Economí­a Nacional
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En 2012 el Gobierno federal investigó y promovió acciones judiciales en contra de 224 personas sospechosas de realizar operaciones de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo, reveló la Secretaría de Hacienda en un informe de rendición de cuentas.

De acuerdo con los datos, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esa dependencia, se procesaron 54 reportes de análisis de operaciones financieras que pudieran estar relacionadas a esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en los cuales se incluyeron 213 personas.

Además se presentaron 23 denuncias ante Procuraduría General de la República (PGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en las cuales se incluyó a 111 sujetos presuntamente relacionados.

La UIF de la Secretaría de Hacienda recibió en 2012 un inusitado número de reportes de operaciones financieras realizadas a través del sistema financiero nacional y consideradas como “operaciones inusuales”. El año pasado se enviaron a las autoridades 57 mil 263 reportes de este tipo, el número más elevado de los siete años anteriores.

Dentro de los mismos trabajos de inteligencia financiera, las autoridades federales recibieron 157 denuncias de “operaciones preocupantes”, la cifra más alta desde 2008 en esta categoría de información financiera utilizada para el combate a la delincuencia.

Una avalancha de 5.9 millones de operaciones, las catalogadas como “relevantes” también fueron enviadas a la UIF de la Secretaría de Hacienda, aunque en este caso fue un número menor al de 2011 pero mayor a los recibidos en 2009, por 4.4 millones, y 2010, por 4.6 millones.por lavado de dinero: SHCP

El director del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, dio a conocer el programa “Cumplamos juntos”, que otorga facilidades de pago a los patrones para regular sus adeudos pendientes.

Con ello, 21 mil empresas podrían regularizarse en sus pagos, 170 mil trabajadores se beneficiarían y el Instituto recaudaría tres mil 500 millones de pesos hasta el próximo 31 de diciembre, cuando finaliza el programa.

Y es que se prevén condonaciones de pago hasta por 50 por ciento en los recargos, ciento por ciento en multas y facilidades de pago hasta por 48 meses.

En conferencia de prensa, Murat Hinojosa dijo que con este instrumento las empresas podrán regularizar su situación jurídica ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Sin embargo, aclaró que las aportaciones y las amortizaciones no tendrán ninguna condonación, porque no son propiedad de los trabajadores.

“El Infonavit mantiene su facultad de revisar sus adeudos declarados por los empresarios y en caso de existir diferencias se requerirán posteriormente sin los beneficios del acuerdo inicial”, explicó.


Pemex informó que al cierre del año obtuvo un rendimiento neto de 5,000 mdp, favorecido por mayores ingresos por ventas totales, las cuales alcanzaron su máximo histórico de un billón 647,000 millones de pesos.

Los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) aumentaron 5.7 por ciento. Asimismo, reportó que su patrimonio consolidado y de organismos subsidiarios se ubicó en 2,400 mdp debido a que el activo circulante se situó en 334,000 mdp, en tanto que el pasivo a corto plazo disminuyó 7% al llegar a casi 236,000 mdp, respecto al año anterior.

 

Un poco más de 230 locales de la Nave mayor del mercado de la Merced fueron consumidos por el fuego, arrojando pérdidas materiales por millones de pesos y el desalojo de 200 comerciantes establecidos y ambulantes. Afortunadamente, no se registraron lesionados El incendió tuvo lugar al filo de las 4.45 horas de la madrugada en la Nave Mayor del referido centro de abasto, ubicado en la calle Del Rosario, colonia Merced Balbuena, delegación Venustiano Carranza.

