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Ofende el aumento de multimillonarios evasores del fisco, socios de los 400 grupos empresariales más importantes de México, que en conjunto obtuvieron ingresos por 4.9 billones de pesos en 2008, superior al presupuesto de este año frente a la pretensión de aplicar el IVA a alimentos y medicinas, con lo que los 52 millones de mexicanos que sufren pobreza correrían el peligro latente de cancelar cualquier expectativa de vida afirmó la diputada federal del PRD Socorro Ceseñas Chapa.
Aclaró no estar en contra de empresarios, sino contra las devoluciones obscenas de impuestos que el propio Gobierno federal realiza, mientras el número de miserables aumenta, y sean niños y adolescentes, así como gente de la tercera edad los más  afectados por el hambre.
La diputada del sol azteca, lamentó que esos 400 grandes grupos empresariales sólo hayan contribuido con el 1.7 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2008, y además obtuvieran devoluciones fiscales, y cuyos socios figuren en las listas de los hombres más ricos del mundo, mientras millones de mexicanos hayan engrosado las filas de quienes están por debajo de la pobreza, incluso, alimentaria, ya que solo una vez al día  pueden comer.
Ceseñas Chapa cuestionó que mientras a los socios -considerados como multimillonarios-, de estas empresas, cuyos ingresos acumulables por ISR son superiores a 500 millones de pesos, se les beneficie fiscalmente con la devolución de impuestos por concepto de IVA, y a los pequeños contribuyentes se les persiga porque no pueden cumplir por una reglamentación compleja y por la falta de recursos para pagar a tiempo.
Puso en tela de juicio que varias de las familias como Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Gonda, Calderón Rojas, Suberville, Vigil, Gallardo, Bailleres, Larrea y Servitje, líderes de sus sectores y que mantienen un mercado cautivo, sus empresas gocen del régimen del consolidación fiscal, con todos los privilegios que ello implica, tales como la devolución de impuestos, evasión e incluso elusión fiscal, al aprovechar los huecos del marco jurídico para evitar el pago de impuestos.
Y cuyos integrantes figuran entre los multimillonarios del mundo, cuentan además con el beneficio de tener a contadores que son ex funcionarios públicos, que les quitan piedras del camino y les permite pagar poco y obtener devoluciones millonarias por el gobierno, aseguró la legisladora por Nuevo León.
De ahí que criticó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de actualización de datos sobre la aportación tributaria de esas empresas y socios, sobre todo, dijo porque participan de los beneficios de la consolidación fiscal y gracias a ello obtienen ingresos que permiten a sus socios figurar entre los más ricos del mundo.
Advirtió el riesgo de que el PRI intente gravar alimentos y medicinas con el IVA, e incluso ampliar el porcentaje del 16 al 19 por ciento generalizado en este impuesto al consumo, “lo que perjudicará a millones de mexicanos, cuya situación económica es ya de por sí grave”.
La legisladora federal se pronunció por establecer candados jurídicos para que los empresarios estén obligados a informar sobre sus contribuciones a la hacienda pública, ya que también es ofensivo que pese a que el presupuesto se eleve significativamente cada año, por otro lado los pobres se multipliquen y unos cuantos acrecienten y presumen sus fortunas en las listas internacionales de los más ricos.
Reiteró Ceseñas Chapa, no estar en contra de hombres o mujeres dedicadas a los negocios y que por la vía honesta ganen dinero,  como algunos simplistas quisieran hacer creer, pero si advirtió, estar en contra de la injusticia fiscal y la obscenidad que significan las devoluciones y privilegios fiscales, que sólo contribuye a que amasen granes fortunas a costa de los más pobres del país.
Demandó por ello a la Secretaría de Hacienda hacer del conocimiento público la situación fiscal de los grandes millonarios de este país, de otro modo el Pacto por México será sólo una ocurrencia y la discusión de la reforma hacendaria no avanzará en el Congreso, estimó.
“El titular del Ejecutivo debe aclararnos esta situación, pues no puede presentar una propuesta de incrementar el IVA en una forma tan irresponsable, cómplice y sometida a los intereses de las familias que anulan la competencia, eluden impuestos y vistosamente festejan sus fortunas”, puntualizó la diputada Ceseñas Chapa.
Anunció la presentación de sus propuestas en materia fiscal ante el Congreso y la demanda formal a la SHCP para transparentar la información sobre esas empresas, al sostener que no se puede seguir consintiendo la opacidad en estos temas, y advirtió que la reforma hacendaria prevista en el Pacto por México no avanzará si no incluye justicia fiscal, a fin de que los más ricos paguen más, y se deje se perseguir a los millones de trabajadores que con sacrificios tienen para comer, concluyó la legisladora federal.

