Al reconocer que los gobiernos cedieron durante décadas espacios a la delincuencia organizada, provocando que la violencia robara la paz y libertad de las comunidades, y que el Estado se ha alejado de las víctimas de la violencia y delincuencia, y dejando de lado “los casos de miles de desaparecidos” y de no ver los males que ha dejado la corrupción entre la sociedad, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho de los mexicanos.
Este jueves en el patio de honor del Palacio Nacional, el ejecutivo federal aceptó que los hechos ocurridos en el estado de Guerrero durante los últimos meses alertaron a su administración sobre el verdadero problema que el país enfrenta en materia de debilidad institucional.
Por lo anterior, aseguró que tomó la decisión de cumplir con el clamor ciudadano que durante años se ha exigido: “liberar a México de la criminalidad, corrupción, e impunidad” con la construcción de un pleno Estado de Derecho.
Ante la presencia de líderes políticos, económicos y sociales, el primer mandatario de la nación, externó que el grito de “todos somos Ayotzinapa” es un ejemplo de una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad; además demuestra el dolor colectivo y un llamado a seguir transformando a México.
El presidente de la República recordó que hace dos meses México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado, que provocó el asesinato de seis personas, 20 lesionados y 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa.
Señaló que por 79 personas han sido detenidas por su probable responsabilidad en esos hechos, incluyendo a los actores intelectuales, así como a líder y los operadores de un grupo criminal.
Subrayó que desde los primeros días de su gobierno advirtió que la inseguridad pública se había robado muchos espacios y que lograr un México en paz fue desde el principio un eje de su gobierno.
Sin embargo, advirtió, no se puede exigir justicia violando la ley y es el momento de unir no de dividir, de fortalecer nuestras instituciones.
Asumió la responsabilidad de encabezar esfuerzos para liberar a México de la criminalidad. Destacó en tal sentido la importancia de la iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión para expedir contra la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales.
“Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada”.
Explicó que además presentará otra iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito.
Igualmente reconoció que el problema de la violencia “no solamente se debe a la criminalidad”, sino también a la pobreza, y aseveró que existen dos Méxicos: “uno globalizado y otro de atraso”, por lo que anunció también medidas para activar la economía de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas considerados los más pobres del país.
Para ello, explicó que se crearán tres Zonas Económicas Especiales: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.
También, instruyó a la SHCP para que, en coordinación con las Secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes -con la opinión del sector privado y académico- elabore la iniciativa que se enviará al Congreso de la Unión, en febrero de 2015.
Igualmente, anunció políticas diferenciadas en materia de desarrollo agropecuario y de formación de capital humano para estas tres zonas, así como acciones inmediatas a realizarse en la Región Sur en los siguientes meses.
Medidas para fortalecer
el estado de Derecho
Entre las medidas anunciada por el Presidente para consolidar el Estado de Derecho en México, que presentará el próximo lunes e impulsará en el próximo periodo legislativo de sesiones -el actual concluye el día 15 de diciembre- destaca la propuesta de un nuevo modelo policíaco
que permitirá pasar de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces.
Que Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas sean los primeros cuatro estados en adoptar ese modelo, además de que se prevén sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial y para los gobernadores que no lo ejerzan.
La reforma para abatir la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, así como acciones y reformas para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Fortalecer las competencias de cada autoridad en el combate al delito, en los distintos órdenes de gobierno.
Acelerar la creación de un teléfono único para la atención de emergencias en todo el país, que podría ser el 911, por ser el más reconocido a nivel mundial.
Promover la Clave Única de Identidad en todo el país para facilitar el acceso a la prestación de servicios gubernamentales y a la seguridad pública.
Y que el gabinete de seguridad federal disponga un operativo especial en la región de Tierra Caliente, con énfasis en municipios de los estados de México y Michoacán.