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El PAN, en el Senado, presentó una iniciativa para modificar la llamada “Ley Burocrática” y con ello prohibir las retenciones, descuentos o deducciones automáticas del salario de los trabajadoress al servicio del Estado por el cobro de cuotas sindicales, además de fortalecer su derecho de pagar las aportaciones hasta estar debidamente informados sobre el destino de los recursos.

En el marco de la detención de la maestra Elba Esther Gordillo por presunto desvío de recursos de las arcas del SNTE, a nombre de la fracción panista, el legislador Javier Lozano Alarcón urgió en homologar los principios de transparencia, democracia y rendición de cuentas sindical, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, para que también les sean aplicables a las organizaciones sindicales del sector público.

El proyecto legislativo tiene por objeto facultar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer pública la información y los registros de los sindicatos y establecer que las directivas de los sindicatos deberán rendir a la asamblea cada seis meses, cuentas completas y detalladas de la administración del patrimonio sindical.

Esta iniciativa promueve, además, que los trabajadores que se desempeñen en comisiones sindicales lo harán sin goce de sueldo ni prestaciones, de modo que deberá ser el propio sindicato el que les  remunere su trabajo en la organización. “No se justifica
que las actividades propias de quienes se desprenden de la función pública para realizar tareas gremiales sea sufragada con las contribuciones de todos los mexicanos”, se advierte en el texto de la iniciativa.

Ante el uso irresponsable de la deuda pública por parte de estados y municipios, el senador del PAN, Carlos Mendoza Davis, presentó una iniciativa por la que gobernadores y diputados locales podrían ser sujetos a juicio político cuando manejen indebidamente los créditos que solicitan.

Ayer, el senador presentó el proyecto legislativo que sugiere desarrollar un esquema de financiamiento donde uno de los ejes principales sea evitar que una proporción alta o incluso la totalidad de la capacidad de inversión se destinen a pagar interés y capital de los financiamientos contratados con anterioridad.

Además se propone otorgar al Congreso la facultad de establecer criterios en materia de deuda pública en los diferentes órdenes de gobierno y que sea el Poder Legislativo el que apruebe los topes de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, mismos que en ningún caso podrán exceder su capacidad de pago.

Mendoza Davis sugirió que el Senado de la República pueda conocer y supervisar los procesos de contratación, refinanciamiento, reestructuración y modificación de las condiciones de la deuda, en tanto la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, tendría que fiscalizar los recursos de la deuda mediante los informes y la cuenta pública que presenten los tres niveles de gobierno.

“En caso de que encuentre irregularidades o incumplimiento de las disposiciones aplicables a la deuda por parte de los servidores públicos deberá iniciar los procedimientos correspondientes para determinar y fincar las responsabilidades a que haya lugar”, precisó el legislador panista.

El ahorro para el retiro bajo administración de las afores alcanzó en febrero pasado cerca de los dos billones de pesos, con un crecimiento de 20.75 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que al segundo mes del año, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) gestionaron recursos por un billón 975 mil 544 millones de pesos, un monto récord para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Esta cantidad es mayor en 339 mil 540.58 millones de pesos a lo reportado en febrero del año pasado cuando se registró un billón 636 mil 3.4 millones de pesos, mientras que de manera mensual mostró un crecimiento de 0.51 por ciento respecto a enero.

La Consar informa que el rendimiento de los últimos 12 meses ascendió a 15.64 por ciento en términos nominales, mientras que el rendimiento histórico del sistema al cierre de febrero alcanzó 13.3 por ciento en promedio anual nominal y 6.67 por ciento real durante los casi 16 años de operación del SAR. Estos rendimientos son resultado de las inversiones que llevan a cabo las Afore en diferentes instrumentos de inversión, tanto en valores nacionales como internacionales.