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Diputados federales del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo demandaron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, que la Cruzada Nacional contra el Hambre no se convierta en botín político ni tampoco sea utilizado con fines electorales, al realizarse este año elecciones en catorce estados del país; la funcionaria rechazó ese fin y aclaró que se trabajará con ciudadanos y autoridades locales para garantizar la transparencia del programa.
Lo anterior durante la comparecencia de la funcionaria ante las comisiones unidades de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, en donde explicó los alcances de este programa, que busca atenuar la falta de alimentos a 7.4 millones de personas, y en su primera etapa prevé atender a 400 municipios en pobreza extrema.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de que se garantice la transparencia en los programas sociales, el priista Fernando Charleston afirmó que los tricolores son los primeros que quieren que estos programas no se utilicen de manera electorera.
En respuesta la secretaria Robles Berlanga rechazó que la Cruzada Nacional contra el Hambre tenga fines electorales, ya que de los mil 432 municipios que tendrán elecciones, sólo 213 se encuentran dentro del programa de apoyo alimenticio, y en muchos solo se va a l 5 o 7 por ciento del municipios; de esos 113 se rigen por usos y costumbres, así que únicamente 100 del total estarán en elecciones, y se atenderán antes del proceso porque así lo han demandado incluso algunos gobernadores.
“En ningún momento imperó un criterio electoral para definir los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, tan es así que estamos firmando los convenios con los gobernadores de todos esos estados en los que va haber elecciones y que están muy interesados en que la Cruzada inicie ya”, garantizó.
Los datos que desmienten la situación del posible uso electoral del programa aclaró, es que en este 2013 va a haber elecciones en 14 estados; “mal haríamos en decirle a la población en condiciones de hambre de estos sitios que se esperen, porque el gobierno no puede actuar por las elecciones”.
Ante los diputados, Rosario Robes descartó riesgos de un mal uso de los recursos, y aseguró que se trabajará de manera conjunta con las autoridades estatales y municipales independientemente de su filiación partidista, y con los ciudadanos para garantizar que la Cruzada llegue de manera efectiva a los 400 municipios de atención prioritaria.
Cuestionada por los legisladores federales sobre la atención a municipios urbanos, la titular de Sedesol destacó, que de 2008 a 2010 la pobreza aumentó en éstos en 2.1 millones de personas, mientras que en los rurales 1.1 millones, “hay más crecimiento de las pobreza en las zonas urbanas, porque no estaban siendo atendidas, y nosotros estamos dando este giro para abatir la generación de violencia, ya que ahí se fractura el tejido social”.
De ahí que reveló que la Cruzada además de atender el problema alimentario, busca prevenir el delito y la violencia, a la vez Robles Berlanga se comprometió ante los diputados a rendir cuentas sobre este programa en forma constante.
Refirió que los criterios en que se basa la Cruzada son los del Coneval y el Inegi, y los municipios que atenderá en un primer momento se evaluaron a partir de la pobreza extrema con carencia alimentaria, por lo que los 70 programas que incluye la estrategia se implementaran a cabalidad.
Sin embargo, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo cuestionaron la Cruzada y sus fines electorales, al pronunciarse por una estrategia que atienda las causas de tanta pobreza que sufren millones de mexicanos, al calificar este programa como paternalista y rentable electoralmente.