De los hechos tomó conocimiento personal ministerial, pericial y la Policía de Investigación, se encuentran en el lugar de la conflagración en espera de que concluyan sus labores el H. Cuerpo de Bomberos, para iniciar los trabajos de campo. Los tragahumo trabajaron arduamente durante más de cuatro horas, para poder sofocar las llamas que alcanzaron una altura de los 15 metros, destruyendo el 70 por ciento del mercado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), mantienen acordonado el lugar, para evitar que gente extraña pueda adentrarse y saquear las pocas cosas que quedaron.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes indican que el incendio afectó un área de cerca de ocho mil metros cuadrados, y la conflagración bien pudo registrarse por una descarga eléctrica. Quedó establecido que no es la primea vez que en la Nave Mayor del Mercado de la Merced se registra un siniestro, en años anteriores hasta muertes han arrojado las conflagraciones.

FALTA LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL

Urge que las delegaciones políticas cumplan con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal (SPCDF), pues de seis meses a la fecha se han registrado incendios en cinco mercados públicos de la capital del país, arrojando millones de pesos en pérdidas materiales.

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gabriela Salido, habló sobre el incendio registrado ayer en el mercado de la Merced, Dijo que suman ya cinco las instalaciones que han tenido conflagraciones en los últimos seis meses, algunos con resultados más graves como el del mercado de San Ángel, donde fallecieron dos personas, o el caso del mercado de Jamaica donde hubo tres lesionados.

Destacó que los mercados que han registrado incendios son: Algarín, Jamaica, San Ángel, Granaditas y La Merced, en éste último caso, dijo, se conoce de más de tres mil locatarios afectados por la conflagración; y aunque los cuerpos de emergencia se coordinaron bien, existen factores que impidieron una mejor atención para atender este incendio.

“Esto nos tiene que llevar a una reflexión importante, porque parte de las razones por las que no pudieron ingresar con el equipo de emergencia con la prontitud necesaria, fue justamente por la cantidad de puestos fijos y semifijos que se encuentran alrededor de La Merced, y que esto impidió el acceso de las diferentes fuerzas que colaboraron en el apoyo a este mercado”, sostuvo.

“Justamente hoy estamos presentando un punto de acuerdo dirigido a los jefes delegaciones, para pedir que cumplan lo que la ley les obliga en materia de protección civil.

Sumado al exhorto que la propia Comisión de Protección Civil hizo el 20 de febrero, donde se pidió a los jefes delegacionales y a la Secretaría de Protección Civil el atlas de riesgo de los mercados públicos, la Asamblea Legislativa está haciendo un esfuerzo real por tratar de generar las condiciones adecuadas en este tema”, concluyó.

SE DEBE APLICAR EL SEGURO DE SINIESTROS

El Gobierno de la Ciudad de México debe aplicar el seguro contra siniestros que tiene contratado, a efecto de apoyar a las familias que resultaron afectadas por el incendio que se registró en la Nave Mayor del Mercado de La Merced. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Esthela Damián Peralta, afirmó que desde este colegiado impulsará que las compañías aseguradoras respondan de manera inmediata, además de que se apoyará a la delegación Venustiano Carranza y al GDF en la reconstrucción de la zona afectada.

Planteó que en materia presupuestal el Gobierno capitalino podría destinar recursos económicos etiquetados de la Secretaría de Economía, y revisar la posibilidad de acceder a algún fondo específico para apoyar a los comerciantes como microempresarios.

Dijo que también existe la posibilidad de transferir recursos de la Secretaría de Obras, tomando en consideración los dictámenes en materia de Protección Civil, aunque aclaró que la última palabra corresponderá a la Secretaría de Finanzas del DF.

“De haber ocurrido este siniestro en horas pico de la mañana, hoy estaríamos ante una desgracia humana de cálculos inusitados, porque La Merced es por excelencia un lugar de encuentro de miles personas que viven en el DF y otras que la visitan de manera cotidiana, donde incluso hay estancias infantiles”.

Reconoció que el Gobierno de la Ciudad participó de manera inmediata para atender la contingencia y buscar opciones para las personas que perdieron todo su patrimonio, “nos sumamos a estos esfuerzos y buscaremos que la ayuda llegue lo más rápido posible”.