Al cierre de febrero de 2013, 54.07 por ciento de los recursos de los trabajadores se invirtió en valores gubernamentales; 17.40 por ciento en deuda privada nacional; 13.14 por ciento en renta variable internacional y 9.31 por ciento en el mercado accionario mexicano. En tanto, 3.89 por ciento del ahorro para el retiro se invirtió en instrumentos estructurados (los Certificados de Capital de Desarrollo, CKDes); y 2.19 por ciento en deuda internacional.

De acuerdo con el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), a un plazo de 46 meses, el promedio del sistema fue de 11.34 por ciento y la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) Cuatro, que reúne los recursos de trabajadores de 36 años y menos, tuvo el mayor rendimiento, con 12.72 por ciento. A ésta le siguió la Siefore Básica Tres, en donde están los ahorros de personas de 37 a 45 años, que tuvo un rendimiento nominal de 11.48 por ciento en ese plazo; la Siefore Básica Dos, para trabajadores de 46 a 59 años, con 10.35 por ciento; y la Básica Uno, de 60 años y mayores, con 8.94 por ciento.

La Cámara de Diputados aprobó con 376 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones el dictamen para acotar el fuero en lo general y en lo particular; luego de acalorada discusión y acusaciones entre el PAN y el PRD transitó el documento para establecer la inmunidad, para frenar el abuso y prepotencia de funcionarios públicos, los cuales podrán ser procesados judicialmente, sin previo desafuero; el Presidente mantiene sin cambio su trato; reforma constitucional a los artículos 61, 111, 112 y 114; el documento fue remitido al Senado para su curso legal.

La discusión en San Lázaro arrancó al filo de las 12:33 horas y se alargó hasta las 16:15 horas, luego de que los diputados de Movimiento Ciudadano arremetieron contra todos, cuestionaron la prisa y alertaron de los riesgos que tendrían los legisladores, votaron en contra.

Mientras los panistas y perredistas se enfrascaron en acusaciones mutuas, cada uno sacó sus trapitos al sol: doble discurso, acuerdo debajo de la mesa, comparsas, entre las leves; el PRD insistió en eliminar privilegios al Presidente, se sumó Movimiento Ciudadano, pero no fructificó la demanda; el dictamen pasó sin cambios en este rubro, y el Jefe del Ejecutivo Federal conserva un trato especial. Los priístas calladitos desde sus curules miraban y dialogaban entre sí, mientras los demás se desgarraban las vestiduras en los dimes y diretes en que se confrontaron los diputados del PAN y PRD.

Sobresalieron pequeñas pancartas en las curules de la izquierda, del PRD, MC y PT que señalan: “No hay intereses intocables: EPN” y “Presidente sin fuero”. Los siete grupos parlamentarios en San Lázaro manifestaron su posición, el PRI a través de la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela afirmó: “Se pone un hasta aquí a los abusos, arbitrariedades y prepotencia en el mal uso en que derivó el fuero y que es ofensivo para los ciudadanos”.

Desde tribuna la priísta calificó de injustificado que alguien se escandalice con esta reforma, al asegurar que la función legislativa está plenamente protegida. “No hay regresión de ningún tipo”; aclaró que no se trata de judicializar a diestra y siniestra ni el trabajo legislativo ni a ningún otro.

Defendió la inmunidad del Presidente, al argumentar que “es una medida de protección del interés nacional; no es un asunto de pose partidista, es un asunto de protección de las instituciones mexicanas”, que no puede ponerse en riesgo ante procedimientos judiciales dolosos o frívolos. “En México no hay intocables, el único intocable debe ser el interés supremo de la nación, aseveró la tricolor Del Moral Vela.

Transitó sin cambios el trato presidencial, al eliminarse el quinto párrafo del artículo 111 que establecía que el Presidente sólo podría ser acusado ante el Senado en los términos del artículo 110 constitucional, y que la Cámara Alta resolvería con base en la legislación penal aplicable, alcanzó una votación de 212 a favor y 215 en contra, por lo que no cumplió la votación calificada para una reforma constitucional, afirmó el diputado presidente Francisco Arroyo Vieyra, de ahí que fue desechada.

