Las instituciones de la República están al borde del colapso. El Ejército Mexicano, una de las pocas organizaciones gubernamentales con legitimidad, está siendo golpeada, ferozmente, por los oportunistas políticos a modo de vendetta en contra del gobierno que
encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto. Misteriosamente, diversos medios de comunicación —principalmente portales con proclividad la extrema izquierda— dieron cuenta con un video —presuntamente editado— en el que se observa, presuntamente, a un elemento del Ejército, ejecutando a un civil. En respuesta, los medios afines al régimen, difundieron un video —presuntamente completo— en el que se observa al supuesto “civil” portando armas largas, arribando en camionetas blindadas y atacando a los elementos castrenses y matando a uno de ellos.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que ese video fue tomado durante un operativo en el que los militares enfrentaron a ladrones de hidrocarburos conocidos como los “huachicoleros” y que —el mismo— forma parte de una investigación en trámite en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe señalar que esta instancia no ha hecho pronunciamiento al respecto.
En el mundo de las percepciones, pareciera que quien “pega primero” gana el afecto de la opinión pública. Los conspiranóicos, especuladores, “políticamente correctos” y los cómplices de la delincuencia organizada, utilizan —y utilizarán— el muy rentable discurso de “Ejército represor”, y tratarán de crear mártires donde, hasta hace una semana, sólo había bandoleros. A la par, las instituciones de comunicación del gobierno insistirán en que se trató de un enfrentamiento entre delincuentes y militares, sin lograr convencer a una población desencantada y desilusionada del actuar político-gubernamental. Mientras tanto, el Ejército Mexicano sigue haciendo labores de seguridad pública que debieran atender las corporaciones policiacas civiles.
Este panorama, en el que el Estado Mexicano carece de una articulación y marco legal que sustente el actuar militar contra la delincuencia organizada, se observa un panorama muy desalentador. Primeramente, por la falta de acuerdos para crear la Ley de Seguridad Interior que reglamente, con puntualidad y precisión, la forma en que las fuerzas castrenses habrán de actuar como coadyuvantes en el combate al crimen organizado. En segundo lugar, por el funesto oportunismo político de los partidos de oposición que utiliza esta lamentable situación para atacar al régimen y posicionarse en la “redituable industria de la desilusión” del pueblo mexicano. Y por último, porque con la falta de acuerdos para la promulgación del marco legal necesario para legalizar el actuar castrense, pareciera haber una cínica complicidad con la delincuencia organizada, a la que —sin querer queriendo— ayudan con los “muy convenientes” desacuerdos políticos.
Por ello, es importante hacer un llamado a los legisladores federales; al Senado y a la Cámara de Diputados, para que hagan uso de su —poco o mucho— patriotismo y emitan una norma que legalice y brinde elementos, tanto a las fuerzas castrenses como a las policías federales y locales, para poder combatir, con fuerza y firmeza, a ese cáncer que representa la delincuencia organizada.
@AndresAguileraM