El punto crítico
Información útil para la toma de decisciones 
En voz de su presidente, Francisco Arroyo Vieyra, la Cámara de Diputados se congratuló por la determinación de la Procuraduría General de la República de desistir en las acusaciones por supuestos nexos con narcotraficantes en contra del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, lo que permitió que el militar que llegó a ser subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio anterior, recobrara su libertad.
Las fuerzas políticas en el Senado de la República se pusieron de acuerdo y acordaron 18 modificaciones a la minuta de la reforma constitucional sobre telecomunicaciones, entre ellas la que demandaron los organismos cúpula del sector privado y que fue retomada por la bancada del PAN.
Inicia acusaciones de cara a las elecciones en 14 entidades del país. El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte y 57 funcionarios de los tres niveles de gobierno por presunto uso indebido de recursos públicos.
El Congreso de la Unión debe ser una voz autónoma que defina el contenido de leyes, convirtiéndose en un contrapeso para lograr una política económica que beneficie a todos, aseveró la legisladora Lucila Garfias Gutiérrez.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados determinó no darle trámite a la recién aprobada reforma para regular la deuda de los estados y municipios aprobada por el Senado, argumentando que carece de facultades para legislar en la materia.
Autoridades obligadas a proteger a las victimas generada por la violencia del Estado. Tal y como se esperaba el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Víctimas, que obliga a cualquier autoridad a aplicar el principio de máxima protección a quienes sufran un delito provocado por la violencia o de la violación a sus derechos humanos por parte del Estado.
Edmundo Olivares
Durante el primer trimestre del año, el Instituto Nacional de Migración (INM) negó solicitudes de internación de extranjeros presentadas en Quintana Roo por 118 empresas inexistentes, y denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a 11 gestores que realizaron trámites migratorios con documentación apócrifa.