Inseguridad e impunidad: ¿Quién es el valiente?

A LOS PRECANDIDATOS PRESIDENCIALES:

No me gustan los delincuentes que quebrantan las leyes, dije.

El panorama es desolador.

Todos sabemos que hay una cifra negra muy grande de delitos que no son denunciados; pues bien, de los que muy pocos que sí lo son, el índice de impunidad es altísimo. Vean nada más: la media nacional es de 91.8 por ciento, pero hay casos extremos como la CDMX, San Luis Potosí y Aguascalientes, con 98.4, 98 y 97 por ciento respectivamente. La entidad que tiene el mejor índice es Yucatán, con 69.5, que de todas maneras es muy alto.

En general, se considera que la gente no denuncia porque las probabilidades de obtener justicia son muy bajas. Por ello y en teoría, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se diseñó para hacer más efectiva y expedita la impartición de justicia y abatir la impunidad.

Sin embargo, en el ranking del avance en la consolidación del NSJP, ni un solo estado de la República alcanzó el puntaje requerido para 2021, que fue de mil 100 puntos. Los más cercanos fueron Querétaro, mil 12 puntos; Nuevo León, 924 y Coahuila, 967. De ahí en adelante, el puntaje descendió hasta llegar al muy penoso caso de Morelos, 241.

Ahora bien, en cuanto a los casos atendidos en las procuradurías, destaca que la mayor parte tiene su origen en que el presunto delincuente fue detenido en flagrancia. A nivel estatal hablamos de la mitad de los casos, pero a nivel federal la cifra crece hasta el 75 por ciento.

Es decir que, a menos de que el malandro tenga el mal tino de delinquir casi frente a la policía, pues ya la libró y puede continuar su carrera criminal.

Por su parte, las procuradurías han avanzado poco en su autonomía. No vayamos más lejos: hace año y medio se publicó la Ley de la Fiscalía General de la República y uno pensaría que, para cuando eso ocurrió, ya se tendrían delineados los documentos esenciales que le darían orientación y sentido a su autonomía y funciones. Pero no fue así. A la fecha, la FGR lleva ya varios meses de atraso en la presentación de varios documentos seminales, tales como el Plan Estratégico de Procuración de Justicia (cinco meses), el Estatuto Orgánico (14 meses) y el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera (12 meses).

Y sólo para que se acaben de deprimir ustedes, al igual que muchos mexicanos, échenle un ojo a las notas publicadas ayer en Reforma y en El Universal sobre el involucramiento de la Guardia Nacional (GN) en actividades delictivas. Sí, ese cuerpo militar que con su eficiencia y disciplina se supone que ha de proteger a la población.

De acuerdo con los archivos hackeados de SEDENA por el grupo Guacamaya, el Centro de Fusión de Inteligencia militar encontró vínculos entre miembros de la GN y dos bandas dedicadas al huachicol en Tabasco y Puebla, a las cuales “proporciona seguridad en el lugar de extracción y escolta los vehículos con el combustible robado”…

No es éste el único negocio ilícito en el que intervienen elementos de la GN. También “cooperan” con el crimen organizado en el tráfico de personas y de droga, así como de extorsiones. Por supuesto, la SEDENA tiene identificados a los malandros y a las autoridades estatales y federales involucradas. Valdría la pena que averiguaran si a alguno de estos elementos cooptados ya se les inició proceso o, de perdida, si ya se le cortaron los vínculos.

Hay un punto en el que México Evalúa pone el dedo en la llaga. Si bien en la mayoría de los estados y a nivel federal hay reuniones cotidianas sobre seguridad, en éstas se abordan los operativos sin ir más allá. De nada sirve tener juntas al amanecer, si no se discuten ni se evalúan las políticas públicas para abatir la criminalidad y la impunidad.

Yo me pregunto si de verdad quieren llegar a la silla presidencial. El crimen organizado se los querrá apergollar. La FGR y las fiscalías no cooperan. Los gobiernos estatales hacen como que la Virgen les habla, cuando se trata de conformar cuerpos policíacos. Y será muy difícil meter al orden a la Guardia Nacional, con la SEDENA detrás, si no hay verdadera transparencia y respeto al poder civil.