Polí­tica Nacional

Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHD), presentarán un informe sobre las violaciones a los derechos humanos que genera esta práctica arbitraria de exhibición en la ciudad de México.

La audiencia temática se llevará a cabo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, DC., y acudirán en representación del Estado mexicano funcionarios del gobierno federal y de la ciudad de México.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP); la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y el académico Miguel Sarre (ITAM), solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática sobre la Exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y de personas detenidas y bajo responsabilidad del Ministerio Público en México.

Los peticionarios denuncian que esta práctica común tanto a las procuradurías locales, como a las fuerzas de seguridad federales ha llegado a institucionalizarse como una forma de enjuiciamiento fáctico de personas detenidas e imputadas de delitos, que es violatoria de derechos humanos.

Esta forma de maltrato –señalan los peticionarios— está plenamente acreditada en el ámbito federal y, destacadamente en entidades como Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

La CIDH concedió la audiencia solicitada en el marco del 147º periodo ordinario de sesiones que tendrá dicho organismo internacional en Washington, DC. En dicha audiencia –que será transmitida desde la página web de la CIDH– http://www.livestream.com/OASFrench2, acudirá una representación del Estado mexicano conformada por funcionarios federales y del Distrito Federal que debatirán con los peticionarios.

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, lamentó que en la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se haya registrado la reaparición de violaciones graves a los derechos humanos, “que creíamos ya superadas”, como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, los cateos y detenciones ilegales y la tortura.

Durante su comparecencia ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, donde rindió su informe anual de actividades, Plascencia Villanueva, señaló que son actos que es urgente corregir y que en su mayoría estuvieron relacionados con la acción de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia organizadas.

Especificó que la alta percepción de inseguridad por parte de la población y la falta de confianza en las autoridades, sobre todo de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, SSPF, que dirigía Genaro García Luna, se ha visto reflejada en el reciente surgimiento de los llamados   “grupo de autodefensa”, eventos como los presentados entre otros en comunidades en el Estado de Guerrero y Michoacán. Estos son una clara advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que éstas acciones se sigan reproduciendo.

Advirtió que la situación de seguridad en el país, no encontrará solución por la vía de autodefensas, por el contrario, ellos y ellas nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad en aquellos lugares donde grupos criminales tienen presencia y actividad.

Dijo que en días pasados estuvo en la comunidad mixteca dawacachaue en la sierra de Guerrero, y lo que encontró fue una condición de abandono e impunidad por parte de las autoridades encargadas de proveer seguridad pública a esa región.

Recobrar la paz y tranquilidad en aquella zona del país donde el crimen ha proliferado, sólo es posible con fuerzas de seguridad profesionales y regidas bajo estrictos controles de honestidad, rectitud y ética para hacer efectivos los cuerpos de seguridad pública deben ser los primeros en observar la ley y los más estrictos en su aplicación, de lo contrario, no sólo no se cumple con la función para la cual existen, sino que se alimenta y se fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve al final de cuentas, generadora de la violencia que en realidad debería combatir.

En 2012, Recibió 41 mil 663 Quejas.

Más adelante, Plascencia Villanueva, reveló que durante 2012, la CNDH, recibió 41 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, lo que representa un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a la sociedad.

Señaló que las diez dependencias con más quejas en su contra y como responsables de violar los derechos humanos fueron: El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.

Especificó que en el mismo año, se emitieron noventa y tres recomendaciones a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno. Entre las autoridades que no aceptaron las recomendaciones, están: La entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Gobierno Constitucional del Estado de Sonora, con dos casos, los Ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos en San Luis Potosí, y el Ayuntamiento de El Salto en el Estado de Jalisco.

Más adelante aclaró que en el mismo año, se resolvieron 4781 asuntos, en los que la autoridad asumió la responsabilidad sobre las violaciones a los derechos humanos, y adoptó las medidas adecuadas para garantizar una plena reparación del daño ocasionado.

Luego, el presidente de la CNDH, indicó que: “deseo hacer una mención especial a la negativa recurrente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, para aceptar y cumplir las recomendaciones de este Organismo Nacional.

