Desde 1814, el gran Morelos, en su magnífico documento, "sentimientos de la nación", propone para la construcción
de una nueva nación -gobernada de manera republicana, es decir, por gobiernos de elección popular-, la necesaria división de poderes: presidencial, legislativo y judicial.
Esta aspiración democrática republicana, formaba parte del pensamiento liberal que guio a la revolución francesa y encontró en la independencia norteamericana su primer triunfo constitucional.
Esa, y muchas ideas libertarias más se incorporaban en las nuevas constituciones de Europa, y llegaron a México, y encontraron su primer gran resultado en la Constitución de Apatzingán en 1824.
Ahí quedó plasmada esa gran aspiración de integración de la forma de gobierno; República Democrática Federal. Varios países tomaron esos conceptos para integrarlos en su nombre oficial. Esa que parece ser una utopía llega sin afianzarse hasta la Constitución de 1917; su interpretación venía de una tremenda lucha contra una larga dictadura personal, que se prolongaría con otros nombres. La idea no triunfa completa; lejos de establecer que el poder judicial sea integrado por elección popular, se delega en el congreso su nombramiento.
Los nuevos gobiernos surgidos de la revolución, todos encabezados por caciques, tenían como supremo objetivo convertirse en los nuevos dictadores.
No tenían concepto ni proyecto de nación, aunque ya estaba escrito y aprobado; no tenían idea de qué es el Estado y mucho menos de cómo se puede construir uno; no pudieron formar gobierno, aunque fusilaron a todo aquel que se les atravesaba; y estaban muy lejos de la construcción de una república.
Un caudillo logró aplacar a los otros caudillos, eliminando estorbos, y luego hizo que se modificara la constitución con dos propuestas de beneficio personal: 1) volver a permitir la reelección, y 2), acabar con la relativa división de poderes, entregando al presidente de la república el privilegio de nombrar al poder judicial.
De entonces a la fecha, casi cien años, desde el poder presidencial y con diversos trucos se ha modificado la constitución para que no parezca que el poder judicial depende del presidente.
Así funcionó, de acuerdo con los intereses de los grupos gobernantes y de los dueños del país durante todo este tiempo.
¿Había justicia?
Claro que no, pero no había formas de impugnarla excepto con dinero. Eso sigue igual, la injusticia tiene precio y vendedores. Los compradores son circunstanciales. Lo que cambió y es trascendente, es que los aparatos de injusticia han crecido tanto y tienen tanto poder, y llegaron obedeciendo a otros intereses, que ahora rechazan las instrucciones presidenciales.
Andrés Manuel López Obrador, de todos mis respetos y admiración, llegó al poder contra viento y marea; desafió al poder establecido y ganó; Maquiavelo dice que esa es la parte fácil; lo difícil es conservar el poder. Para conservarlo, amlo hizo demasiadas concesiones y una de ellas fue dar por hecho que tarde o temprano el poder judicial, corrupto por naturaleza, lo apoyaría.
Está claro que no es ni será así. ¿ Qué sigue ?
Para este gobierno se ha terminado el tiempo legislativo. Amlo encabezará una nueva gran jornada electoral para darle a la mezcla de intereses políticos que se cobijarán bajo su magia, la oportunidad, difícil, de lograr mayoría constitucional en la próxima legislatura.
¿ Cuál debería ser la propuesta cuando alguna alianza política logre tener esa mayoría ?
No bastará con modificar algunos artículos para proponer la elección popular de los llamados ministros de la corte; es necesario que todo el poder judicial, que en su gran mayoría NO existe, se integre por elección popular a partir de sus lugares de origen, cubriendo requisitos de carrera judicial, desde jueces municipales, estatales y federales, pasando por jueces de distrito municipales, estatales y federales, hasta la integración de cortes municipales, estatales y federales.
Por ahora eso sólo existe en materia federal bajo caprichos centralistas, y en cada Estado se aplica casi igual, pasando por encima de los municipios.
Eso les resultará casi imposible de comprender a muchos políticos de ahora y de las siguientes legislaturas. Baste decir que así existen en muchos países.
Es elemental que nada de esto ocurrirá por ahora. Seguirán imponiéndose los criterios de un monstruo llamado consejo de la judicatura que ha sido un gran instrumento de control político y de reparto de puestos entre familias.
Los sentimientos de la nación, siguen insatisfechos y lejanos.
Con sentimientos encontrados plantearemos otras utopías autorizadas desde 1917 y por ahora borradas y/o manipuladas.
arturo salcido beltrán
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*diputado federal por el partido comunista mexicano, 1979-82.
*presidente del colegio nacional de economistas, 1989-92.
*director de publicaciones del instituto politécnico nacional, 2001-10.
*director de ciencias del mar de la secretaría de educación publica, 1992-95.
*director de programación y presupuesto del ipn, 1985-92.
*coordinador de las escuelas de ciencias sociales del ipn, 1979.
*autor del proyecto de iniciativa de ley, nueva constitución política de los estados unidos mexicanos.
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*diputado federal por el partido comunista mexicano, 1979-82.
*presidente del colegio nacional de economistas, 1989-92.
*director de publicaciones del instituto politécnico nacional, 2001-10.
*director de ciencias del mar de la secretaría de educación publica, 1992-95.
*director de programación y presupuesto del ipn, 1985-92.
*coordinador de las escuelas de ciencias sociales del ipn, 1979.
*autor del proyecto de iniciativa de ley, nueva constitución política de los estados unidos mexicanos.
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