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Ninguna autonomía exime a nadie de rendir cuentas ante la sociedad, incluidos los sindicatos, “es algo de lo que nadie puede escapar en una democracia” afirmó Gerardo Laveaga Rendón, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al calificar como un parteaguas la reforma constitucional que en materia de transparencia analiza la Cámara de Diputados.

La iniciativa  presentada este lunes en materia de Telecomunicaciones, “es el piso mínimo para aspirar a un régimen jurídico para la radiodifusión y las telecomunicaciones que verdaderamente garantice su función de servicio público, esencial para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia”, aseguró la secretaria de Comunicaciones y Transportes del Senado, Iris Vianey Mendoza.

La iniciativa de telecomunicaciones “es mucho más que una prueba de fuego para el Gobierno federal. Aquí es donde las palabras se tendrán que demostrar con hechos, de que nadie está por encima de la ley” afirmó la diputada del PRD Purificación Carpinteyro Calderón; al advertir que esta reforma definirá quién gobierna en este país, si el Ejecutivo o los poderes fácticos que podrían ver sus intereses afectados.

Gerardo Sánchez García, líder de la Confederación Nacional Campesina, CNC, aclaró que desde el Senado de la República trabaja para que con los 900 millones de pesos que se aprobaron en los primeros 100 días de Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como apoyo a la competitividad de las ramas de producción, se elabore un plan maestro por cada una de ellas.

El propósito es fortalecerlas con un proyecto de ejecución nacional que implique apoyo a fertilizantes, semillas, tecnología de punta, capacitación y dispersión de conocimientos. Luego, el líder campesino puntualizó que en estos 100 días de gobierno se han sentado las bases para que el campo cambie y ha regresado la esperanza a los productores del agro, el senador del estado de Guanajuato lamentó que a causa de la importación autorizada por la pasada administración de un millón de toneladas de maíz blanco de Estados Unidos y Sudáfrica no se haya podido comercializar más de 190 mil toneladas del grano mexicano que se produce solo en el estado de Jalisco.

Investigadores del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) trabajan de manera coordinada con especialistas de instituciones científico-técnicas e instancias productivas del país para lograr el diseño de un nuevo barco camaronero que permita ahorro de combustible, cuidado del entorno ambiental y el adecuado manejo del producto a bordo, para lo cual se analizan ya las nuevas características y técnicas de construcción.

Catedráticos-especialistas de la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Tecnológico de Mazatlán y organizaciones del sector pesquero del Pacífico colaboran con el INAPESCA en este proyecto, cuya aplicación iniciará una etapa de actualización y modernización de los barcos pesqueros del crustáceo en el mar territorial mexicano.

Tecnólogos del Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) del Inapesca en Salina Cruz, Oaxaca, señalaron que la situación actual de la flota camaronera del país – que opera mediante el sistema de arrastre de fondo en el Pacífico mexicano— ha inducido al desarrollo de una investigación que concentra el esfuerzo de instituciones públicas y privadas para aportar nueva tecnología en el mejoramiento de las embarcaciones.

Con el diseño de esta embarcación –destacaron– se busca construir un modelo innovador en el sistema de arrastre para la pesca de camarón, que reduzca el consumo energético y el volumen de captura incidental, lo cual tendrá un impacto favorable en la actividad. Explicaron que el nuevo modelo de barco podrá sustituir a los que operan, cuyo uso ha superado su vida útil de alrededor de 25 años, además de que su arquitectura obedece a condiciones pasadas, tanto en el aspecto tecnológico como en la disponibilidad de recursos y costos de operación. “Sus materiales de construcción provocan altos costos de mantenimiento”, subrayaron los expertos del CRIP.

La deuda de las entidades federativas es un problema de todo el país por su incidencia negativa en la inversión y el crecimiento económico, pero además es un limitante del bienestar de la población, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, considera que buscar la manera de regular el endeudamiento de los estados debe ser una prioridad que no puede estar aislada del objetivo de una reforma hacendaria integral.

“Es fundamental un ejercicio transparente del gasto con base en rendición de cuentas, lo que reduciría considerablemente el dispendio de los recursos y la aprobación de proyectos que nada tiene que ver con el desarrollo integral de las entidades federativas”, señala.

Sostuvo que ni el aumento en el gasto público ni la política fiscal existente se han consolidado como una política hacendaria que realmente estimule el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar social.

Para el organismo de investigación del sector privado, lo preocupante es que desde hace algunos años esta dinámica se replica en las entidades federativas, pues los gastos han crecido significativamente, pero no así los ingresos.

Ello hace mucho más compleja su situación en cuanto a la debilidad de las fuentes de recursos, pues de la suma de los ingresos de las 32 entidades del país, cerca de 80 por ciento tiene su origen en las aportaciones y participaciones federales.

Refiere que aunque los estados han recibido por parte de la federación cada vez más recursos, la gran mayoría de ellos ha recurrido al endeudamiento para financiar sus egresos crecientes, y el monto de este creció 111.3 por ciento en términos reales en los últimos seis años.