El discurso oficial del gobierno mexicano, al menos de los últimos cinco sexenios, ha sido el promover el liberalismo a ultranza; permitiendo que sean las leyes del mercado (oferta y demanda) las que autorregulen la actividad económica nacional; al tiempo que, deliberadamente, se hace un debilitamiento de las instituciones del Estado Mexicano para darle paso al liberalismo voraz, que ha sido generador de las más grandes desigualdades en las sociedades modernas.
El primer pretexto para el debilitamiento de las instituciones del estado mexicano fue el excesivo gasto financiero que implicaba mantener un aparato burocrático pesado. Por tanto, se realizó un re-diseño institucional que implicó dejar de lado las actividades ajenas a la actividad propia del gobierno, en seguimiento cuasi religioso a los dictados de los “Chicago Boys”. De este modo, paraestatales y empresas propiedad del gobierno pasaron por procesos de liquidación y venta, con lo que la estructura gubernamental fue adelgazándose y, consecuentemente, menos recursos fiscales fueron destinados a esos fines y re-direccionados a otras áreas autodefinidas estratégicas.
Aunado a lo anterior, actividades consideradas como asistencialistas, que implicaban la participación directa de las instancias gubernamentales, el fomento agropecuario, la constitución de cooperativas, y el otorgamiento de subsidios indirectos para la comercialización y distribución, como lo era la participación directa de instancias gubernamentales en estas actividades, fueron sustituidas por políticas de subsidio que, al final del camino, poco han logrado en el intento por potencializar la actividad económica nacional.
Desde finales de la década de los ochentas del siglo pasado, México tomó la ruta del neoliberalismo. El papel del Estado en el desarrollo económico del país ha sido, en el mejor de los casos, meramente contemplativo, pues dejó de lado el ser un instrumento para generar bienestar, para volverse un mero espectador. Bajo el pretexto de una disciplina fiscal impuesta por teorías gestadas desde los pupitres de las universidades extranjeras, el Estado ahora sólo sirve como un mero policía; sólo debiera brindar seguridad y mantener su participación al margen de la vida de las personas y sólo intervenir en aquellos supuestos en los que el individuo lo requiera.
Desgraciadamente, la realidad se opone —constante y permanentemente— a la visión “bondadosa” de los defensores a ultranza del libre mercado y la participación marginal del Estado. En México, el crecimiento económico no se ha traducido en bienestar social, por el contrario, se ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres. La clase media pareciera estar condenada a desaparecer. Mientras los números macroeconómicos reportan un crecimiento constante y sostenido; las familias mexicanas ven afectado, de forma brutal, su poder adquisitivo. El salario no rinde como solía hacerlo y cada vez es más difícil lograr hacerse de bienes y satisfactores. Ante esta situación es dable cuestionarse: ¿Qué será mejor: mantenerse en la ruta trazada, donde el panorama sólo muestra mayor distancia entre pobres y ricos, o regresar a un pasado donde el salario alcanzaba y había oportunidad de desarrollo para todos?
@AndresAguileraM