El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE), convocado éste por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH), sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, echa por tierra “la verdad histórica” del ex procurador, Jesús Murillo Karam, lo cual es grave de suyo, pero peor todavía constituye un nuevo golpe a la imagen en el ámbito de los derechos humanos del gobierno del presidente Enrique, que esta vez reaccionó –también hay que decirlo- con rapidez al ordenar la incorporación del duro informe a las pesquisas gubernamentales del caso.
Según el GIEI “todas” las circunstancias y hallazgos muestran tanto “los déficits en la investigación como de las tareas que quedan pendientes para que se pueda dar la justicia que los familiares y México esperan del caso, incluyendo una investigación efectiva de las diferentes responsabilidades y el esclarecimiento del destino de los 43 normalistas desaparecidos”, que aún se considera “incierto”.
Señala lo que “queda por delante, y los caminos por los que se debería orientar a juicio del GIEI tanto la búsqueda de los desaparecidos, como la investigación de los hechos y responsabilidades y la atención a las víctimas y familiares, que forman parte de nuestro mandato”, el cual será ampliado para profundizar las investigaciones, un hecho destacable por parte del gobierno.
Y es que a juicio del GIEI, “debe darse un replanteamiento general” del caso de la normal de Ayotzinapa a partir de los resultados de esta investigación, en la que fueron hallados numerosos “déficits”.
Grave pues que salgan a la luz por los expertos del GEIE señalamientos tan críticos sobre la investigación de este caso, un hecho que evidenciaría las falencias para aclarar la verdad de los hechos, y al mismo tiempo avalaría las versiones de los deudos y de grupos independientes que han censurado “la verdad histórica” de Ayotzinapa.
El informe echaría por tierra el resultado de las pesquisas que comandó la Procuraduria General de la República (PGR) bajo el comando de Murillo Karam, hoy al margen del gobierno de Peña, pero al parecer en espera de nuevos encargos incluso fuera del país. Supongo que un revés de esta naturaleza socavaría las posibilidades de nuevas misiones para el ex gobernador hidalguense.
Al informe del GIEI siguió una respuesta casi inmediata del propio presidente Peña, quien –trascendió- ordenó la incorporación de las observaciones del documento a las pesquisas, que según la procuradora Arely Gómez se mantienen abiertas.
Gómez dijo que se encomendará un nuevo peritaje, rechazado casi de inmediato por los padres de los estudiantes, que hicieron ver que hay suficientes peritajes hechos ya.
Los padres de los muchachos exigieron de nuevo un encuentro con el presidente Peña, quien tendrá que ampliar su agenda, pero además proceder con cautela, sensibilidad y buen tino.
Queda claro además que si “la verdad histórica” no es tal, deberán fincarse responsabilidades para quienes omitieron su responsabilidad y condujeron a que el presidente Peña hiciera un llamado en diciembre último para acometer “realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor".
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