Por indicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República interpuso este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los Congresos y gobernadores de los
estados de Veracruz y Quintana Roo, así lo anunció el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez al señalar en rueda de prensa conjunta con la PGR “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.
La conferencia de prensa realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, explicó que los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge y sus respectivas legislaciones realizaron reformas en materia anticorrupción, sin esperar a la entrada en vigor de la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que es contrario a la Constitución Mexicana.
Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República, se encaminan a atender problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han impugnado provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción sean contrarias a la Constitución federal. Por otro lado también se señaló que el objetivo de estas medidas es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que las entidades no pueden establecer regulaciones en materia anticorrupción en el ámbito local antes de la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, recién reformado en el Congreso de la Unión.
“Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción", expuso, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
Cabe señalar que los dos gobiernos impulsaron cambios en sus legislaciones locales para "blindar" a los actuales mandatarios locales de posibles investigaciones en su contra por los gobernadores entrantes. Al respecto, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez expuso que los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción se habrán de publicar en los próximos días, en tanto las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor. Recordó que el constituyente permanente aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción; también recordó que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción fue avalada en mayo de 2015 y que los estados deben esperar la promulgación de las leyes generales para armonizar sus normas estatales. Reiteró que las entidades federativas carecen de facultades para publicar leyes locales de anticorrupción ni pueden hacer nombramientos de funcionarios relacionados con esa materia, pues se basarían en normas jurídicas que no están en línea con el sistema anticorrupción vigente y, por tanto, carecerían de legalidad.
Aunque el plazo para la promulgación del paquete de reformas anticorrupción no está definido, el gobierno de Peña Nieto está decidido en cumplir y hacer cumplir las leyes para preservar el Estado de derecho en todas las entidades, subrayó.
Este anuncio sienta el precedente para evitar en el futuro que otros gobernadores busquen “blindarse” a la salida de sus cargos y con el fin de evitar ser investigados por sus adversarios políticos o por la ciudadanía inconforme con sus gestiones.