Héctor Carlos Salazar Arriaga, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, externó que el sector maicero está preocupado ante la posición de los cañeros y otros actores, con respecto a la baja del precio del azúcar en el país.
La CNPAMM, dijo, entiende las inquietudes que se tienen, y consideró que se debe comprender, que al igual que con otros productos del campo, el precio del azúcar se deriva del comportamiento del mercado a nivel internacional.
Explicó que la baja del precio del azúcar se debe a los altos inventarios que hay en el mercado internacional, en países como Brasil, Australia, India, Estados Unidos y, por supuesto, en México.
“El consumo de azúcar a nivel mundial ha crecido, pero a un nivel menor que la producción.  Hay un exceso de oferta que ha conducido a que los precios disminuyan”, precisó.
Salazar Arriaga indicó: “los productores de maíz de México estamos conscientes de la difícil situación que atraviesan nuestros colegas trabajadores del sector cañero, y nos solidarizamos con ellos; coincidimos en que es necesario buscar una solución de largo plazo para este sector. Sin embargo, tenemos que manifestar nuestra total oposición a que esa solución sea a costa de miles de familias mexicanas que dependen del maíz Esto no lo podemos, ni lo vamos a permitir”, subrayó.
El agrónomo de profesión, manifestó que las autoridades y la propia industria deben trabajar para buscar una solución dentro de las reglas del libre mercado, que no afecte a otros productos como el maíz, que es el principal cultivo en México.
Además, agregó que debemos de tener cuidado con las propuestas que amenazan la posibilidad de que crezca la producción de maíz amarillo en México, cuando se tiene el potencial de producir 10 millones de toneladas más de este maíz y de sustituir importaciones.
“La CNPAMM espera que la situación no se resuelva por medio de propuestas que promueven la discriminación y la diferenciación. Recordemos además, que a México ya le costaron muy caro estas ideas en que discriminan a un producto frente a otro”, advirtió.
El auténtico líder nacional de los maiceros expuso que la industria del maíz en México genera 4 millones 968 mil 500 empleos; aproximadamente 3 millones 100 mil familias dependen de esa actividad agrícola y, en la producción primaria se genera una derrama directa entre productores nacionales de alrededor de 86 mil millones de pesos de venta del grano nacional, sumando el total del Sistema Producto Nacional, 24 mil 80 millones de pesos.

 

El subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, minimizó la crisis ocasionada por el alto endeudamiento de los estados que dijo sólo representa el tres por ciento del Producto Interno Bruto y eso “no representa un riesgo para las finanzas públicas ni para el sistema financiero del país”.
En reunión de trabajo con senadores de las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Segunda, y de Hacienda, aunque reconoció que el ritmo de crecimiento se  duplicó en cuatro años se pronunció por “no satanizar” el tema y aprobar reformas que permitan que se pueda utilizar la deuda pública para proyectos legítimos de inversión.
Al respecto, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano Para la Competitividad, manifestó que se requiere de un nuevo marco jurídico que tome en cuenta la necesidad de las entidades de endeudarse para invertir en infraestructura y los mecanismos para el registro y transparencia de los recursos.
El representante del IMCO, hizo un llamado a los senadores para que se establezca la obligación de los estados a presentar la tasa de interés, así como las comisiones que cobran las instituciones bancarias para otorgar los créditos, porque es “incompatible” con la democracia y las finanzas sanas clasificar esta información como confidencial.
Por su parte, Ricardo Miranda Burgos, director general de Análisis e Investigación Económica de la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que las restricciones legales son una condición necesaria, pero insuficiente para asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública.
En este contexto, el senador del PRI Francisco Yunes Zorrilla expresó que el tema de la deuda no es un problema de diseño institucional sino de composición al interior de los congresos que tienen esa función, en tanto el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD insistió en la necesidad de precisar si el Poder Legislativo tendrá incidencia en los mecanismos de control, supervisión o aprobación de los techos de endeudamiento de los gobiernos locales.

Estéfana Murillo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

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