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El titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela Rodríguez, coincidieron en afirmar que en México nueve millones de familias necesitan soluciones de vivienda, mediante la adquisición de una nueva o usada, o bien ampliación de la que tienen o mejoramiento del inmueble donde viven.

Ante tal situación, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito público, SHyCP, ambos funcionarios presentaron a los medios de comunicación el Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda, el cual es un esquema de garantías, de acceso abierto a todos los desarrolladores de vivienda, como parte de la Política Nacional de Vivienda anunciada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 11 de febrero.

El titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo que gracias a la nueva garantía, los desarrolladores aprovecharán la oportunidad de mercado, que supone abatir el rezago de vivienda nueva en México, así como la atención del Bono Demográfico.

Afirmó que para el gobierno federal, el sector vivienda es uno de los principales motores del mercado interno y una palanca de desarrollo nacional, por la generación de empleo y el impulso a la productividad de diferentes sectores económicos.

El anuncio del Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda es la primera acción de una estrategia integral de políticas públicas en materia de vivienda bajo la coordinación institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

El titular de la SEDATU, indicó durante su intervención que el gobierno federal trabaja con el objetivo de hacer de México “el mejor hogar para todos”, ya que, cuenten o no con los recursos suficientes para comprar una propiedad, las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna provista de todos los servicios e integrada en una comunidad sustentable que haga más próspero al país.

Más adelante puntualizó que el programa SHF a la Construcción da respuesta a la necesidad de viviendas, fomenta el desarrollo del sector como motor económico de México y facilita la construcción de nuevas casas, a través de la obtención de crédito por parte de los desarrolladores reduciendo el riesgo para los bancos, lo cual contribuye a que los mexicanos accedan a su propio hogar de calidad.

El titular de la SEDATU, advirtió que las empresas desarrolladoras con cuentas sanas, cimientos sólidos y una visión sustentable tendrán acceso a más créditos para construir viviendas, a excelentes oportunidades de negocio, así como a un esquema de financiamiento adicional hasta de 15 mil millones de pesos, promovido con garantías de primeras pérdidas de SHF.

Con ello, dijo, se potenciará una derrama adicional del 40 o 50% del saldo actual de los créditos a la construcción de vivienda.

Terminó su intervención afirmando que los desarrolladores podrán construir más para satisfacer la demanda de vivienda nueva a través de créditos del Infonavit, Fovissste, Banca Comercial e Intermediarios Financieros que operen con SHF.

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, enfatizó que en congruencia con el Plan Nacional de Vivienda anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto, Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (SHF), cuyo director es Jesús Alberto Cano Valdés, presentó el Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda, como la primera medida de una estrategia integral de políticas públicas del Gobierno Federal, en materia de vivienda, bajo la coordinación institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Dijo que el Presidente Enrique Peña Nieto ha planteado como objetivo desarrollar una Política de Vivienda con un enfoque social que permita igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda digna, así como la formación de comunidades donde florezcan los valores humanos.

Cerca de seis millones del total de mujeres indígenas en el país, están marginadas, afirmó la líder de la Asociación Anahuatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, A. C., Cecilia García, y a la vez sostuvo que la perspectiva de género será indispensable en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2013-2018 para que la atención a la mujer no fracase.

La líder se adelantó a la celebración del Día Internacional de la Mujer y advirtió que en México persiste la discriminación hacia la mujer indígena en pleno siglo XXI, ya que este sector de la población, que son cerca de 6 millones del total de féminas que hay en el país, padecen severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como menores oportunidades para acceder a la salud.

Especificó que de acuerdo a estudios recientes de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, revelan que las mujeres indígenas representan 10.4% de los 57 millones de féminas que hay en el país y las hablantes de lengua indígena que son poco más de tres millones, representan 6% de la población femenina nacional.

