Invadir predios y solicitar su expropiación es una medida ilegal que ha permitido el Gobierno del Distrito Federal operar por conveniencia política y clientelar. Hay más de 300 casos registrados en las estadísticas de la Procuraduría capitalina y hasta ahora no se ha investigado ninguno aunque las leyes señalen la obligatoriedad de la autoridad de proteger a los particulares, lo que demuestra que el partido en el poder sigue cometiendo violaciones a la ley con tal de ganar créditos electorales. Construir vivienda donde esta prohibido es una actividad habitual en el Instituto de Vivienda ya que lo han convertido en un instrumento de cooptación política.
Las filas de los solicitantes se integran solamente por los militantes del Partido de la Revolución Democrática, los tricolores y blanquiazules, o los militantes de las demás fuerzas políticas, son enviados a la lista de espera. Si alguien tiene la ocurrencia de protestar por esta circunstancia, simplemente desaparece de las listas del registro en la institución, y nunca mas vuelve a formar parte de otra lista porque es declarado persona no susceptible de crédito. El pretexto del interés social está por encima de los derechos de los ciudadanos aunque se cometan delitos, y por consecuencia quienes protagonizan las decisiones incurren en practicas delincuenciales. Un ejemplo de ello es el predio marcado con el número 18 de la calle de Estenógrafos, en la Colonia El Sifón.
Primero se colocó un letrero que anunciaba su expropiación para el "Bloque Urbano Popular", esa presunta organización con cercanía innegable al ahora defenestrado Rene Bejarano, quien desde luego que conoce profundamente el negocio porque la Unión Popular Nueva Tenochtitlán, que lidera también, fue parte importante de la formación y conformación del PRD. Después fue ocupado por las huestes perredistas y se utilizaba como bodega de despensas y salón de fiestas. Ahí se depositaron aquellos paquetes de ayuda que se enviaron a Guerrero para los damnificados del Huracán Ingrid y la Tormenta Tropical Manuel, y que fueron regresados a la Ciudad de México para utilizarlas en beneficio del partido. Eso y mas aportaba el ahora olvidado Ángel Aguirre Rivero, futuro cliente de la justicia y a quien ahora observan como un delincuente.
El Instituto de Vivienda comenzó hace meses la construcción de cuatro grandes edificios de departamentos pese a que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley de Construcción vigentes son claras y lo prohíben. Poco importa cuando los intereses de un pandilla están por encima de todo. Los vecinos de la Colonia El Sifón han acudido a todas las instancias gubernamentales y en todos lados les dicen lo mismo: el Instituto de Vivienda no tiene obligación de obtener permisos. Eso quiere decir que quien está obligado a la observancia de la ley puede violarla impunemente porque de lo que se trata es de satisfacer los requerimientos de cooptación política del partido en el poder. Como dije antes, solamente se opera par que el perredismo siga siendo la institución detentadora y depositaria de los beneficios de la vivienda construida por el Gobierno de la Ciudad de México. Pobre ciudad. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.