El punto crítico
Información útil para la toma de decisciones 
El vocero de la Presidencia de la República Humberto Castillejos Cervantes anunció que el presidente Enrique Peña Nieto hará efectiva la facultad de veto y devolverá al Senado el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
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Desde el histórico Teatro Juárez, Ferrero presentó su VI Reporte de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), a partir de la visión de trabajo del Sr. Michele Ferrero, “La fábrica para el hombre, no el hombre para la fábrica”.
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El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, atestiguó la firma de Convenios de Coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y con diversas empresas que operan en la entidad, para promover la empleabilidad en los jóvenes potosinos.
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió sancionar a 7 empresas, 10 personas físicas y a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) con multas que en total suman 88.8 millones de pesos, por haber cometido prácticas monopólicas absolutas durante 42 días entre octubre y diciembre de 2013.
En conferencia de prensa el vocero de la Presidencia de la República Eduardo Sánchez, que se analizan las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y será hasta el próximo 17 de julio para definir su postura.
En días pasados el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, realizó un llamado al máximo mandatario de México, Enrique Peña Nieto, a que se parara la legislación de la Ley 3 de 3, el coordinador del Sol Azteca en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, se sumó a pedir que se vete de manera parcial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que respecta al artículo 29 y al artículo 32.
La CONCAMIN mostró al Presidente de la República su preocupación por los incisos B y C del Artículo 32 la Ley General de Responsabilidades Administrativas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, conocidas como Ley 3 de 3, relativos a dar a conocer toda la información de los proveedores al gobierno, al considerar que ya existen mecanismos de control para garantizar transparencia.