Aseguró que el 57.5 por ciento, de las mujeres indígenas que trabajan, perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6 por ciento no perciben ingresos.

Dijo la líder que en el campo millones de hogares indígenas tienen como jefe de familia a una mujer y son quienes padecen mayores carencias.

Esto debido a esta realidad que se padece en México, a unos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer y ante los datos estadísticos que señalan que el 74.4% de las mujeres a nivel nacional, aún cuando realizan trabajos diversos en su casa, en el campo u otros espacios, no perciben ingresos por estas actividades.

Ante tal situación, Cecilia García exhortó al Gobierno Federal a demostrar con hechos su voluntad política e incluir en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cambios en la política pública de género.

Más adelante dijo confiar en que verdaderamente, como lo ofrece el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades y de la sociedad “se vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo en las estrategias transversales de democratizar la productividad; conformar un Gobierno cercano y moderno; e incluir la perspectiva de género para que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres”.

Inclusive, exhortó a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, rurales y de género a incorporarse a los foros nacionales para mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y personas con discapacidad, ofertados por el Presidente Enrique Peña Nieto a fin de hacer propuestas pero también ser una especie de contraloría social del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Comentó que lo anterior es indispensable debido a que ha pasado sexenio tras sexenio, planes y planes con una realidad indígena lacerante donde la mujer es la más afectada en sus condiciones de vida y posición social en localidades de alta y muy alta marginación con 29% o más hablantes de lengua indígena y con un tamaño de hasta 10,000 habitantes y que no pertenecen a una cabecera municipal.

Abundó en información al decir que de acuerdo a las cifras más reciente del INEGI, correspondientes a 2010, en el país existen cerca de 12 millones de indígenas y aunque la cifra puede ser mayor, precisó que lo inocultable es que la mujer vive en desventaja por lo que urge impulsar y fortalecer su organización, vinculándola a proyecto productivos.

Señaló que la autoestima y la confianza en la toma de decisiones del sector femenino indígena es casi inexistente por lo que en el Plan Nacional de Desarrollo debe potencializar la organización para producir, el empoderamiento, el número de proyectos productivos para este sector y el cambio de actitud de las mujeres indígenas.

Finalmente, reiteró que es momento de que la sociedad cuente con sus propios indicadores para medir la efectividad del Gobierno Federal al llevar a la práctica las iniciativas de los mexicanos y los acuerdos de las diversas consultas que se realizarán en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en donde la mujer es un tema de interés nacional.

Mientras que las bancadas del PRI y del PAN en San Lázaro afirman desconocer el avance que registra la reforma en telecomunicaciones, la cual se negocia en el seno del Pacto por México; diputados en corto coinciden que el atorón que persiste se encuentra en el órgano que regulará las actividades del sector, los esfuerzos gubernamentales se encaminan hacia la creación de un organismo muy fuerte, blindado con todas las facultades legales para que sea árbitro y equilibre los intereses en el sector; el PRD afirma: “Hay avances muy significativos”; hay voces que indican que ahora si será la próxima semana cuando la propuesta llegue y se defina la cámara que la procesará.
Todo apunta a una reforma de gran calado, ya que el marco jurídico no se ha modificado en por lo menos 25 años, la Ley de Radio cumple 52 años sin cambios; los pasos del Ejecutivo van encaminados a eliminar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y aclaran los legisladores consultados por El Punto Crítico, “que de que se va a abrir el sector, se va a abrir”, ese no es el problema garantizan; el problema está en el órgano regulador, ahí es donde está atorado el proceso.
Advierten que nadie, ningún partido quiere darle paternidad abierta al proceso de reforma en telecomunicaciones, que incluye los compromisos del 37 al 45 dentro del Pacto por México, debido a  los costos políticos que ello implicaría, sin embargo, debe recordarse que la bancada del PRD a través de Purificación Carpinteyro Calderón, especialista en la materia al arrancar la LXII Legislatura anunció propuestas para abrir el sector en beneficio de la ciudadanía y no sólo de un grupo de empresas privadas.
Aunque los diputados priistas y panistas afirman que hasta ahora en San Lázaro no se han recibido presiones por los cabilderos de los grandes consorcios de radio, televisión, telefonía e Internet ante la eventual reforma al sector, la perredista Carpinteyro Calderón advierte que en contra de ella ya empezaron en las redes sociales, y conforme sea entregada la propuesta prevé que se los ataques vendrán mucho más fuertes, y suban de tono.
“De ninguna manera cederé a las presiones” asegura la legisladora por el Distrito Federal, al hacer una analogía: “Aquí, como en unos huevos revueltos con jamón: Habrá quienes como gallinas contribuyan con huevos, pero habremos aquellos que como el puerco apostemos nuestro pellejo en ello”.
Los diputados consultados por este matutino sostienen que son cosas muy delicadas las que se están negociando en el marco de esta reforma en telecomunicaciones, y en eso justifican el sigilo e incluso secreto con que se maneja la información, no se pueden arriesgar a dar a conocer adelantos, hasta que no esté planchado por la mayoría, hasta que haya consenso y vaya en firme la negociación, de ahí que en estos momentos se encuentra en el estira y afloje, valorando propuestas viables, sobre todo, porque los consorcios pueden manipular las conciencias ciudadanas desde los medios que manejan, alertan los legisladores.