En el período que se informa, dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente al caso de la detención arbitraria de dos personas, la desaparición forzada y la privación de la vida de una de ellas, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Tampoco, la dependencia encabezada por Genaro García Luna, ofreció evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Yotzinapa, en el Estado de Guerrero.

Ante tal situación y en ejercicio de la reciente atribución derivada de la reforma constitucional, solicitó al Senado de la República, que citara a comparecer al entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, para que explicara de manera puntual y de cara a la sociedad, los motivos por los cuales no había aceptado ni daba cumplimiento a las recomendaciones vinculadas con graves violaciones a los derechos humanos, lo cual tampoco hizo.

Al referirse a los migrantes, Plascencia Villanueva, indicó que la posición de la Comisión es y será una: criminalizarlos es inaceptable. En nuestro país hacerlo es todavía más grave, teniendo en cuenta la arraigada e histórica tradición que siempre nos ha distinguido en la materia.

Dijo que la Comisión del Migrante no limita ni condiciona respeto a sus derechos humanos. Las autoridades de los tres ámbitos de gobierno están obligadas a protegerlos y hacerlos valer, sin importar condiciones de género, edad, lugar de origen, nacionalidad o bien la condición migratoria.

Otro fenómeno que preocupa altamente a la Comisión Nacional, y que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes, es la trata de personas. Una violación a los derechos humanos grave, que destruye la libertad y dignidad de aquél que la sufre; desafortunadamente, esta práctica que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas se ha expandido y no respeta ni fronteras, ni edades, ni condición social.

Se llevó a cabo también la campaña contra la trata de personas en leguas indígenas nacionales, como el chol, mazateco, mixteco, náhuatl, purépecha, tlapaneco, tzeltal, tzotzil y zapoteco, con la finalidad de abarcar diferentes regiones del país, pero particularmente con el objetivo de informar de mejor manera a la población indígena y colaborar para la prevención de este lamentable flagelo.

Aclaró al referirse a los ataques contra informadores que son urgentes que las autoridades otorguen una atención seria a los agravios que enfrentan los periodistas, y lleven a cabo las investigaciones eficaces para llevar ante la justicia a los responsables de cada uno de los agravios.

Las mujeres en México siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación que no pueden ni deben ser toleradas. No existe justificación alguna para que permanezca aún la violencia en contra de las mujeres y menos aún para que continúen muchas de estas agresiones en plena impunidad, al contrario debo de buscar sumar esfuerzos para que cada agravio en contra de una mujer se enuncia y pueda ser combatido de manera adecuada por las autoridades.

De igual manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que las acciones de promoción de los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres constituyen un rubro pendiente en las políticas públicas del país; por ello, este año se distribuyeron un total de 40,847 materiales de difusión en instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, un 71% más que el material distribuido se llevaron a cabo más de ciento setenta actividades de capacitación dirigidas a un total 12,861 mujeres, un 31% más de participación que en dos mil once.

La población indígena sigue siendo víctima en nuestro país de actos de racismo, discriminación y violencia, tanto física como emocional, de exclusión de los servicios de salud y educación, de explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia; lo que vulnera gravemente su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. Para lograr que se les garantice el ejercicio derecho pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades, a lo largo de dos mil once visitamos doscientas seis comunidades indígenas, 86% más que el año anterior. Capacitamos a 18,178 personas en materia de derechos humanos de indígenas y se distribuyeron 120,639 ejemplares de materiales informativos vinculados con los derechos de los indígenas.

Finalmente, al referirse a los Centros Penitenciaros ubicados en el Distrito Federal y el interior de la República, especificó que se entrevistó a la población indígenas sentenciadas y, agregó, que es necesario renovar el Sistema Penitenciario en México, en sus dos niveles federal y estatal.

El presidente y el vicepresidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias en México, Oscar Zavala y Anselmo García, se pronunciaron por un “no al IVA…no estamos de acuerdo en que se graven los medicamentos con el IVA”, porque esto impactaría directamente en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, sobre todo en las de escasos recursos o en extrema pobreza, entendiendo que en promedio, cuando hay alguna enfermedad, el 65% del ingreso de una familia de escasos recursos lo utiliza para comprar sus medicamentos.

