El punto crítico
Información útil para la toma de decisciones 
La senadora Pilar Ortega Martínez, del Partido acción Nacional, presentó una iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de establecer un marco jurídico general en materia de delitos electorales, reglamentaria al artículo 73 de la Constitución.
Después de enterarse de las exigencias de organizaciones civiles en demandar a 24 entidades del país por no aplicar la reforma educativa, la secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que acabará “con la noble negociación” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El diputado Carol Antonio Altamirano calificó como una conducta irresponsable por parte del gobierno federal por no haber presentado con oportunidad sus iniciativas, entre las más importantes, las reformas energética, de telecomunicaciones y política.
Con la participación de cinco aspirantes al Pleno del nuevo órgano constitucional garante de la transparencia y la protección de datos personales, concluyeron las audiencias públicas ante las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado de la República.
De llegarse a comprobar que el ex dirigente priista capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre utilizaba las instalaciones y recursos públicos del PRI en el Distrito Federal como una red de prostitución, las autoridades electorales locales deberán retirarle el registro a ese partido en la Ciudad de México y la Procuraduría de Justicia fincarle responsabilidades penales por diversos delitos, incluidos corrupción y abuso de sus funciones, exigió el coordinador del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Juan Pablo Adame informó que como parte del análisis que hacen en el PAN sobre la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones que el Ejecutivo federal envió al Congreso, defenderán el derecho de los usuarios en telefonía y demás servicios.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para tipificar y sancionar hasta con 30 años de cárcel el delito de “cobro de derecho de piso”.