Silvano Aureoles Conejo, líder cameral del PRD, al fijar la postura, criticó la decisión de las bancadas del PRI y PAN de dejar intocado al Ejecutivo federal en esta reforma al fuero, comienza, advirtió, la construcción renovada del viejo presidencialismo; el también perredista Julio César Moreno Rivera, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales lamentó el doble discurso de Acción Nacional y lo acusó de acuerdo debajo de la mesa para apoyar que el Presidente mantenga privilegios.

Sin quedarse atrás los de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, cuyo diputado Manuel Ladrón de Guevara otra vez llamó la atención al subir dos veces a la tribuna para reclamar turno en la palabra, pero el diputado presidente, el tricolor Francisco Arroyo Vieyra, hizo como que no oía y convocó a votación, mientras dialogaban, no pasó a mayores, se quedó en el reclamo airado del petista.

También el perredista José Luis Muñoz Soria exigió la palabra al sentirse aludido, y advirtió que el problema no es el fuero, “es una falsa discusión” y criticó a los diputados “charoleros”, conminó a los albicelestes a no darse golpes de pecho y quitarle el fuero al Presidente, les exigió no tapar sus fraudes cuando fueron gobierno.

CAMBIOS AL DICTAMEN

El pleno de los diputados avaló la modificación de la palabra fuero por inmunidad hacia los legisladores para que gocen de la libertad de expresión, el cambio no dejó satisfechos a los petistas y diputados de Movimiento Ciudadano al considerar que tiene la intención de callar a los legisladores incómodos. Ricardo Monreal, coordinador de MC, sostuvo: “Pareciera ser que el Congreso y el Poder Legislativo se autodenigra, se hace harakiri y afecta sus responsabilidades, el fuero no protege al servidor, al diputado o a la diputada, el fuero protege la función”.

En el artículo 111 se modifica el esquema de inmunidad procesal penal (llamado fuero) de diversos servidores públicos como legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal.

Asimismo, de los Secretarios de Despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En el dictamen aprobado se establece que la inmunidad proteja únicamente la libertad de los servidores públicos, así como el principio de presunción de inocencia que les asiste como a todo ciudadano. Un servidor público que cuente con inmunidad constitucional no podrá ser privado de su libertad durante el tiempo en que ejerza su cargo, pero sí podrá ser sujeto de proceso penal.

EL FUERO, CON OTROS FINES

El magistrado Francisco Huber admitió que el fuero se creó para defender a algunos funcionarios públicos de sus formas de pensar, sin embargo, con el pasar de los años, esto se fue ensuciado demasiado. Admitió que con el paso del tiempo el fuero se comenzó a utilizar para otros fines.

“Poco a poco este fuero constitucional se fue ampliando de una manera desaseada hasta el punto que se les otorgo prácticamente a algunos funcionarios una patente de corzo para que pudieran hacer cualquier tropelía sin el peligro de que fuesen procesados o privados de su libertad. Tenemos casos muy sonados en la legislatura pasada aquí en el Distrito Federal después que una diputada estaba despojando una casa con varias personas y al momento de que abrieron la casa les dijo que nadie se metiera solo ella por que ella era la única que tenían fuero y ha venido siendo un reclamo social de que el fuero vaya siendo menos” afirmó.

El PRI se declara listo y dispuesto a discutir sin ataduras, sin dogmas, ni tabúes “lo que le convenga a México” afirmó Manlio Fabio Beltrones Rivera, líder cameral del PRI, y dijo sostener su propuesta emitida cuando era senador para instaurar una canasta básica y un IVA generalizado, aún con el costo político que implica.

Aseguró que la bancada tricolor en San Lázaro está lista para impulsar una reforma hacendaria integral que acabe con los privilegios fiscales, como la devolución de impuestos del gobierno a las grandes empresas, a fin de que los mexicanos pudientes cumplan con los pagos tributarios.

Cuestionado sobre su postura en torno a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, se concreto a responder: “Como legislador estoy dispuesto a discutir sin ataduras, sin dogmas ni tabúes, con cualquiera, todo lo que le convenga a México”.

