Nacionales

Enrique Peña Nieto

El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez se dijo conforme con la iniciativa por la que se busca desaforar a legisladores y servidores públicos, pero aprovechó la ocasión para demandar también el desafuero del presidente de la república, Enrique Peña Nieto.
A decir del senador perredista, en su bancada “somos partidarios de eliminar cualquier forma de fuero, sea religiosa, militar, de legisladores o servidores públicos, no veo porque tener una situación de excepción y de virtual impunidad al titular del Ejecutivo Federal”.
Encinas Rodríguez, resaltó que no se puede generar inmunidad como es en el caso del Ejecutivo que podría bajo el manto del fuero incurrir en faltas y delitos graves sin ser sancionado. “Hay que eliminar todos los fueros, no generar una situación de privilegio porque genera inmunidad y no veo porqué hacer una excepción con el titular del Ejecutivo”, insistió.
Este jueves se espera en el Senado de la República la recepción de la minuta por la que se acota el fuero, para su posterior análisis en comisiones de esta Cámara.

 

Elba Esther Gordillo

Los jueces federales rechazaron su competencia para definir si les concede o no la protección de la justicia federal ante quienes los familiares y colaboradores de Elba Esther Gordillo Morales solicitaron amparos en contra de posibles órdenes de aprehensión.
Juzgadores de Jalisco y del Distrito Federal argumentaron no tener jurisdicción para resolver los amparos que solicitaron Francisco Arriola Urbina, quien fuera esposo de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el yerno René Fujiwara Apodaca, y Silvia Luna Rodríguez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del gremio.
Ante el rechazo de los impartidores de justicia de resolver la solicitud del juicio de garantías que presentaron estas personas, será un Tribunal Unitario de Jalisco el que determine cuál será el juzgado que deberá definir los amparos requeridos, indicaron fuentes del Poder Judicial.
El trámite de amparo se presentó desde el viernes pasado en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Zapopan, Jalisco, pero el juzgador declinó su competencia, por lo que ayer se interpuso en un juzgado de la Ciudad de México, que tampoco tomó los casos.
Será un Tribunal de alzada el que finalmente dirima esta controversia jurisdiccional.
Asimismo el ex subsecretario de Educación Básica de la SEP, Fernando González, quien también es yerno de la lideresa sindical, Elba Esther Gordillo, se sumó al grupo de familiares que han pedido amparo para saber si existen órdenes de aprehensión en su contra.
A decir de fuentes del Poder Judicial Federal consultadas, la demanda de amparo fue presentada este miércoles por oficialía de partes del palacio de justicia de San Lázaro y turnada a un juzgado de distrito en materia de amparo.
La demanda será admitida o desechada por notoria improcedencia mañana jueves, a decir de las fuentes consultadas.
Desde el lunes, Francisco Arriola, ex esposo de Elba Esther Gordillo y René Fujiwara, ex yerno de la líder sindical, interpusieron un amparo ante un juzgado federal del estado de Jalisco en contra de una eventual orden de aprehensión en su contra.
El amparo aún no ha sido aceptado ya que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales se declaró incompetente para revisar el caso.
De acuerdo a información judicial, el juzgado primero de distrito en materia de amparo con sede en la ciudad de México recibió una petición para que conceda protección de la justicia federal a favor de Francisco Arriola, exesposo de Elba Esther Gordillo y excontador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); René Fujiwara Apodaca, exyerno de la lideresa, y Silvia Luna Rodríguez.
Se informó que esta petición de amparo es para evitar que la Procuraduría General de la República (PGR) los detenga, ya que tienen sospechas de que el Ministerio Público federal ha solicitado su captura por estar presuntamente involucrados en la red de personas que participó en el desvío de más de 2 mil 600 millones de pesos de las cuotas sindicales a cuentas de la lideresa magisterial.
Fuentes del Poder Judicial, señalan que la petición inicial se promovió en la ciudad de Guadalajara, pero los jueces federales consideraron que el asunto no era de su competencia y lo turnaron a órganos con sede o residencia en el Distrito Federal; por esta razón recayó el conocimiento de este asunto en el juzgado primero en materia de amparo que se localiza en la capital de la República.
También se informó que la representante del Comité Ejecutivo del SNTE, Silvia Luna Rodríguez, solicitó la protección de la justicia federal ante el Juzgado primero de Distrito en materia penal de Jalisco, quien también rechazó la solicitud por estar fuera de su jurisdicción.
Tras éste hecho de competencias entre los jueces, ahora será un tribunal colegiado penal quien resuelva ante la petición.
René Fujiwara Apodaca fue esposo de Maricruz Montelongo Gordillo, hija de Elba Esther Gordillo, con quien procreó a René Fujiwara Montelongo, actual diputado federal por el Partido Nueva Alianza.
En tanto, Francisco Arriola Urbina fue el primer esposo de Gordillo Morales, procreando con ella a la actual senadora del Partido Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo; además de ser Vicepresidente del Comité de Vigilancia de los recursos del SNTE y ex tesorero del mismo gremio.
Angel Iturralde

