El 16 de junio de 2016 cobró plena vigencia el nuevo Sistema de Justicia Penal en México. Su anuncio fue hecho, con bombo y platillo, por instancias locales y
federales, como si a través de su implementación, se fuera a terminar con la percepción de ineficiencia de los órganos judiciales. Cierto, filmes como “El Túnel” o “Presunto Culpable”, que abordaron de forma enfática las deficiencias del procedimiento penal mixto, hicieron que la presión social aumentara para transitar a un sistema más transparente, oral, ajeno al “pasado autoritario” y, sobre todo, confiable. De este modo, la gente aceptó la idea de que el Sistema Oral y Acusatorio sería la alternativa a una nueva justicia penal, más humana y democrática.
A dos años de su plena vigencia, el Sistema Penal Acusatorio está mostrando una fase que no es muy bien aceptada por la mayoría de la gente: su proclividad garantista, en la que se hace valer —en primerísima instancia— el derecho humano que reza “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Así, la Constitución establece que los jueces sólo ordenarán prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por otro lado, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando acredite fehacientemente que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, lo que contrasta con la visión colectiva de una justicia pronta y expedita, pues la mayoría de la gente estaba acostumbrada a que primero se encarcelaba y después se averiguaba.
Así, para muchos actores políticos, principalmente aquellos que formaban parte de grupos radicales y proclives a la izquierda, la transformación del sistema mixto al acusatorio, implicaba que el aparato de justicia, por ser oral y transparente, dejaría de estar al servicio de los intereses del régimen antidemocrático y que, de alguna manera, esto facilitaría una justicia más pronta y expedita, que salvaguardara la integridad del procesado y que pondría, en una balanza equilibrada, a las partes en disputa como en las otras ramas del derecho. De alguna manera, esto ha ocurrido pues se instituyó un procedimiento único para todo el país; se crearon juzgados de control, instrucción y proceso; se ordena grabar en video las audiencias que, de paso, son públicas y accesibles a cualquier interesado. Es decir, la justicia penal se ha vuelto pública y al alcance de todos. Sin embargo, el grueso de la gente, aquellos que no conocen los pormenores de la legislación y los alcances de la justicia y que están ajenos a las arengas y cuestiones políticas, consideran que ha habido un gran retroceso y que no hay justicia, pues los delincuentes comunes —como los asaltantes y ladrones—, que antes eran aprehendidos y que llevaban su juicio en prisión, hoy lo hacen en libertad y, en la mayoría de los casos, siguen delinquiendo de forma impune.
El nuevo sistema penal debe ser revisado, sin lugar a duda, pero también es necesario evaluar verdaderamente sus bondades y defectos, para evitar disyuntivas perniciosas que nos obliguen a considerar que tiempos pasados fueron mejores.
@AndresAguileraM