El pasado jueves 27 de febrero a través del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, el presidente, Enrique Peña Nieto presentó un “Pacto Fiscal Nacional” con el cual se compromete a no subir los impuestos durante lo que le quede de su sexenio para dar una certidumbre económica la cual según especialistas
no existen.
La importante decisión tuvo muchas voces encontradas, puntos de vista en contra como otros tantos a favor, pero lo que es una realidad es que el primer mandatario logró dar certidumbre a la ciudadanía, principalmente a los empresarios quienes desde el primer momento estuvieron en contra de las políticas fiscales de la actual administración.
Como se dio a conocer en El Punto Crítico dicho pacto fue dividido en ocho puntos fundamentales que en su mayoría pretenden evitar los incrementos tributarios ante la ciudadanía y facilitar la recaudación fiscal aprovechando las nuevas herramientas que la Reforma Hacendaria le dotó al Estado para poder hacerlo.
El primer punto indica que a partir del presente mes y hasta el 30 de noviembre de 2018, no se propondrán nuevos impuestos ni alzas a los existentes. Tampoco se propondrán modificaciones a los beneficios fiscales y las exenciones existentes.
En pocas palabras la política fiscal nacional guiará la “recaudación tributaria” del país durante los próximos cinco años en caso de la macroeconomía del país se mantenga estable, de lo contrario el Pacto Fiscal tendrá que modificarse.
Por otra parte el segundo punto pretende fomentar una cultura de cumplimiento de las disposiciones tributarias entre la sociedad civil en general, para lograr un sistema fiscal más justo y eficiente, así como el combate a la evasión fiscal.
Lo anterior se puede notar fácilmente al percibir que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha endurecido sus procedimientos de cobros con hostigamiento constante de las empresas que no pagan sus impuestos a tiempo, y si aún así no pagan serán acreedores a una multa de arriba de los 9 mil pesos por concepto atrasado.
Sin embargo el tercer punto dice que el Gobierno federal acatará plenamente las decisiones del Poder Judicial de la Federación en materia tributaria y que reconoce el derecho de los contribuyentes para interponer juicios de amparo.
El cuarto señala que el gobierno mejorará en la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto.
Supuestamente con la regla anterior los contribuyentes podrán conocer de que manera se destinan los recursos públicos recaudados y ha donde fueron dirigidos, por lo que la nueva Ley de Transparencia tendrá un papel importante para lograr lo acordado.
En tanto, el quinto pretende mantener la trayectoria decreciente del déficit planteada en los Criterios Generales de Política Económica para 2014, en pocas palabras la autoridad intentará mantener controlado la adquisición de deuda o préstamos bancarios internacionales.
Sin embargo, el sexto objetivo describe textualmente los únicos ajustes al marco tributario se realizarán en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales, es decir se aplicará cuando exista una crisis económica.
El siete propone modificaciones al régimen fiscal del sector energético para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad cuenten con los recursos para alcanzar una mayor producción de hidrocarburos, así como una producción de electricidad más eficiente que permita reducir las tarifas eléctricas de forma sostenible.
Y el octavo mantendrá una comunicación permanente y cercana con la sociedad civil a través de todas las dependencias y organismos miembros del Gabinete Especializado de México Próspero que está integrado por los ministerios de economía.
PACTO FISCAL INSUFICIENTE
El Pacto Fiscal es insuficiente, ya que para los grandes inversionistas internacionales, el plazo de cuatro años y medio de certidumbre en materia de impuestos no les ofrece la claridad que en realidad requieren para hacer planes de inversión en nuestro país, las cuales como sabemos, son importantes detonadores del empleo y el bienestar, expresó el director de Bettinger Asesores, Herbet Bettinger .
Recalcó que aunque el Pacto Fiscal ha sido recibido por la clase política con “bombo y platillo”, en particular por los más allegados al gobierno, los grandes capitales no parecen estar tan felices con lo ofrecido por la presente administración en el sentido de que no habrá nuevos impuestos de aquí al 2018, y más bien califican a la medida como “insuficiente”.
A decir de los grandes inversionistas internacionales, el Pacto Fiscal no logra amortiguar los efectos de la reforma hacendaria, ni sirve para atraer inversiones.
Sin embargo el empresario reconoce el esfuerzo que realizará el gobierno mexicano de no aumentar los impuestos, sin duda puso “el dedo en la llaga” al puntualizar que nuestro país padece “una inestabilidad fiscal tremenda y tormentosa”
EMPRESARIOS AGRADECIDOS POR LA ENMIENDA FEDERAL
En cambio el presidente de la Concanaco, Jorge Dávila Flores señaló que el Acuerdo Fiscal “incluyó algunas de las demandas que habíamos planteado y que buscan sentar las bases para atraer inversiones y generar más crecimiento económico y empleo”.
Se congratuló porque prevé un programa de formalización de la actividad económica con la participación de Estados y Municipios, con el fin de ampliar la base de contribuyentes a través de la incorporación paulatina de las personas y unidades económicas que se desempeñan en la informalidad.
También ese acuerdo recogió otra de las peticiones de la Concanaco, para reconocer el pleno derecho de los contribuyentes y de Cámaras de Comercio a interponer juicios de amparo de modo que las partes acaten las decisiones que emita el Poder Judicial al respecto.
También dijo: “como ya lo habíamos planteado, estamos a favor del fortalecimiento de las finanzas públicas, por lo que es necesario contar con un manejo eficiente del gasto Gubernamental, sometido a rendición de cuentas, con mayor porcentaje destinado a obras de infraestructura”.
Por otro lado, estimó necesario ampliar los apoyos a las MiPyMEs, con más créditos, a tasas preferenciales, de modo que se detone el crecimiento de este motor fundamental de la economía.
Asimismo consideró positiva la propuesta de establecer niveles de déficit consistentes con la trayectoria decreciente planteada en los Criterios Generales de la Política Económica para 2014, así como medidas de austeridad para todas las dependencias Gubernamentales.
Advirtió que será indispensable fijar topes y controles estrictos a las deudas externas e interna de los tres niveles de Gobierno, ante ello, se pronunció por elevar gradualmente los recursos para las inversiones productivas, con el fin de que en 2016 representen al menos el 6% del PIB y posteriormente, en conjunto con el sector privado, se logre un nivel superior al 25% anual.
Finalmente consideró positiva la comunicación permanente con la sociedad y organismos empresariales, que ofreció el Gabinete Especializado a través de todas las dependencias que lo conforman; pero también deben continuar las mesas de diálogo, con la participación de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con el fin de dar seguimiento puntual y realizar propuestas sobre las políticas públicas que marcan el rumbo económico del país.