 

Miguel Alonso Raya

Sólo en el primer mes de este 2013 año se agregaron 474 mil desempleados, con lo que ascendieron a 2 millones 723 mil, en enero, cuando en diciembre del año pasado sumaron 2 millones 249 mil personas apuntó el diputado del PRD Miguel Alonso Raya.
Destacó que entre la población asalariada, 62.7 por ciento reciben sólo tres salarios mínimos o menos; 40.1 por ciento carecen de prestaciones; 4.7 por ciento laboran sin un contrato laboral escrito y 47.3 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud.
Al referirse al futuro de la seguridad social en México, el perredista por Guanajuato indicó que el número de trabajadores asegurados al régimen obligatorio del Seguro Social, en el primer mes de este año respecto a noviembre de 2012, se redujo en 188 mil 724, y la mayoría de éstos corresponde a trabajadores permanentes.
De ahí que de las 48 millones 530 mil cuentas individuales administradas por las afores, 27 millones 270 mil están inactivas, es decir, el 56.2 por ciento, debido al desempleo.
Alonso Raya aclaró, que el hecho de tener una cuenta individual no garantiza que se va a tener una pensión, debido a que por la baja densidad de cotizaciones, sólo el 16.1 por ciento de los afiliados a una afore tendrán posibilidad de acceder a una pensión laborando menos de 39 años; “el resto sencillamente no podrá cubrir los requisitos para poder acceder a ese derecho”, estimó.
Para resolver esta grave situación el guanajuatense, urgió a construir una buena política distributiva que genere empleos bien remunerados, que siente las bases de la equidad, a fin de que la seguridad social juegue un papel fundamental, de tal manera que se garanticen pensiones y jubilaciones dignas.
En este mismo sentido, habló de la necesidad de una reforma integral al marco tributario y hacendario, para elevar el nivel de recaudación, eliminar regímenes especiales, privilegios y aspectos que hacen que México pierda recaudación potencial.
“La reforma hacendaria debe conducir a reconstruir un Estado de bienestar, sin crear nuevos impuestos y estableciendo, en los que existen, criterios progresivos en donde aporten más los que más ganan y los que más consumen”, destacó para concluir.

 

