La corrupción, que empobrece y frustra a la mayoría del país, ha sacudido los cimientos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De esto no hay duda.
Los costos de este fenómeno se estima en voz de expertos entre los dos y hasta los
nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
En un virtual juego de cifras, el observatorio económico México ¿cómo vamos? Sostiene que el fenómeno de la corrupción ha impuesto al país costos del orden de los 341 mil millones de pesos por año a precios actuales.
Los cálculos de esta agrupación tienen como base un indicador del Fondo Monetario Internacional, que mide ese efecto y que establece que un alza de 10 por ciento en la corrupción genera una pérdida de dos por ciento en el crecimiento del PIB.
Viridiana Ríos, directora general del observatorio, menciona que el grado de corrupción representó 15 por ciento de la inversión pública en 2014.
Julio A. Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca (Coraza), recién estimó que cada año la corrupción cuesta al país el equivalente a cuatro por ciento del PIB, un porcentaje levemente menor al cinco por ciento del PIB que aporta la producción agropecuaria nacional, lo que de suyo refleja el impacto del fenómeno corruptor.
Los casos abundan y se han multiplicado en este sexenio. Un decálogo de hechos aparentemente irregulares o cargados de corrupción incluyen a la empresa española Obrascón Huarte Laín (OHL), la famosa Casa Blanca de la esposa del presidente Peña Nieto, otra mansión del titular de Hacienda, Luis Videgaray, el escándalo del gobernador sonorense, Guillermo Padres, investigado en Estados Unidos de lavado de dinero, entre otros muchos más, como también es el caso del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, por otra mansión. Y podríamos seguir, pero el espacio nos pone límites.
Una lista más extensa que obra en registros periodísticos incluye el caso en febrero de 2014 por Citigroup Inc que detectó un fraude en contra de su filial mexicana Banamex relacionado con la firma de servicios petroleros Oceanografía.
Durante 15 años, OHL ha sido beneficiado por grandes contratos. Los proyectos que tiene en el país le otorgan anualmente el 15 por ciento de sus ganancias a nivel mundial (524 millones de euros) e incluyen seis autopistas de peaje, ubicadas en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos –Distrito Federal, Estado de México y Puebla– que representan el 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y pese a que Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Emilio Lozoya Austin (éste último ex titular de Pemex) y Enrique Ochoa Reza (CFE), así como el Gobernador Eruviel Ávila han sido involucrados, sin que haya sanciones por el caso.
Para cualquier mexicano normal parece claro que en general, los cargos públicos del país se han convertido en poco menos que un botín. Por ello la institucionalidad nacional está quebrada, nadie cree en nada y mucho menos en los políticos. Así es imposible hacer país. (fin)
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