En el marco del Día Internacional de la Niña, implementado por la ONU para la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, donde se estipulan metas fundamentales para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, no debemos de olvidar el caso de al menos dieciocho niñas y niños que fueron vendidos por autoridades en Sonora. Esto fue reconocido hace unos días por el Ombudsman de ese estado, Raúl Ramírez Ramírez. Sin embargo, se cree que la cifra podría elevarse mucho más.
La gravedad de lo que ha sucedido en Sonora, la vulneración total del principio del interés superior de la infancia, llevó a legisladores federales y organizaciones de la sociedad civil a urgir a la PGR investigar esta red criminal. Finalmente, la PGR ha atraído el caso. La investigación estará a cargo de la SEIDO, la cual ha encontrado elementos en el caso para configurar el delito de trata de personas y de delincuencia organizada.
¿Por qué decimos que los actos cometidos por Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora, y José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, con la ayuda de una veintena de cómplices, son delitos tan graves? La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de esos delitos, señala en su artículo 10 que la venta de menores de 18 años es una de las formas de explotación en que se comete la trata.
Asimismo, en su artículo 27, la Ley impone una pena de 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa a quien entregue y a quien reciba de forma ilegal, ilícita o irregular a un menor de edad. Finalmente, para ampliar la protección de los niños y las niñas, la Ley anula todas las adopciones en que se acredite esta conducta.
Hemos estado conversando vía telefónica con personas desesperadas que nos comentan como las autoridades implicadas se aprovechaban de la pobreza y la ignorancia de la gente para arrebatarles a sus hijos, los cuales eran entregados a cambio de una suma que iba de los 80 mil a los 150 mil pesos tanto a parejas mexicanas como extranjeras. Argumentando que los menores tendrían una “mejor” vida en manos de otras personas, sustraían a los pequeños de sus hogares y de instituciones de salud pública del estado y ni siquiera los trasladaban a los albergues correspondientes, sino que simplemente “desaparecían”.
Por otro lado, cabe mencionar que hay personas comprometidas y esforzadas en luchar por la defensa de los derechos de los demás. Este es el caso de Juan Manuel Estrada Juárez, Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 y presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos Find, quién también representa a la sociedad civil en la Comisión Intersecretarial para prevenir y erradicar los delitos de Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación. Gracias a él y a algunos legisladores y funcionarios se logró la instalación de la Comisión Interinstitucional del Estado de Sonora el pasado viernes 2 de octubre.
Juan Manuel Estrada, ha realizado la noble labor de acompañar a muchísimos padres a los que les han arrebatado a sus hijos para dárselos a otros. Juan Manuel es quien presentó la denuncia que ha permitido que el país entero conozca esta situación y, más importante, empiecen las averiguaciones. Este admirable hombre es muy claro al afirmar: en Sonora no hubo adopciones, lo que se dio fue venta de niños.
En los últimos días de agosto, 16 personas fueron detenidas, entre ellas, Arzate Carbajal, Hernández López. Sin embargo, días después estos dos salieron libres. Sus declaraciones permiten saber que los menores involucrados no pasaron por un proceso de adopción, sino que fueron directamente entregados a cambio de una transacción económica. El juez encargado del caso actuó con tibieza y no tipificó el delito como trata de personas, como resultado, a Arzate Carbajal le fue concedido un amparo y hoy se encuentra prófugo.
Mientras, más de una docena de familias siguen en la búsqueda de sus hijos. Vulnerados por sus condiciones socioeconómicas, han sido nuevamente lastimados pues les han quitado una de las pocas cosas que les quedaban: sus hijos. ¿Qué futuro les esperan a los niños y niñas víctimas de esta red? ¿Cómo han podido las autoridades sonorenses actuar hasta ahora con indiferencia ante un caso que no sólo amenaza la integridad de los niños y niñas de ese estado, sino la de todos los menores mexicanos?
Esperamos que la atracción del caso por la PGR sea el punto de arranque para que se realice una investigación a fondo. Exigimos que se descubra hasta dónde llega esta red de trata que operaba desde el DIF estatal y cómo ha sido posible que hasta ahora prevalezca la impunidad. Exigimos que Iveth Dagnino como expresidenta del Sistema DIF Sonora responda ante las víctimas de este caso. Demandamos que se sepa la verdad y se haga justicia, lo que está en juego es la vida de todos los niños y las niñas de México.
Sabemos que hoy día, la Presidenta del Sistema DIF Sonora, Sra. Margarita Ibarra de Torres, anunció que se incrementarán los candados para las adopciones en el estado de Sonora.
Como Comisión Unidos Vs. Trata, demandamos que este tema no quede como muchos más al olvido y sin esclarecimiento, que se le dé seguimiento para que esta venta de niñas y niños no se haga más, que no disfracen la situación con escusas o minimicen el tema queriendo decir que fueron adopciones.
Querido lector, para denunciar marca al 018005533000 o escribe a www.unidoshacemosladiferencia.com, y recuerda pegar una hoja en blanco en tu coche, ventana o puerta para apoyar la campañaa #HojaEnBlanco #NoMasEsclavitud #NoTratemos.