Muy Próxima, Hay Avances muy Significativos

Silvano Aureoles Conejo, líder parlamentario del PRD apuntó: “Sé que hay avances, no conozco el detalle, es un trabajo que está haciendo el Consejo Rector con los expertos que ellos han considerado, que por cierto ni siquiera sabemos exactamente quiénes son; lo que nos informan nuestros representantes en el Consejo Rector es que hay avances significativos, y que los puntos de diferencia se han ido zanjando fundamentalmente con el gobierno, entonces es lo que conocemos, detalles no conozco”, aclaró.
Estaría muy próxima a presentarse la iniciativa, no sabemos si va a ser en el Senado o en Cámara de Diputados explicó, pero “entiendo que se ha avanzado mucho en los puntos que había diferencia o que había discordancia, y que eso podría facilitar que en los próximos días esta iniciativa se estuviera presentando. “Hay avances muy significativos”, garantizó en conferencia luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Sin embargo, evito pronunciarse por la conveniencia de crear un nuevo órgano, como un instituto para regular el sector, en virtud, de que dijo desconocer si está planteado o no; tampoco hay detalles de cuál es la estructura y cuáles van a ser sus funciones, entonces, “vamos a tener que esperar todos a que se conozca el contenido pleno del documento y a partir de ahí empezar la discusión”.
Aureoles Conejo descartó que vaya a desaprovecharse este periodo de sesiones ordinario, que concluye el 30 de abril entrante para que se presente esta reforma a telecomunicaciones, “siendo éste un tema de la mayor importancia, no creo que sea conveniente que acabe diluyéndose y presentándose en otro momento. Está contemplado y hasta donde sabemos, pues eso está a punto de suceder”.
Precisamente este tema está calendarizada para este periodo, porque de lo contrario, la voluntad expresada en el  Pacto empezaría a quedar en entredicho y a perder credibilidad, consideró el perredista de Michoacán.

