Sería difícil culpar de tendenciosa, subversiva, o malintencionada a la Arquidiócesis de México, que acaba de advertir sobre la persistencia en el país de un sistema de justicia “viciado y corrupto”.
Nada nuevo para la inmensa mayoría de los mexicanos, y en particular para los más vulnerables, que saben o intuyen que la mejor fórmula para sobrevivir al sistema de justicia del país es permanecer lo más alejado de un policía, un ministerio público, una delegación política, un juez, un abogado o todo aquello que “huela a justicia”.
Lo nuevo es el señalamiento, la crítica y el posicionamiento de la Arquidiócesis.
Los apuntes de la Arquidiócesis de México, expuestos en el seminario Desde la Fe, vienen esta vez a propósito del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también pudieran ajustarse a cualquier otro episodio judicial del país, reflejo de un sistema esencialmente putrefacto y cuya evidencia suprema está confinada en las cárceles y reclusorios nacionales, el verdadero rostro de la “justicia” mexicana.
Así, con ese sistema “de justicia” y esas cárceles nacionales, fue que el señor Felipe Calderón metió al país en una guerra desgraciada contra el narcotráfico. Lástima por el país que vivió seis años de horror, injusticia y desangramiento infructuoso por la decisión de un hombre obsesionado y sin visión de estado, que para colmo ostenta un título de abogado.
La Arquidiócesis de mexicana hizo sus graves acusaciones a propósito del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y auspiciado por diversas organizaciones de México sobre el caso Ayotzinapa.
Al margen de las críticas contra las hipótesis del ex procurador Jesús Murillo Karam y su verdad histórica, el Semanario Desde la Fe puso énfasis en señalar “la más grave crisis del sistema de procuración de justicia en nuestro país, un sistema profundamente descompuesto, viciado y corrupto, un sistema del que la mayoría de los mexicanos desconfía, y nos lleva a la convicción de que en México no existe una verdadera impartición de justicia”.
“Los crímenes de Iguala destapan el gran vacío del Estado de Derecho” imperante en México, remarca la Arquidiócesis.
Apunta con base en el informe del GIEI “la gran vulnerabilidad en la que estamos los ciudadanos por la incapacidad y torpeza de las instituciones responsables de la impartición de justicia”.
Desde la Fe alude a los principales males del sistema de justicia: el enquistamiento de la corrupción y la impunidad.
No es cosa de echar al saco del olvido los apuntes de la Arquidiócesis. Si el sistema de justicia en México se “ha convertido en una vergüenza internacional”, también lo es que las autoridades del país hagan mutis frente a un diagnóstico tan deplorable y sobre el que poco puede construirse. Fin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.