El expresidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, debe haber pasado un fin de semana muy desagradable, pues iba por lana y salió
trasquilado. Soberbio, como es, ya se veía reinstalado en el cargo de presidente del Tribunal Universitario gracias a que se ejecutaría la suspensión que obtuvo con su amigo, el juez de distrito en materia laboral, Gabriel Domínguez. Sin embargo, el profesor se encontró con que a pesar de que el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho atendió y acató la suspensión del juez, él como catedrático aún no puede regresar a la universidad, ni a impartir clases, ni tampoco a encabezar el Tribunal Universitario; lo que es evidente que le importa más.
El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM sesionó el jueves pasado, 21 de abril, para atender el incidente de suspensión definitiva promovido por López Betancourt contra la decisión del 25 de febrero que le suspendía, temporalmente, sus derechos como académico, en tanto se resolvía el juicio penal que enfrenta por acoso sexual contra una alumna de la propia universidad.
El Consejo Técnico es la máxima autoridad, colegiada, de la Facultad de Derecho y determinó suspender su propia medida cautelar para dar cumplimiento a la orden del juez amigo de López Betancourt. En lenguaje puro y simple, la decisión significa que termina la suspensión académica del profesor acusado de acoso y, en un exceso de pulcritud para evitar cualquier duda sobre la obediencia a la controvertida orden del juez laboral, el mismo Consejo Técnico ordenó, de manera expresa, que se respetaran todos los derechos y prestaciones laborales de Raúl Eduardo López Betancourt, como ya ocurría, pues fue la falsa percepción de un despido laboral, que no existió ni existe, lo que fundó y motivó la suspensión judicial otorgada a su favor.
Sin embargo, lo que parece ser una victoria para el maestro acusado de acoso (el profesor acosador le dicen en sus reuniones alumnas y alumnos de la UNAM), en realidad no lo es. En la misma sesión, el Consejo Técnico ratificó la decisión de mantener la observancia a las medidas cautelares dictadas por la Fiscalía General de la República y por la Defensoría de los Derechos Universitarios, en todos sus alcances e implicaciones, mientras estas sean mantenidas por las autoridades que las dictaron. Esas medidas consisten, simple y llanamente, en que López Betancourt no puede acercarse a la alumna que lo denunció: Lourdes Ojeda, y como ella desarrolla sus actividades académicas en la Facultad de Derecho, el profesor sigue legalmente impedido para presentarse en cualquiera de las instalaciones de la Universidad.
Más aún, en lo que parece una lección gratuita de Derecho al juez de Distrito, Gabriel Domínguez, amigo de López Betancourt, y de su paisano y compañero de proyecto político, Félix Salgado Macedonio, los integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM dejaron asentado en el acta de la sesión, que los cargos de Consejero Técnico y Presidente del Tribunal Universitario son estrictamente honoríficos y no tienen ninguna implicación laboral, por lo que se trata de posiciones que corresponden a la organización y gobierno internos de la UNAM. Esas características hacen que su ocupación, ejercicio y relevo, en su caso, correspondan al la facultad constitucional que la propia universidad tienen para organizarse y autogobernarse. En pocas palabras, la Facultad de Derecho le dejó un mensaje al juez Domínguez, del que ya deben haber tomado nota en el Consejo de la Judicatura: la suspensión que le concedió a Eduardo López Betancourt para evitar su separación del Consejo Técnico y forzar su restitución al frente del Tribunal Universitario, como si se tratara de posiciones laborales cuando son cargos académicos honoríficos, tenía el alcance y potencial de violar la autonomía universitaria por interferir, bajo el disfraz de un asunto laboral, en la forma de organización y gobierno interno de la universidad más grande e importante del país. Casi nada. Si no hubo violación a la autonomía, fue gracias a que los juristas universitarios encontraron la manera de cumplir la orden judicial sin afectar la organización interna y las decisiones académicas y de autogobierno de la UNAM. Si tiene un poco de sentido común, el juez Domínguez ya debe haber valorado que desde la UNAM le evitaron quedar en una posición muy incómoda y complicada, para él y para el Poder Judicial Federal.
Por lo pronto y quién sabe hasta cuándo, porque este asunto está lejos de terminar y no pinta nada bien para el controvertido y veleidoso profesor, Eduardo López Betancourt regresará a dar clases a la UNAM, y tampoco volverá a estar al frente del Tribunal Universitario.
Mientras todo lo legal se resuelve, el prestigio académico de López Betancourt sigue sufriendo, pues ahora también es responsable de promover acciones judiciales que han estado a nada de violar la autonomía de la universidad; justo esa que él dice defender con tanta enjundia, mientras hace política barata al lado de personajes impresentables, como sus amigos guerrerenses.