“Es suficiente agregar a la palabra ‘militar’ otra con significado específico para que lo pierda. Así, la justicia militar no es justicia, la música militar no es música”: Georges Clemenceau.
Almirante Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina:
Ha de estar usted muy al tanto de una preocupación creciente en grandes franjas de la sociedad mexicana, me refiero a los temores ante el incesante proceso de militarización de la vida institucional de nuestro país.
De hecho, cada cierto tiempo se conoce de presuntas inconformidades en el seno de las propias fuerzas armadas ante la asignación de grandes cantidades de poder, responsabilidades y recursos de que son objeto por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por esa razón y aunque parezca que me desvío del tema, la gran mayoría de los observadores experimentados de la política mexicana, hemos insistido en que algunos hechos como la revocación de mandato, el sistemático acoso a los medios y a los periodistas, las súbitas agresiones a España, Europa o Estados Unidos, entre otros temas, constituyen una cortina de humo del gobierno de López Obrador para apartar la mirada de temas altamente trascendentes e inquietantes, como la mencionada militarización del país.
Ubicándonos así en el terreno de los temas sustanciales, resulta llamativo que este proceso de militarización no se ha enfocado en una intensificación de la estrategia (en caso de haberla) de combate a la delincuencia organizada, en la recuperación de territorios y sectores hoy francamente dominados por las organizaciones criminales, o en reforzar las medidas de protección a la población civil ante la violencia criminal que sigue constando miles y miles de vidas. Si bien la militarización sí ha implicado el traslado de facto, de la función de seguridad pública a mandos militares y la asignación de miles de tropas más a la Guardia Nacional, lo preocupante de este proceso es que se le ha adjudicado a las fuerzas armadas negocios, construcción de infraestructura, administración de bienes públicos, y una serie de actividades que implican grandes riesgos.
Las actividades económicas ajenas a su misión, exponen a las fuerzas armadas a un proceso de desapego de la misión constitucional y a nuevas formas de corrupción, y coloca en una situación de alta vulnerabilidad la seguridad nacional. No vayamos muy lejos, almirante: apenas el pasado 18 de marzo el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glen Van Herck, aseguró que los cárteles del crimen organizado trasnacional dominan el 35 po ciento del territorio mexicano, en áreas que son con frecuencia ingobernables. Es decir, desde afuera se observa lo que vemos todos los días desde adentro: en grandes porciones del territorio nacional el poder real lo ejercen los cárteles del narcotráfico. ¿Cuánto falta para que México sea considerado un narcoestado? No se sabe con precisión, pero el proceso de distracción y acceso abundante a recursos y negocios públicos por parte de las fuerzas armadas, seguramente no ayuda nada a revertir esta situación.
Por eso me dirijo a usted, almirante, porque sabemos que desde al año pasado, formalmente la Secretaría de Marina se hizo cargo de los 117 puertos con sus respectivas aduanas y administraciones portuarias integrales, que estaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuevamente: funciones civiles, las cuales permiten mayor fiscalización, transparencia y sanción, pasan a manos militares, lo cual, por naturaleza, implica secrecía, verticalidad, lealtad con la superioridad más que con la sociedad. En estos días, también se ha sabido que, debido a las tantas actividades asumidas, los litorales de México no podrán ser vigilados como se requiere.
La gran preocupación que comparto con millares de mexicanos, almirante Ojeda, consiste en que las tendencias e implicaciones de los procesos antes mencionados, pueden derivar en dos fenómenos indeseables: Primero la relajación y el desinterés de las fuerzas armadas respecto a su misión constitucional de preservar la soberanía nacional y la integridad del Estado; y segundo, la generación de redes de intereses económicos muy particulares que eventualmente podrían desembocar en una corrupción sistémica adicional a los riesgos que en la materia ya corren nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada.
Por esas razones, almirante Ojeda, considero muy importante que en los altos mandos de las Fuerzas Armadas exista claridad de miras a fin de evitar, con estricto apego a la Constitución, que escalen más las tendencias hacia la militarización perniciosa de la vida pública nacional, porque las consecuencias pueden ser nefastas para México.
Recordemos que nuestras Fuerzas Armadas son la última barrera de contención ante el asedio del crimen organizado y las amenazas a la soberanía, por lo tanto, si llegaran a incurrir en una situación comprometida, no sabríamos a qué más recurrir.