BARRA MEXICANA DE ABOGADOS:
"Palo dado, ni Dios lo quita": Refrán popular
Aplicando la máxima de que la mejor defensa es el ataque, anteayer el doctor Arturo Zaldívar anunció que pedirá juicio político en contra de la doctora Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El motivo principal: pretender influir en la elecciones. El “delito”: utilizar la denuncia en contra de su equipo cercano de colaboradores por presuntas conductas irregulares durante la gestión de Zaldívar como presidente de la SCJN.
Si el caso no fuera trágico, movería a risa el argumento esgrimido por el doctor Zaldívar en contra de la ministra Piña, pues si de intervenir indebidamente en el proceso electoral se trata, Andrés Manuel López Obrador lleva un año haciéndolo e ignorando todos los llamados de atención del INE.
La denuncia 2687 enviada por la ministra Piña a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura es un rosario de presuntas conductas anómalas por parte del círculo cercano de Zaldívar; a ellas me referí en mi columna del lunes. Pero hay más.
Con los jueces y magistrados que se habrían puesto a modo, los mecanismos de supervisión se volvían inútiles, pues se habrían hecho de la vista gorda en cuanto a quejas de todo tipo, incluidas las de violencia sexual, y “declaraciones patrimoniales, (así como otorgarles) licencias adscripciones a modo, asignaciones en juzgados estratégicos”. Igualmente, el grupo habría sacado ventaja de la política antinepotismo y pro-mujeres, acomodando “estratégicamente sus piezas para tener control de los asuntos importantes”.
El documento 2687 ejemplifica éstas y muchas otras conductas anómalas de manera concreta, citando nombres, casos y hechos. Lo cierto es que una sola de éstas bastaría para poner en tela de juicio y sancionar la gestión del equipo de Zaldívar,
Algunos afirman que no existe en el Poder Judicial un procedimiento para juzgar a un ministro de la Corte y mucho menos a un ex ministro; sin embargo, la denuncia indica que las conductas están “previstas como causa de responsabilidad administrativa en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –abrogaba y vigente, según ámbito temporal de aplicación– y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. Esta diferencia de criterios seguramente será parte de la disputa legal.
Agradecería, estimados abogados, me indicaran si son sancionadas con prisión preventiva –esa que tanto le gusta a la 4T- o los juicios se llevan en libertad.
Dentro del documento 2687 hay una imputación que, a ojos de un lego como yo, se antoja grave y sí causaría prisión. Me refiero a la de “delincuencia organizada institucional” o concusión de servidores públicos, atribuida a Édgar Manuel Bonilla, en su calidad de director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. El documento indica que Bonilla designaba síndicos a modo “para que los procedimientos siguieran determinado sentido”, además de presionar a “las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos.”
Como ustedes bien saben, los hallazgos a los que llegue el Consejo de la Judicatura en su indagatoria serán turnados a la Fiscalía General de la República, donde serán analizados y, en su caso, se procederá con los casos que considere sólidos, tanto en contra de los presuntos corruptores como los presuntos jueces y empresas corrompidos. ¿Ustedes creen que algún juez otorgue un amparo a los funcionarios investigados?
En cuanto al juicio político, el proceso no será fácil para Zaldívar y su grupo, pues el período ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados está por concluir. La Comisión Permanente de dicho cuerpo legislativo no tiene facultades para convocar sobre este tipo de temas y mucho menos convocar a la Subcomisión de Examen Previo, encargada de analizar las solicitudes.
Aun más, aun cuando MORENA llegara a disponer de la mayoría simple necesaria en la siguiente Legislatura en la Cámara de Diputados, la oposición alegaría que han de desahogarse primero decenas de otras solicitudes previas de jucio político. Y falta ver cómo se conforma el Senado.
Así las cosas, el factor tiempo juega un papel relevante para el Poder Judicial, dándole oportunidad para preparar meticulosamente el armado de los expedientes. Pero mientras ello ocurre, veremos una guerra muy encarnizada de ataques y contrataques a través de filtraciones y declaraciones
Para mí que el presidente estuvo provocando temblores en el océano del Poder Judicial y éste respondió con un tsunami. Y ahora se está ahogando la tripulación que alguna vez tuvoa cargo el barco: Arturo Zaldívar y su equipo.
Como sea, el daño a la credibilidad de las instituciones y la clase política está hecho. Nos nos extrañemos que la ciudadanía reitere que “todos son iguales”.
Mi mayor preocupación es que esta disputa tenga consecuencias en la gobernabilidad del país.
Colaboró: Upa Ruiz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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