LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
"Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos": Voltaire
Ahora que ya sabemos que concluirá usted el encargo que le hizo el presidente al frente de la SSPC, le sugiero echarle un ojo al informe “Hallazgos 2021” publicado el pasado mes de mayo por México Evalúa (ME), solo para confirmar con datos duros lo mal que estamos en seguridad y justicia.
Desde 2013, ME monitorea el Sistema de Justicia Criminal (SJC) y, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio, puso especial atención a la estrategia sectorial para consolidarlo. A 2022, los resultados son espeluznantes.
Un primer señalamiento es que a lo largo de su investigación, ME no encontró un solo documento de planeación que definiera el horizonte de mediano y largo plazos de los objetivos a alcanzar en materia de seguridad y justicia. Muchos supusimos que aparte del rollo de “abrazos, no balazos”, la intervención militar implicaría un mínimo de pensamiento estratégico en el accionar gubernamental. Pues no.
En esta entrega de “Hallazgos”, ME puso atención a la respuesta gubernamental hacia la impunidad. Para su medición elaboraron un índice a partir de indicadores robustos y en función del sistema penal acusatorio. Interpreto que el índice busca determinar que los delitos denunciados son investigados, perseguidos y sancionados… por lo menos en teoría.
Ya es lugar común decir que la cifra negra de delitos es altísima. Lo grave del asunto es que desde 2010, por lo menos, se ha mantenido por arriba del 90 por ciento, tal vez porque el nivel de confianza en el SJC tampoco ha mejorado.
El promedio nacional de delitos ya se recuperó a niveles pre-pandemia (cinco mil 600 casos diarios) y para desgracia de nuestro tejido social, los delitos con mayor incremento en 2021 con respecto al año anterior son la violación y violencia familiar (28 y 15 por ciento, respectivamente).
A nivel nacional sufrimos un 91.8 por ciento de impunidad, por lo cual el SJC tiene un 8.2 por ciento de efectividad. La medio buena noticia es que mejoró tres puntos porcentuales en comparación con la medición 2020; a ese paso, tardaremos 30 años en revertir la proporción.
A lo largo del reporte, encontramos resultados por tipo de delito. Evidentemente, al homicidio doloso es al que las autoridades estatales ponen más atención. Aun así, la efectividad promedio nacional es de 3.1 por ciento. Dentro de todo, es algo alentador que el feminicidio arroja una efectividad mayor: 11.9 por ciento. La extorsión es un crimen que ninguna entidad, ni la federación, han podido combatir.
Dentro de sus conclusiones, el documento señala la urgencia de reducir las asimetrías entre las distintas instituciones involucradas en el SJC, empezando por el presupuesto y la carencia de sistemas informáticos.
“Mientras que a nivel estatal, 5.2 por ciento del gasto total se dedica a justicia y 5.4 por ciento a seguridad, el gobierno federal apenas orienta el 0.8 por ciento a seguridad y 2.2 por ciento a justicia.” Algunos estados han dado tumbos en materia presupuestal, al hacer grandes recortes a sus áreas de seguridad, como es el caso de Baja California y Campeche. Y luego por qué los vemos en las noticias…
Las fiscalías dejan mucho qué desear. De los muy pocos delitos judicializados, la mitad se convierten en “archivos temporales”, o sea, se van al limbo. En su defensa cabe mencionar la sobrecarga de trabajo que sufren, lo mismo que los jueces.
Valdría la pena que la federación y los demás estados revisaran las buenas prácticas seguidas por Querétaro, pues ocupa el primer lugar en consolidación de su SJC y muestra de los mejores niveles de efectividad en varios delitos. No es de extrañar, pues en lo que a coordinación técnica se refiere, su índice es de 100 puntos; algo similar ocurre en cuanto al sistema de informático utilizado en Querétaro para comunicar a las distintas instancias relacionadas con la seguridad y la justicia. Mejor todavía, los fiscales queretanos concluyen el 64.5 por ciento de sus casos.
Ahora, una reflexión final.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), mucho más las que reciben aportaciones de fondos del extranjero como ME, han sido ampliamente criticadas desde Palacio Nacional. “Hallazgos 2021” es una muestra valiosa de lo que una organización, conformada por mentes brillantes, puede aportar a nuestro país. El reporte se hizo con base en la información oficial que las entidades y la autoridad federal proporcionaron; no hay una sola mención partidista o ideológica.
Dígale a su jefe que ahí está la utilidad de la sociedad cuando se organiza para un bien mayor.
Leopoldo Mendívil
Colaboró: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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