Hay que educar para el respeto. Solo así podremos convivir. Estamos llamados a entendernos, a restaurar el orden y la legalidad, allá donde se violen las leyes que nos hemos dado entre todos. Tanto la necedad independentista como aquellos
nacionalismos que nos aíslan han de pasar página. No tienen sentido en un mundo como el actual. Con esto no quiero decir que aquellos pueblos de singular cultura no protejan su legado histórico. Pero estos legítimos sentimientos han de ser respetuosos también con las reglas de juego democrático, que nos engloba a todos los miembros de una nación. Hablo, naturalmente, del caso español de una comunidad autónoma como la catalana, verdaderamente protegida por los poderes del estado democrático, que vienen actuando a mi modo de ver de manera ejemplarizante, en cuanto a la proporcionalidad de actuaciones y la mano tendida siempre, aunque la paciencia y la prudencia han de tener un límite, para que las instituciones retornen a sus obligaciones constitucionales, recogidas en la norma más importante que tenemos todos los ciudadanos españoles, la Constitución de 1978.
Confieso que es muy dolorosa esta situación catalana, pero la Constitución es norma de normas y como tal hemos de tomar conciencia de ello, pues es lo que garantiza la concordia entre todos, mediante la indisoluble unidad de la Nación, patria común e indivisible de todos los españoles; sin obviar, que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran así como el activo solidario entre todas las comunidades. En consecuencia, el gobierno de una Comunidad Autónoma y su parlamento, no pueden ni deben actuar fuera del Estado de derecho. No nos dejemos atrapar por la mentira permanente. Los diversos poderes del Estado (legislativo, ejecutiva y judicial) están obligados a intervenir y a actuar con todo el peso de la ley. El Presidente del Gobierno, ha logrado forjar un consenso, tanto dentro del país como fuera de nuestras fronteras, de mayoría cualificada para actuar. Precisamente, es la Constitución de 1978, la que nos garantiza la convivencia democrática y el autogobierno. Asimismo, el poder judicial continúa con sus actuaciones, advirtiendo que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida. Todo el Estado, en suma, nos ampara a todos para corregir los abusos de poder o las desviaciones de los diversos gobernantes.
Ciertamente, los españoles somos un país de fuerte calado democrático, colaborando en todo momento en el fortalecimiento de unas relaciones armónicas, que, además ha colaborado en ello el espíritu constitucionalista de 1978, nuestra ley fundamental, que también cuenta con un título para su reforma. Lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto, se ignore y cada cual la modernice como le venga en gana. El procedimiento es claro y ahora toca salir de esta grave crisis que nos fractura, aplicando, como no puede ser de otra manera, la ley para volver a la unidad de España, a través del artículo 155, instrumento esencial para garantizar la soberanía nacional. Está claro que el gobierno y el parlamento catalán no cumplen con las obligaciones que la Constitución y el Estatuto le imponen, actuando de forma sectaria y extremista, lo que atenta gravemente contra el interés general de España, por lo que es de justicia garantizar la supervivencia democrática. Ojalá, más pronto que tarde, despierten los dirigentes de esa Comunidad Autónoma, retornen a la legalidad, y ese deber de hospitalidad que siempre ha tenido la ciudadanía catalana se acreciente hermanándonos todos. En suma, que los cambios son necesarios, las reformas indispensables, pero no al margen de la ley. Para empezar, tal vez los sistemas educativos deberían reeducar más y mejor en ese vínculo de unión y unidad que todos requerimos para cultivar el sencillo arte de vivir como ciudadanos solidarios dentro de un reino a