Hay de renuncias a renuncias, pero prácticamente todas en esta administración han estado marcadas por la controversia, por las verdades que no esperaríamos escucharlas en la voz de los hombres del presidente, con un abierto rechazo al gobierno, a las formas,
a los procesos y a la sordera para entender los pros y los contras de las decisiones.
Las renuncias en el gabinete presidencial en apenas dos años de gestión, evidencian no solo las pugnas al interior del círculo en el poder, sino también la decisión de Andrés Manuel López Obrador de gobernar pensando en el efecto ideológico y populista, antes que en las consecuencias legales, económicas o sociales de sus acciones.
Una de las primeras bajas importantes fue la renuncia de Germán Martínez a la dirección general del Seguro Social, denunciando la injerencia perniciosa de la Secretaría Hacienda en el IMSS, donde dijo, pretendieron imponer políticas de austeridad “sin racionalidad y sin apego a las normas.
Unos meses después sobrevino una fuerte sacudida con la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. Un funcionario que lo acompañó muchos años y que diseñó gran parte del proyecto transformador de López Obrador, pero que no consintió más la falta de sustento en la toma de decisiones de política pública, ni la imposición por personajes influyentes, de funcionarios que dijo en su carta, no tienen conocimiento de la hacienda pública.
La andanada de renuncias se dejó venir, una tras otra: Guillermo García Alcocer (CRE), Tonatiuh Guillén López (INM), Mónica Maccise (Conapred), Asa Christina Laurell (SSA), Javier Jiménez Espriú (SCT) fuerte también al renunciar por diferencias con la decisiones del presidente, acerca del control aduanal en manos del Ejército y la Marina, Víctor Manuel Toledo (Semarnat); y apenas el pasado 22 de septiembre, Jaime Cárdenas Gracia, quien denunció actos de corrupción, falta de respeto a la normatividad y anomalías en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Más de diez funcionarios de primer nivel han decidido bajarse del barco, decepcionados a todas luces, con las formas que se fomentan o se toleran desde Palacio Nacional y que han tenido como respuesta del propio presidente expresiones de denostación a su trabajo.
“No se puede tener a nadie a la fuerza, hay que trabajar a gusto” “No comparto su punto de vista” sobre Martínez Cázares.
“No está conforme con las decisiones que estamos tomando” “No podemos poner vino nuevo en botellas viejas” sobre Urzúa.
”Se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos” “El que se aflige se afloja” sobre Cárdenas.
Es evidente el mal funcionamiento de un gobierno que privilegia los intereses clientelares y electorales sobre el interés de la Nación, escudado en una falsa política asistencial.
Y en medio de la severa crisis sanitaria, económica y financiera otros funcionarios se mantienen al amparo del presupuesto, pensando más en el cargo que en el encargo, Manuel Bartlett (CFE), Alfonso Durazo (SSyPC), Rocío Nahle (Sener) e Irma Eréndira Sandoval (SFP), todos con intereses ajenos, o bien, con sombras de corrupción en sus gestiones.
Otros más, en calidad de “floreros”: Olga Sánchez Cordero (Segob), Miguel Torruco (Sectur), Jorge Alcocer (SSA) y Esteban Moctezuma (SEP), grises, sin el menor interés por rescatar la dignidad del servicio público.
Sin brújula en el camino, ni respeto por las formas y sin los estrategas que todo líder requiere, el gobierno avanza de manera errática ante los temas centrales que debería tener bajo control: no se ven la paz rescatada, ni la curva domada, ni la economía recuperada
Las voces autocriticas de los que se han ido revelan una radiografía muy distinta, contrastante con el discurso triunfalista que se da todas las mañanas.
22 meses encaminados, sin rectificar el rumbo y sumidos en una crisis de confianza y credibilidad.
¿Quién pone orden en la casa?