Después de que las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda en el Senado de la República, en la madrugada de ayer aprobaran el dictamen en lo general sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el pleno del Senado en la tarde de ayer inició con las discusiones durante la sesión del periodo extraordinario.
Después de discutir los diversos puntos de vista, cerca de las nueve de la noche en la Cámara de Senadores, con 116 votos a favor y cuatro en contra, se aprobó en lo general la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
La discusión inició con las primeras tres leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción que comprenden la ley General del Sistema; la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Ley 3de3) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En sus participaciones, los Senadores del Partido Verde, afirmaron estar comprometidos con el llamado de la sociedad y la exigencia ciudadana de erradicar la corrupción y comentaron que votarían a favor del dictamen antes mencionado.
“Reconocemos que ha sido un trabajo difícil, pues integrar en un sólo documento las diversas posturas de los Grupos Parlamentarios, el trabajo legislativo es realizado con responsabilidad, dejando atrás conflictos partidistas y enfocándonos siempre al beneficio social”, afirmó el senador Jorge Aréchiga Ávila.
De la bancada PT-Morena, el senador Manuel Bartlett Díaz, criticó el SNA pues “el Presidente permanece impune”, y presentó su voto particular en contra del dictamen, pues afirmó que no se tiene una “auténtica separación e independencia entre los vigilantes y vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes. Serán instancias partidocratizadas, subordinadas, y poco confiables”, agregó.
Además, el legislador petista calificó como insuficiente la publicidad con la que los servidores públicos presentarán sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales y evidenció que el SNA: “no establece como sanción penal a servidores públicos y a empresas, la extinción del dominio por delitos y faltas graves de corrupción”.
Por último, Bartlett enfatizó “la necesidad de atacar la corrupción presidencial que ha permitido que los gobernadores se conviertan en unos delincuentes. Se debe revisar los periodos donde determinados ex presidentes son capaces hasta de poner Secretarias de Relaciones Exteriores” y puntualizó que de no atacarse la corrupción presidencial el SNA quedará en una mera simulación.
Por su parte, los senadores del grupo parlamentario del PRD coincidieron en que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es un buen producto legislativo, pero que se requerirá voluntad política para que signifique un verdadero cambio en la percepción de la gente y en el combate a la impunidad y la corrupción.
Con su voto a favor, la senadora Dolores Padierna Luna destacó las bondades de este sistema en el cual se consideran facultades administrativas graves y no graves, así como los actos de corrupción y toda acción que vulnere el patrimonio de la nación.
Por su parte, el panista Juan Carlos Romero Hicks, lamentó el incumplimiento en la fecha del dictamen del 28 de mayo por la falta de voluntad de algunas fuerzas políticas, pero agregó los instrumentos presentados por las comisiones, “son el resultado de una inédita coalición entre diversos actores comprometidos en exponer, castigar y desterrar la corrupción que vive enraizada en prácticamente todas las dimensiones del Estado mexicano y grandes partes de la sociedad”, agregó.
Por último, agregó que al aprobarse las cinco iniciativas que tenemos en el Senado, las dos en la Cámara de Diputados, la tarea no estará todavía terminada, “vamos a requerir al menos 15 leyes más, entre códigos y ordenamientos legales complementarios para continuar este esfuerzo que permite combatir la corrupción, el camino es aún largo y no podemos bajar la guardia porque hay mucho por hacer”, finalizó.