Respecto a su propuesta cuando fue senador, el tricolor de Sonora afirmó: “Así es. Claro que la mantengo, soy un hombre congruente y siempre he pensado en que México necesita hacer cambios de fondo, para poder avanzar”, apunto en entrevista durante la sesión.

Aún con los costos políticos que esto implica se le cuestionó, a lo que Beltrones Rivera respondió: “No hay decisión política que no tenga un costo. Pero lo más importante es buscar que le vaya bien a México y esa es la discusión que nosotros queremos tener”, refrendó.

Lo que debe discutiese es cómo se logra mejorar el crecimiento económico de México; de qué manera se le va a dar más empleo a tantos que hoy se encuentran sin éste, y cómo alcanzamos un mejor nivel de justicia y seguridad pública, preciso el sonorense del PRI.

“Para eso se necesitan hacer cambios, entonces hagámoslo, resolvámoslos en acuerdo con otras fuerzas políticas” exhortó, al garantizar que el PRI está listo para debatir sobre el futuro.

Beltrones Rivera argumento que la modernización del PRI al modificar sus estatutos era un proceso obligado para deshacer ataduras, acabar con dogmas y tabúes, a fin de debatir sobre todos los temas y encontrar soluciones a la falta de crecimiento económico y acceder a mayor seguridad pública.

“Lo único que hemos hecho con los documentos básicos es actualizarlos, en un partido político moderno y sobre todo, disponer lo necesario para iniciar la discusión; ya que en el PRI no se aprueba ninguna ley; las leyes se aprueban en el Congreso y hay una fracción del PRI que está lista para debatir sobre lo que más le convenga a México. En el PRI no se legisla; se legisla en el Congreso”, aclaró el coordinador parlamentario.

El PAN en el Senado, presentó una iniciativa para modificar la llamada “Ley Burocrática” y con ello prohibir las retenciones, descuentos o deducciones automáticas del salario de los trabajadores al servicio del Estado por el cobro de cuotas sindicales, además de fortalecer su derecho de pagar las aportaciones hasta estar debidamente informados sobre el destino de los recursos.

En el marco de la detención de la maestra Elba Esther Gordillo por presunto desvío de recursos de las arcas del SNTE, a nombre de la fracción panista, el legislador Javier Lozano Alarcón, urgió en homologar los principios de transparencia, democracia y rendición de cuentas sindical, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, para que también les sean aplicables a las organizaciones sindicales del sector público.

El proyecto legislativo, tiene por objeto facultar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer pública la información y los registros de los sindicatos y establecer que las directivas de los sindicatos deberán rendir a la asamblea cada 6 meses, cuentas completas y detalladas de la administración del patrimonio sindical.

Esta iniciativa promueve, además, que los trabajadores que se desempeñen en comisiones sindicales lo harán sin goce de sueldo ni prestaciones de modo que deberá ser el propio sindicato quien les remunere su trabajo en la organización. “No se justifica que las actividades propias de quienes se desprenden de la función pública para realizar tareas gremiales sea sufragada con las contribuciones de todos los mexicanos”, se advierte en el texto de la iniciativa.

Al presentar el proyecto, el secretario de la Comisión de Trabajo en el Senado, Lozano Alarcón, se pronunció porque esta iniciativa de reformas a la Ley Burocrática, sea respaldada hasta sus últimas consecuencias por el PRI y particularmente por el gobierno de la República, al referir que “si de veras les importa, como dijo el presidente Peña Nieto los recursos y el patrimonio de los trabajadores, entonces deben acompañarnos en esta propuesta”.

El senador panista y otrora secretario federal del trabajo, explicó que la Ley Federal del Trabajo ha dejado de lado a los trabajadores de las secretarías de Estado, las dependencias del Ejecutivo, órganos desconcentrados, y en general a todos los que están al servicio del Estado de modo que no son beneficiarios de la última reforma laboral aprobada, en lo que concierne a transparencia, democracia y rendición de cuentas en los sindicatos.