Mientras la mañanera transcurre como cada día al interior de Palacio Nacional, afuera, en
uno de los muros de la fachada, entre las pintas que demandan acciones contra el feminicidio que nos lacera como sociedad, luce pegada una cartulina con una leyenda entre interrogaciones en la que se le pregunta al Presidente: ¿a cómo el cachito de justicia?
Así se sintetiza la realidad que vivimos en México: violencia, inseguridad, impunidad, corrupción y falta de estado de derecho que en su embate arrastra todo: homicidios, feminicidios, secuestros, bloqueos y asaltos todos los días, y enfrente un gobierno minimizando las protestas y los efectos del intenso clima social; un presidente tratando de distraernos con un decálogo sacado de la manga, que no convenció a nadie y que sigue culpando al neoliberalismo de los males que no ha sido capaz de resolver.
Mientras tanto afuera, nuestro país es monitoreado y calificado: México está muy lejos de que su sociedad tenga mejores oportunidades de desarrollo, según un informe de la organización World Justice Project (WJP) Índice del Estado de Derecho o cumplimiento de la ley, indispensable para la mejoría de un país.
La organización internacional hizo encuestas y entrevistó a expertos en diversas especialidades para saber si se respetan las leyes en ocho temas: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de reglas y justicia civil y penal.
La conclusión, México ocupa uno de los últimos sitios del llamado Índice del Estado de Derecho 2019-2020.
Todas las entidades del país reprobaron o, en el último de los casos, mostraron un estancamiento en el rubro “orden y seguridad”, quedando en la posición 117 entre 126 naciones, al igual que en el renglón de corrupción. En materia de justicia penal México se ubicó en el lugar 115 y en justicia civil, en el 113.
La ausencia en el cumplimiento de las leyes deriva en barbarie. Desgraciadamente debemos reconocer que estamos muy lejos de ser un país preocupado siquiera por establecer el orden social. Los ejemplos abundan porque desde el mismo gobierno se advierte falta de conocimiento de las leyes o la imposición de decisiones con fines políticos, inclusive la promoción de modificaciones de las normas para imponer caprichos.
El riesgo de seguir con esta ausencia del estado de derecho en México es que, en poco tiempo, se acreciente, aún más, la violencia; que los ciudadanos seamos despojados “legalmente” de nuestros bienes; que quienes vandalizan generalicen sus destrozos, inclusive en la propiedad privada; que un gobierno use de manera indiscriminada los recursos públicos; que un movimiento político pretenda apoderarse de las instituciones; o que pequeños grupos oportunistas frenen los grandes proyectos de desarrollo, sin que las autoridades hagan nada.
“No basta con tener leyes, hay que aplicarlas”
¿Quién pone orden en la casa?