Tras aceptar que aún existe rezago social en muchos mexicanos, el presidente, Enrique Peña Nieto, aseguró que luchará incansablemente para lograr que todos los ciudadanos tengan acceso al Estado de Derecho y que el gobierno tiene la obligación de garantizarla.
En el Museo Nacional de Antropología e Historia ubicado en el Bosque de Chapultepec, el primer mandatario de la nación remarcó que el fin último del derecho es la justicia, afirmando que el Estado tiene la obligación de garantizarla a todos sin excepción.
“Mejorar la justicia cotidiana implicará, en el fondo, renovar nuestro pacto social, un pacto en el que los ciudadanos reafirmen su confianza en la ley y en las instituciones, y en el que las autoridades demuestren su compromiso de servicio con la sociedad”, afirmó.
Junto a especialistas y varios miembros del gabinete de la federación, aceptó el ejecutivo federal que en muchos casos “la justicia ha sido rebasada” y que su acceso suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, provocando que los ciudadanos se sientan insatisfechos por su aplicación.
Por lo tanto señaló que el Gobierno de la República cree firmemente que ha llegado el momento de cambiar las cosas y que la injusticia social no puede seguir más tiempo.
Además expresó su reconocimiento al CIDE por la organización de los Foros de Consulta: siete temáticos, ocho especializados y uno virtual, en los que participaron más de 400 expertos, en un ejercicio abierto y plural.
Recordó que el pasado 27 de noviembre presentó a la nación una agenda de diez medidas para mejorar las condiciones de seguridad y de justicia en nuestro país, y una de ellas contemplaba acciones para hacer efectivo el acceso a la justicia. Concretamente, añadió, “me comprometí a enviar al Congreso de la Unión, iniciativas de reforma para mejorar la justicia cotidiana”.
Explicó que el Gobierno de la República analizará a profundidad las propuestas que hoy entregó el CIDE, y “habremos de instrumentar las recomendaciones de política pública y las propuestas de reforma que se determinen prioritarias”.
También, ordenó al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal para coordinar los trabajos necesarios para hacer realidad las propuestas y añadió que por su trascendencia y alcance en estricto respeto a la división de Poderes para que se apliquen.
Por su parte Sergio López Ayllón, director del CIDE, destacó que el documento que entregó al Presidente Enrique Peña Nieto contiene 217 recomendaciones que constituyen más un programa de acción de largo aliento que puede servir de base para elaborar una política pública nacional de acceso a la justicia.
Consideró que la construcción de esa política debe responder a una agenda, y por ello, informó que entre las propuestas se identificaron cuatro temas prioritarios: la creación de centros de asistencia jurídica temprana, que podrían evolucionar a constituir una defensoría pública y vigorosa; regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados; revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y diseñar un nuevo modelo de justicia familiar.
Asimismo, propuso al Presidente Peña Nieto que convoque a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe los resultados encaminados a esos objetivos. Afirmó que “ésta es la gran agenda pendiente de nuestra democracia constitucional, y me atrevería a decir, la agenda de la que depende en parte su vigencia. Es la base sin la cual los grandes problemas nacionales no podrían encontrar su solución”.
Precisó que el diseño de esa política nacional no impide iniciar acciones que permitan mejorar las condiciones concretas de acceso a la justicia. “Nuestro planteamiento se complementa con otras ocho acciones precisas, competencia plena del titular del Ejecutivo Federal, y otras seis que implican esfuerzos conjuntos de los gobiernos estatales y la federación”, explicó.