Socorro Ceseña Sánchez

Ofende el aumento de multimillonarios evasores del fisco, socios de los 400 grupos empresariales más importantes de México, que en conjunto obtuvieron ingresos por 4.9 billones de pesos en 2008, superior al presupuesto de este año frente a la pretensión de aplicar el IVA a alimentos y medicinas, con lo que los 52 millones de mexicanos que sufren pobreza correrían el peligro latente de cancelar cualquier expectativa de vida afirmó la diputada federal del PRD Socorro Ceseñas Chapa.
Aclaró no estar en contra de empresarios, sino contra las devoluciones obscenas de impuestos que el propio Gobierno federal realiza, mientras el número de miserables aumenta, y sean niños y adolescentes, así como gente de la tercera edad los más  afectados por el hambre.
La diputada del sol azteca, lamentó que esos 400 grandes grupos empresariales sólo hayan contribuido con el 1.7 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2008, y además obtuvieran devoluciones fiscales, y cuyos socios figuren en las listas de los hombres más ricos del mundo, mientras millones de mexicanos hayan engrosado las filas de quienes están por debajo de la pobreza, incluso, alimentaria, ya que solo una vez al día  pueden comer.
Ceseñas Chapa cuestionó que mientras a los socios -considerados como multimillonarios-, de estas empresas, cuyos ingresos acumulables por ISR son superiores a 500 millones de pesos, se les beneficie fiscalmente con la devolución de impuestos por concepto de IVA, y a los pequeños contribuyentes se les persiga porque no pueden cumplir por una reglamentación compleja y por la falta de recursos para pagar a tiempo.
Puso en tela de juicio que varias de las familias como Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, Gonda, Calderón Rojas, Suberville, Vigil, Gallardo, Bailleres, Larrea y Servitje, líderes de sus sectores y que mantienen un mercado cautivo, sus empresas gocen del régimen del consolidación fiscal, con todos los privilegios que ello implica, tales como la devolución de impuestos, evasión e incluso elusión fiscal, al aprovechar los huecos del marco jurídico para evitar el pago de impuestos.
Y cuyos integrantes figuran entre los multimillonarios del mundo, cuentan además con el beneficio de tener a contadores que son ex funcionarios públicos, que les quitan piedras del camino y les permite pagar poco y obtener devoluciones millonarias por el gobierno, aseguró la legisladora por Nuevo León.
De ahí que criticó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de actualización de datos sobre la aportación tributaria de esas empresas y socios, sobre todo, dijo porque participan de los beneficios de la consolidación fiscal y gracias a ello obtienen ingresos que permiten a sus socios figurar entre los más ricos del mundo.
Advirtió el riesgo de que el PRI intente gravar alimentos y medicinas con el IVA, e incluso ampliar el porcentaje del 16 al 19 por ciento generalizado en este impuesto al consumo, “lo que perjudicará a millones de mexicanos, cuya situación económica es ya de por sí grave”.
La legisladora federal se pronunció por establecer candados jurídicos para que los empresarios estén obligados a informar sobre sus contribuciones a la hacienda pública, ya que también es ofensivo que pese a que el presupuesto se eleve significativamente cada año, por otro lado los pobres se multipliquen y unos cuantos acrecienten y presumen sus fortunas en las listas internacionales de los más ricos.
Reiteró Ceseñas Chapa, no estar en contra de hombres o mujeres dedicadas a los negocios y que por la vía honesta ganen dinero,  como algunos simplistas quisieran hacer creer, pero si advirtió, estar en contra de la injusticia fiscal y la obscenidad que significan las devoluciones y privilegios fiscales, que sólo contribuye a que amasen granes fortunas a costa de los más pobres del país.
Demandó por ello a la Secretaría de Hacienda hacer del conocimiento público la situación fiscal de los grandes millonarios de este país, de otro modo el Pacto por México será sólo una ocurrencia y la discusión de la reforma hacendaria no avanzará en el Congreso, estimó.
“El titular del Ejecutivo debe aclararnos esta situación, pues no puede presentar una propuesta de incrementar el IVA en una forma tan irresponsable, cómplice y sometida a los intereses de las familias que anulan la competencia, eluden impuestos y vistosamente festejan sus fortunas”, puntualizó la diputada Ceseñas Chapa.
Anunció la presentación de sus propuestas en materia fiscal ante el Congreso y la demanda formal a la SHCP para transparentar la información sobre esas empresas, al sostener que no se puede seguir consintiendo la opacidad en estos temas, y advirtió que la reforma hacendaria prevista en el Pacto por México no avanzará si no incluye justicia fiscal, a fin de que los más ricos paguen más, y se deje se perseguir a los millones de trabajadores que con sacrificios tienen para comer, concluyó la legisladora federal.

Luz María Alonso Sánchez/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rosario Robles Berlanga

