Desde el momento en que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, hizo su registro como precandidato a Presidente de la República,
durante el mes de diciembre del año pasado, aseveró que de llegar a la Presidencia, uno de sus objetivos fundamentales, sería el Combate a la inseguridad, a través del cual, atendería las causas sociales y económicas que generen la violencia, reiterando que otorgaría amnistía a “infractores que opten por su readaptación, como ha sucedido en otros tiempos en nuestro país y en el mundo”.En este sentido, las reacciones no se hicieron esperar y esta propuesta fue seriamente criticada por distintos sectores, desde el político, social hasta el empresarial.
En el mes de julio pasado, una vez que LÓPEZ OBRADOR resultó ganador electo, la designada para dirigir la Secretaría de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, afirmó estar esbozando el proyecto respecto a la amnistía, argumentando que es un tema de justicia social y que posiblemente el período para considerar el tema, sería desde diciembre de 2006, cuando el otrora Presidente, FELIPE CALDERÓN, ordenó la militarización de las calles.
Durante la administración actual, el Ejército y la Marina continuaron su labor frente al narco teniendo funciones en algunas ciudades para salvaguardar la integridad de los mexicanos, lo cual fue criticado por el entonces candidato de MORENA, señalando que la militarización llevaría a una crisis de seguridad.
Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, el Presidente Electo, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, a través de ALFONSO DURAZO, quien presumiblemente fungirá como Secretario de Seguridad y explicó que el proceso para otorgar amnistía a narcotraficantes, será previo condicionamiento a no volver a delinquir y sujetos a “una reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad y al desarme”.
Se menciona en el documento que los criterios para la amnistia se hará a del Consejo de Construcción de Paz, deseo que los mismos no vayan a ser somentidos a consulta popular, porque se corre el riesgo de poner en la calle a delincuentes que deben seguir en prision.
Esperemos la instrumentación del mismo Consejo, pero sobre todo debe ser suficientemente transparente para las victimas quienes también tienen derecho a opinar, porque finalmente el victimario es un infractor de la Paz social.