Indicaron que ante este panorama, “la mayor cantidad de medicamentos que se consumen en este país son de familias de escasos recursos, lo cual implicaría un severo golpe a su economía, pero además sería un impacto a la salud de la mayoría de las familias mexicanas.

Revelaron que al aplicarse el IVA en los medicamentos, el impacto directo sería para las familias mexicanas y la salud de la población.

En conferencia de prensa, Oscar Zavala, líder de la organización que representa a más de 5 mil farmacias en toda la República, hizo un llamado a los diputados federales a quienes pidió analizar y reconsiderar su propuesta de no aplicar el IVA a los medicamentos, ya que esto podría reducir la posibilidad de acceder a medicinas, sobre todo en personas de escasos recursos económicos.

Dijo que recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en 2010 existían en México 52 millones de personas en pobreza multidimensional, donde alrededor de 40.3 millones estaban en condiciones de pobreza moderada y 11.7 millones en pobreza extrema.

Reiteró el llamado a los legisladores a que reconsideren la propuesta, pues aunque aún no es una iniciativa como tal, “hay que ir buscando medidas preventivas para que esta situación no se dé en México”.

Explicó que “nosotros como farmacéuticos tenemos que estar a favor de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de nuestros pacientes, no tanto a favor de nuestros intereses personales, nosotros estamos convencidos que los intereses públicos están por encima de los intereses gremiales, por eso es que estamos en contra del IVA”.

Por su parte, Anselmo García, vicepresidente de UNEFARM, señaló que adicional al impacto económico, la aplicación de IVA a medicamentos tendría un efecto directo en la salud de los mexicanos, y ejemplificó con personas que tienen enfermedades que requieren tratamiento permanente, las cuales se verían limitadas para seguir atendiéndose.

Por otra parte, los líderes empresariales señalaron que continúa avanzando el programa de acopio de medicamentos caducos en diversas entidades del país, en donde las farmacias colocan contenedores ecológicos para que la población pueda depositar ahí estos productos y así tengan un destino final adecuado.

Terminaron informando que entre las problemáticas que siguen preocupando al sector se encuentra la presencia de medicamentos ilegales, así como la delincuencia de la cual son blanco permanente con asaltos y robos, lo que representa pérdidas, pero confiaron en que la presente administración aplique medidas que combatan de fondo estas actividades ilícitas.

Con la Reforma Educativa, no se va a privatizar la educación en México, ni se afectarán los derechos laborales de ningún profesor en el país, sostuvo el subsecretario de gobierno de la Secretaria de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, tras de reunirse con maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), quienes le entregaron un documento petitorio con diversos planteamientos.

El funcionario federal, refrendó la disposición de la Secretaria de Gobernación, de mantener el diálogo, así como para recibir las peticiones de los maestros, analizarlas y canalizarlas ante las instancias correspondientes.

Tras sostener que la Segob es respetuosa de la autonomía sindical, el funcionario federal, destacó que la Secretaria los recibe como lo hace con todos aquellos ciudadanos que solicitan audiencia para atender sus asuntos.

Finalmente, Miranda Nava, especificó que la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, la tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), lo que no significa que no se puedan escuchar todas sus propuestas, sobre todo las encaminadas a fortalecer la calidad educativa en México.

Nadie en su sano juicio puede estar en contra del progreso de la reforma en telecomunicaciones afirmó Purificación Carpinteyro Calderón, diputada del PRD, al celebrar que un grupo de mexicanos hayan depuesto sus intereses partidistas por los de la nación; “que lástima que se hayan esperado 12 años para hacerlo; no sé si faltaba patriotismo en los accionistas o faltaba Presidente”, en cualquier caso, para matar a la vaca se necesita quién le agarre la pata, advirtió.

A fin de profundizar,  explicar y ofrecer información más completa sobre la reforma en telecomunicaciones, diputados del PRI sostendrán una reunión este miércoles con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Presidencia anunció Manlio Fabio Beltrones Rivera, líder cameral tricolor; el pleno de San Lázaro fue informado de la recepción de la iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la procese.