Diputados federales del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo demandaron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, que la Cruzada Nacional contra el Hambre no se convierta en botín político ni tampoco sea utilizado con fines electorales, al realizarse este año elecciones en catorce estados del país; la funcionaria rechazó ese fin y aclaró que se trabajará con ciudadanos y autoridades locales para garantizar la transparencia del programa.
Lo anterior durante la comparecencia de la funcionaria ante las comisiones unidades de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, en donde explicó los alcances de este programa, que busca atenuar la falta de alimentos a 7.4 millones de personas, y en su primera etapa prevé atender a 400 municipios en pobreza extrema.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de que se garantice la transparencia en los programas sociales, el priista Fernando Charleston afirmó que los tricolores son los primeros que quieren que estos programas no se utilicen de manera electorera.
En respuesta la secretaria Robles Berlanga rechazó que la Cruzada Nacional contra el Hambre tenga fines electorales, ya que de los mil 432 municipios que tendrán elecciones, sólo 213 se encuentran dentro del programa de apoyo alimenticio, y en muchos solo se va a l 5 o 7 por ciento del municipios; de esos 113 se rigen por usos y costumbres, así que únicamente 100 del total estarán en elecciones, y se atenderán antes del proceso porque así lo han demandado incluso algunos gobernadores.
“En ningún momento imperó un criterio electoral para definir los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, tan es así que estamos firmando los convenios con los gobernadores de todos esos estados en los que va haber elecciones y que están muy interesados en que la Cruzada inicie ya”, garantizó.
Los datos que desmienten la situación del posible uso electoral del programa aclaró, es que en este 2013 va a haber elecciones en 14 estados; “mal haríamos en decirle a la población en condiciones de hambre de estos sitios que se esperen, porque el gobierno no puede actuar por las elecciones”.
Ante los diputados, Rosario Robes descartó riesgos de un mal uso de los recursos, y aseguró que se trabajará de manera conjunta con las autoridades estatales y municipales independientemente de su filiación partidista, y con los ciudadanos para garantizar que la Cruzada llegue de manera efectiva a los 400 municipios de atención prioritaria.
Cuestionada por los legisladores federales sobre la atención a municipios urbanos, la titular de Sedesol destacó, que de 2008 a 2010 la pobreza aumentó en éstos en 2.1 millones de personas, mientras que en los rurales 1.1 millones, “hay más crecimiento de las pobreza en las zonas urbanas, porque no estaban siendo atendidas, y nosotros estamos dando este giro para abatir la generación de violencia, ya que ahí se fractura el tejido social”.
De ahí que reveló que la Cruzada además de atender el problema alimentario, busca prevenir el delito y la violencia, a la vez Robles Berlanga se comprometió ante los diputados a rendir cuentas sobre este programa en forma constante.
Refirió que los criterios en que se basa la Cruzada son los del Coneval y el Inegi, y los municipios que atenderá en un primer momento se evaluaron a partir de la pobreza extrema con carencia alimentaria, por lo que los 70 programas que incluye la estrategia se implementaran a cabalidad.
Sin embargo, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo cuestionaron la Cruzada y sus fines electorales, al pronunciarse por una estrategia que atienda las causas de tanta pobreza que sufren millones de mexicanos, al calificar este programa como paternalista y rentable electoralmente.

Luz María Alonso Sánchez/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jorge Carlos Ramírez Marín

El titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela Rodríguez, coincidieron en afirmar que en México nueve millones de familias necesitan soluciones de vivienda, mediante la adquisición de una nueva o usada, o bien ampliación de la que tienen o mejoramiento del inmueble donde viven.

Ante tal situación, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito público, SHyCP, ambos funcionarios presentaron a los medios de comunicación el Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda, el cual es un esquema de garantías, de acceso abierto a todos los desarrolladores de vivienda, como parte de la Política Nacional de Vivienda anunciada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 11 de febrero.

El titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostuvo que gracias a la nueva garantía, los desarrolladores aprovecharán la oportunidad de mercado, que supone abatir el rezago de vivienda nueva en México, así como la atención del Bono Demográfico.

Afirmó que para el gobierno federal, el sector vivienda es uno de los principales motores del mercado interno y una palanca de desarrollo nacional, por la generación de empleo y el impulso a la productividad de diferentes sectores económicos.

El anuncio del Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda es la primera acción de una estrategia integral de políticas públicas en materia de vivienda bajo la coordinación institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

El titular de la SEDATU, indicó durante su intervención que el gobierno federal trabaja con el objetivo de hacer de México “el mejor hogar para todos”, ya que, cuenten o no con los recursos suficientes para comprar una propiedad, las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna provista de todos los servicios e integrada en una comunidad sustentable que haga más próspero al país.

Más adelante puntualizó que el programa SHF a la Construcción da respuesta a la necesidad de viviendas, fomenta el desarrollo del sector como motor económico de México y facilita la construcción de nuevas casas, a través de la obtención de crédito por parte de los desarrolladores reduciendo el riesgo para los bancos, lo cual contribuye a que los mexicanos accedan a su propio hogar de calidad.

El titular de la SEDATU, advirtió que las empresas desarrolladoras con cuentas sanas, cimientos sólidos y una visión sustentable tendrán acceso a más créditos para construir viviendas, a excelentes oportunidades de negocio, así como a un esquema de financiamiento adicional hasta de 15 mil millones de pesos, promovido con garantías de primeras pérdidas de SHF.

