En tan sólo dos años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha registrado 513 personas detenidas en marchas, mítines y plantones que se han realizado en todo el país, dio a conocer el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Según el organismo que aglutina a las asociaciones defensoras de derechos humanos más importantes del país, explica que
sólo en los movimientos a favor de la aparición de los 43 normalistas desaparecidos se realizaron 68 detenciones, de las cuales 53 ocurrieron entre septiembre y diciembre del 2014.
Además dieron a conocer que a pesar de las protestas aún dos personas continúan en prisión siendo Abraham Cortés Ávila, sentenciado a 13 años 6 meses de prisión por los disturbios del 2 de octubre del 2013 a quien se le acusa de tentativa de homicidio y Fernando Bárcenas Castillo, a quien culpan de incendiar un árbol de Navidad en Paseo de la Reforma en diciembre del 2013.
Por su parte, la promotora de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Citalli Hernández, aseguró que en el Distrito Federal la mayoría de las detenciones ocurrieron en redadas masivas realizadas por elementos de seguridad pública.
Detalló su preocupación al afirmar que en lugar de que el gobierno fortalezca sus canales de comunicación, el entendimiento y una resolución positiva de los conflictos, se percibe que las estrategias de criminalización se han convertido en acciones autoritarias de los tres órdenes de gobierno.
Precisó que los tres poderes de la Unión han estado trabajando en una estrategia clara de criminalización de la protesta social desde las leyes, las detenciones y violaciones al debido proceso, destacando que la muestra son las iniciativas de ley que pretenden regular las marchas.
Puso como ejemplo la ley de marchas para el DF, la ley de movilidad que se aprobó en la Cámara de Diputados, la ley bala en Puebla, el protocolo de control de multitudes en el DF, así como leyes de reglamentación de la protesta en Quintana Roo, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí.
Indicó que también se modificó el Código Penal Federal para cambiar los tipos penales como delito de terrorismo y delincuencia organizada.
En cambio Jesús González, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) expresó que la mayoría de las detenciones presentan fallas del sistema de procuración y administración de justicia.
Mientras tanto Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la mayoría de los detenidos son golpeados y humillados, para después ser acusados de delitos graves.
Finalmente, explicó que el promedio de las fianzas cobradas para liberar a los detenidos en manifestaciones rondan entre los 11 mil y 160 mil pesos.
De acuerdo con las ONG´s el 90% de los capturados son jóvenes que oscilan entre 16 y 20 años, de los cuales 320 fueron detenidos en la capital del país; 43 en Oaxaca; 50% salieron bajo caución. 70% son estudiantes de preparatorias o universitarios.