Alcances de la Reforma

Las presiones, reales por supuesto, sin están en juego los intereses económicos y de mercado, que “se ha transformado también en un poder político, que ha sometido a las instituciones del país a los intereses de grupos particulares” al concentrar el manejo de la radio, televisión abierta y de paga; telefonía fija y móvil, y la transmisión de datos con la Internet, destaca la perredista Carpinteyro Calderón.
Previstos, dos canales de televisión abierta, uno más estatal; un nuevo órgano regulador; especial atención a la calidad de los contenidos de radio, en particular de la televisión abierta, tendiente a ofrecer conocimientos y no sólo a enajenar y manipular; también fusionar las leyes de radio y televisión para ajustarlas a los avances tecnológicos, es decir, a repartir el “pastel” de este importante sector para la vida nacional.
Desmembrar  concentraciones como las de Televisa, al tener el 70 por ciento de las señales de televisión abierta e igual porcentaje de la audiencia total; además, concentra más del 54 por ciento de la tele de paga, a través de sus subsidiarias,  como Grupo Milenio que es Cablevisión de Monterrey, mediante Cable Más, se extiende a Cablevisión y su sistema satelital con Sky.
Evidentemente esta reforma establecerá la obligación de que estas concentraciones se terminen, y se tendrán que tomar medidas como la  venta de participaciones sociales y de mercados para poder llegar a niveles que permitan que haya una sana competencia en un sector tan dinámico como es este, comenta la diputada del PRD.
Mientras que en telefonía fija y móvil, es Teléfonos de México el que con concentra el 90 por ciento del mercado fijo, mientras que Telcel que forma parte del mismo grupo, que encabeza América Móvil, que funge como la controladora tanto de Telmex como de Telcel tendría el 90 por ciento del mercado fijo, y 70 por ciento del celular.
Estas concentraciones en tan pocas manos no son aceptables en ningún país del mundo, y no pueden ya aceptarse en México, por lo tanto se tendrán que tomar las medidas necesarias para que se esa concentración no prevalezca, concluyó la diputada Purificación.

Luz María Alonso Sánchez/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

El vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, sostuvo que es necesario construir una política distributiva que genere empleos bien remunerados, a fin de que la seguridad social juegue un papel fundamental para garantizar pensiones y jubilaciones dignas.

Al comentar el libro “Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en México”, coordinado por Berenice Ramírez y Roberto Ham, presentado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, habló de la necesidad de una reforma integral al marco tributario y hacendario para elevar el nivel de recaudación.

De acuerdo con el legislador es necesario también eliminar regímenes especiales, privilegios y aspectos que hacen que México pierda recaudación potencial.

“La reforma hacendaria debe conducir a reconstruir un Estado de bienestar, sin crear nuevos impuestos, y estableciendo en los que existen criterios progresivos en los que aporten más los que más ganan y los que más consumen”, aseveró.

Agregó que de otro modo, el sistema de cuentas individuales seguirá siendo una ilusión inviable, que carece de equidad y que podría dejar sin pensión a millones de trabajadores que no podrán cubrir los requisitos para acceder a ella.

Señaló que el sistema de capitalización individual depende de varias condiciones que permitan su funcionamiento para garantizar su cobertura, entre las que se encuentran pensiones suficientes y un costo fiscal bajo, trabajo estable y remuneraciones crecientes.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió que los desempleados pasaron de dos millones 249 mil en diciembre de 2012 a dos millones 723 mil en enero de 2013 es decir, “sólo en el primer mes de este año se agregaron 474 mil desempleados”.

Además, entre la población asalariada, 62.7 por ciento recibe tres salarios mínimos o menos; 40.1 por ciento carece de prestaciones; 4.7 por ciento labora sin un contrato laboral escrito, y 47.3 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud.

Indicó que “el número de trabajadores asegurados al régimen obligatorio del Seguro Social, respecto a noviembre de 2012, se redujo en 188 mil 724, y la mayoría de ellos corresponde a trabajadores permanentes”.

En ese contexto, el legislador precisó que de las 48 millones 530 mil cuentas individuales administradas por las Afores, 27 millones 270 mil están inactivas, es decir, 56.2 por ciento.

Tener una cuenta individual no garantiza que se tendrá una pensión, debido a que por la baja densidad de cotizaciones, sólo 16.1 por ciento de los afiliados a una Afore tendrán posibilidad de acceder a una pensión laborando menos de 39 años, “el resto sencillamente no podrá cubrir los requisitos para tener acceso a ese derecho”, agregó.