Desde el punto de vista legal, el crimen es una conducta de acción u omisión tipificada por la ley como antijurídica y punible. El concepto está vinculado al de delito, y suele usarse en un sentido genérico.
De ahí que los estudiosos del derecho se hayan preocupado por mantener actualizado el catálogo de estos y las penas en que incurren quienes los cometen, pero también hay que señalar que existen delitos que no se castigan a causa de esa maldita impunidad que es ya tradición en este país.
En México hay muchos tipos de crímenes y criminales, pero sobre todo, complicidades que dejan sin castigo a quienes desde la estructura gubernamental se dedican a prevaricar con el poder.
El más claro ejemplo de lo que valen las personas para la justicia es el de los llamados “huachicoleros” que en su modalidad de crimen organizado se dedican a hurtar el combustible que circula por la red de ductos a lo largo y ancho del país, y que causan un grave daño a las finanzas públicas.
Pero también hay que aclarar que en el improbable caso de que sean aprehendidos seguramente obtendrían su libertad por esas complicidades que siguen existiendo en el ámbito legal y gubernamental. Los hechos ocurridos en Puebla la semana pasada resultan emblemáticos de la descomposición social y legal que está viviendo el país. Diez muertos habla de una verdadera tragedia, y lo peor es que cuatro de ellos fueron soldados.
Pese al discurso de que no habrá impunidad, lo previsible es que la investigación de los hechos dilate mucho tiempo por la participación de pobladores y menores de edad, lo que evitó la identificación plena y clara de los principales responsables, esos que seguramente seguirán coludiendo a los moradores de los lugares donde pasa la red de ductos. Pero hay que decir que la principal causa es esa maldita pobreza que se nos ha enquistado por todas las latitudes del país.
Esa pobreza seguirá siendo el principal elemento para que los criminales atraigan a hombres y mujeres para encubrir su actividad delincuencial. Pero también hay algo que nos tiene que llamar la atención, y no es otra cosa que la participación de niños que han sido utilizados por las bandas criminales como escudos para evitar la aplicación de la ley. No sé si esto se deba llamar colusión o simplemente necesidad y pobreza.
¿Qué diferencia puede haber entre una familia que a través del crimen organizado daña un ducto propiedad de la nación, y un funcionario público que dispone arbitrariamente del dinero público en su provecho? En el primer caso lo previsible es que la justicia sea pronta y expedita, pero en el segundo las complicidades permitirán que la impunidad se haga presente cuando debiéramos medir a todos con el mismo rasero. Así de simple es nuestra concepción de justicia. Al tiempo.
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