Como se ha comentado en este espacio desde que inició el presente año, la beligerancia en las campañas políticas han cobrado más relevancia que las
propuestas o visiones de país. En tanto que el puntero se ha dedicado a mandar mensajes cifrados hacia los sectores de la sociedad en los que, tradicionalmente, no ha tenido buena aceptación; los otros dos se disputan, de forma encarnizada, el segundo lugar. Las condiciones de violencia cobran mayor intensidad tanto en el lenguaje como en las acciones de campaña, mismas que incluyen, invariablemente, la difusión de información sobre el presunto actuar corrupto de ambos.
Por un lado, Ricardo Anaya, candidato de la coalición "Ciudadanos al Frente" es acusado, de manera informal, por lavado de dinero y transacciones comerciales poco claras, aunada a las constantes acusaciones sobre una fortuna que posee y que, difícilmente, ha podido explicar su procedencia. Por otro lado, está José Antonio Meade, candidato de la coalición "Todos por México" a quién han acusado de ser artífice del "gasolinazo", tapadera y cómplice de la "estafa maestra", además de cargar el peso de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, que ha sido una de las más cuestionadas e impopulares de la historia reciente del país, así como la mala fama y negativos que trae consigo el Partido Revolucionario Institucional. Esto ha dado pauta para que, tanto unos como otros, dediquen la mayor parte de sus participaciones públicas a la crítica y a la denostación de sus adversarios, sin que ello muestre algún tipo de alteración, hasta el momento, con respecto a las preferencias electorales.
La contienda, oficialmente, aún no comienza, pero ya cobra sus primeras víctimas. La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido, sin lugar a duda, la primera. El anuncio de una presunta investigación en contra del candidato de la coalición "Ciudadanos al Frente", la ha vuelto parte en la contienda electoral y, con ello, se disminuyen sus bonos de legitimidad ante la sociedad. Esta institución, que servirá de base para fundar la nueva Fiscalía General de la República, se aprecia, por un importante sector de la población, como instrumento fatídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para tratar de bajar las preferencias hacia el candidato opositor; lo que no abona -en nada- a las condiciones de gobernabilidad del país.
Lo cierto es que la incursión de la PGR en la contienda electoral implica un debilitamiento, innecesario -y hasta riesgoso- de una de las instituciones más importantes de la República. La organización encargada de la procuración de justicia en el país requiere mantenerse ajena a los avatares y fluctuaciones de la arenga política, pues de su credibilidad depende una gran parte del sistema de investigación criminal, la persecución y presentación ante los juzgados de quienes cometen los delitos.
Independientemente que las acusaciones en contra de Anaya tengan sustento o no, hoy por haber sido enlodadas con el tema político electoral, cualquier tipo de acción de naturaleza penal será ampliamente cuestionada. De este modo, si las imputaciones llegaran a ser fundadas y robustecidas por una investigación jurídica y técnicamente bien lograda, el actuar de la institución sería señalado como un movimiento de naturaleza política y así generar un posible halo de impunidad.
Por ello, usar a las instituciones de la república con fines aviesos y coyunturales, trae consigo repercusiones sumamente perniciosas, sobre todo a un país que aspira a alcanzar una democracia plena.
@AndresAguileraM