Con ello, dijo, se potenciará una derrama adicional del 40 o 50% del saldo actual de los créditos a la construcción de vivienda.

Terminó su intervención afirmando que los desarrolladores podrán construir más para satisfacer la demanda de vivienda nueva a través de créditos del Infonavit, Fovissste, Banca Comercial e Intermediarios Financieros que operen con SHF.

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, enfatizó que en congruencia con el Plan Nacional de Vivienda anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto, Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (SHF), cuyo director es Jesús Alberto Cano Valdés, presentó el Programa de Garantía SHF a la Construcción de Vivienda, como la primera medida de una estrategia integral de políticas públicas del Gobierno Federal, en materia de vivienda, bajo la coordinación institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Dijo que el Presidente Enrique Peña Nieto ha planteado como objetivo desarrollar una Política de Vivienda con un enfoque social que permita igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda digna, así como la formación de comunidades donde florezcan los valores humanos.

mujeres

Cerca de seis millones del total de mujeres indígenas en el país, están marginadas, afirmó la líder de la Asociación Anahuatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, A. C., Cecilia García, y a la vez sostuvo que la perspectiva de género será indispensable en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2013-2018 para que la atención a la mujer no fracase.

La líder se adelantó a la celebración del Día Internacional de la Mujer y advirtió que en México persiste la discriminación hacia la mujer indígena en pleno siglo XXI, ya que este sector de la población, que son cerca de 6 millones del total de féminas que hay en el país, padecen severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como menores oportunidades para acceder a la salud.

Especificó que de acuerdo a estudios recientes de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, revelan que las mujeres indígenas representan 10.4% de los 57 millones de féminas que hay en el país y las hablantes de lengua indígena que son poco más de tres millones, representan 6% de la población femenina nacional.

Aseguró que el 57.5 por ciento, de las mujeres indígenas que trabajan, perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6 por ciento no perciben ingresos.

Dijo la líder que en el campo millones de hogares indígenas tienen como jefe de familia a una mujer y son quienes padecen mayores carencias.

Esto debido a esta realidad que se padece en México, a unos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer y ante los datos estadísticos que señalan que el 74.4% de las mujeres a nivel nacional, aún cuando realizan trabajos diversos en su casa, en el campo u otros espacios, no perciben ingresos por estas actividades.

Ante tal situación, Cecilia García exhortó al Gobierno Federal a demostrar con hechos su voluntad política e incluir en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cambios en la política pública de género.

Más adelante dijo confiar en que verdaderamente, como lo ofrece el Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades y de la sociedad “se vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo en las estrategias transversales de democratizar la productividad; conformar un Gobierno cercano y moderno; e incluir la perspectiva de género para que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres”.

Inclusive, exhortó a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, rurales y de género a incorporarse a los foros nacionales para mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y personas con discapacidad, ofertados por el Presidente Enrique Peña Nieto a fin de hacer propuestas pero también ser una especie de contraloría social del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Comentó que lo anterior es indispensable debido a que ha pasado sexenio tras sexenio, planes y planes con una realidad indígena lacerante donde la mujer es la más afectada en sus condiciones de vida y posición social en localidades de alta y muy alta marginación con 29% o más hablantes de lengua indígena y con un tamaño de hasta 10,000 habitantes y que no pertenecen a una cabecera municipal.

Abundó en información al decir que de acuerdo a las cifras más reciente del INEGI, correspondientes a 2010, en el país existen cerca de 12 millones de indígenas y aunque la cifra puede ser mayor, precisó que lo inocultable es que la mujer vive en desventaja por lo que urge impulsar y fortalecer su organización, vinculándola a proyecto productivos.

Señaló que la autoestima y la confianza en la toma de decisiones del sector femenino indígena es casi inexistente por lo que en el Plan Nacional de Desarrollo debe potencializar la organización para producir, el empoderamiento, el número de proyectos productivos para este sector y el cambio de actitud de las mujeres indígenas.

Finalmente, reiteró que es momento de que la sociedad cuente con sus propios indicadores para medir la efectividad del Gobierno Federal al llevar a la práctica las iniciativas de los mexicanos y los acuerdos de las diversas consultas que se realizarán en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo en donde la mujer es un tema de interés nacional.

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