El presidente Enrique Peña Nieto urgió a una reestructuración de fondo de los Ministerios Públicos y de las procuradurías de justicia en el país, incluyendo la General de la República, para asegurar que su actuación sea tanto implacable como impecable.
Al participar en la XXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, a la que asistieron fiscales y procuradores de todo el territorio nacional, el Ejecutivo exigió un mayor profesionalismo y con mayores elementos de investigación que permitan que todo aquel que delinque realmente sea sometido a la aplicación de la justicia.
“Y esto demanda una reestructuración a fondo en todas las procuradurías de justicia para contar con los elementos de personal, de capital humano, de uso de tecnologías que están hoy a nuestro alcance para que realmente se pueda cumplir con este objetivo”. Reconoció que los desafíos de México no pueden ser superados por una sola persona, ni siquiera por un solo gobierno. “No caben en esta tarea y en esta misión esfuerzos individualistas, tiene que haber corresponsabilidad”.
El Ejecutivo llamó a una coordinación y alineación de esfuerzos entre los órdenes de gobierno y poderes de la Unión y entre poderes de las distintas entidades para generar una sinergia ganadora y eficaz en esta tarea de procuración de justicia.
Refrendó el compromiso del gobierno de la República de trabajar junto con las autoridades estatales y los poderes judiciales.
Ante el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el político mexiquense confió que en el Congreso de la Unión se apruebe el Código de Procedimientos Penales y la Ley General Penal Único, para homologar los mecanismos de todas las dependencias, ya que la justicia pronta es un derecho que demanda la sociedad mexicana.
Sostuvo que la ley general penal, que pronto estará en debate en el Congreso de la Unión, buscará establecer reglas y principios generales que darán certeza jurídica a la aplicación de la ley y con ello se evitarán extremos o legislaciones de coyuntura.
Detalló que este código de procedimientos penales y la ley General Penal Único son reformas contempladas en la nueva política de estado y que el gobierno ha puesto en marcha, pues son cambios institucionales contenidos en el Pacto Por México.
Por ello, el presidente Peña Nieto confió en que pronto se concreten estos dos proyectos que están iniciando debate en el Congreso.
Resaltó que la reforma de justicia penal también contribuirá al crecimiento económico del país.
Explicó que se reduce el delito y la impunidad, emprendedores y empresarios invertirán menos en seguridad y más en aquellos que sus actividades sean más productivas.