covid-19”. Independientemente de las gestiones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores con los laboratorios extranjeros, la compra y manejo y distribución de las vacunas fue responsabilidad -por lo menos en teoría- del Centro Nacional para la Salud (CENSIA).
Esta dependencia tenía una larga y muy exitosa trayectoria en lo que a vacunación se refiere. De hecho, México fue ejemplo en cobertura y eficiencia durante las campañas nacionales de vacunación. Sin embargo, desde que se inició la administración morenista, la cobertura va en declive.
La gota que derramó el vaso y que provocó la renuncia de su directora, fue la estrategia diseñada por alguien más en la Secretaría de Salud. No me extraña, pues uno puede ser el mejor epidemiólogo (AMLO dixit), pero la vacunación es un tema de logística para cumplir con objetivos de cobertura en territorios muy distintos y para los segmentos poblacionales indicados.
Reconozco que la compra de vacunas fue una emergencia, pero de siempre en la administración pública hay procedimientos mínimos a cumplir y registrar. En su reporte, la ASF indica que no pudo cuadrar las vacunas que se compraron, contra las que se almacenaron y con las que se distribuyeron, como tampoco algunos lotes con las dosis que supuestamente los componían. ¿Cómo ven?
El INSABI, sin duda, se cuece aparte. En 2020 y estando recién creado, procedió a la compra de ventiladores a una empresa británica por un monto de mil 416 millones de pesos y, con la pena, ésta no cumplió ni con los plazos de entrega, ni con las cantidades pactadas; en síntesis, le quedó a deber al INSABI 650 ventiladores. Ya ni la amuelan los empresarios británicos, con la falta que hacían esos ventiladores. Lo que más llama la atención es que fue hasta enero de 2021 cuando el INSABI decidió emprender acciones legales para la devolución del dinero pagado. ¡Un año después..!
En otra observación se pide al INSABI que aclare dónde están otros dos mil 250 ventiladores adquiridos en 2020. Me pregunto cuántas personas se pudieron haber salvado si esos ventiladores hubiesen estado en operación.
Celebro que la ASF haga las auditorías.
Celebraría más que las dependencias aclararan sus fallas y cumplieran con las recomendaciones.
Porque este gobierno, que pretende ser distinto de todos los anteriores, parece no acabar de entender que la transparencia y la rendición de cuentas es lo que fortalecería y legitimaría su gestión.
No solo de palabrería vive el pueblo…
Investigación: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.