El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto respingó ante el informe más reciente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), según el cual México atraviesa por una profunda crisis en materia de derechos humanos y violencia.
Este informe impacta además las expectativas presidenciales del titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, responsable de esta parte crítica de la gobernanza nacional.
De hecho, la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la cancillería, buscó descalificar cuanto antes el informe de 236 páginas de la CIDH, sustentado en un trabajo hecho en el país por expertos del organismo con sede en Washington entre el 28 de septiembre y el dos de octubre de 2015.
La historia del pataleo del gobierno no es nueva. Un despacho informativo de la agencia noticiosa española EFE planteó el domingo último la pregunta de ¿por qué el gobierno mexicano insiste en negar la grave crisis de derechos humanos que sufre el país, a pesar de las demoledoras cifras oficiales que así lo confirman y la existencia de casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
Es una cuestión de imagen o simple obcecación”, planteó.
La fuente recordó que al presentar las conclusiones de su visita a México a finales de 2015, la CIDH pidió al gobierno de Peña Nieto reconocer la gravedad de la situación que enfrenta el país y no “minimizarla hablando de casos aislados”.
Pero esto último es lo que justamente ha hecho el Ejecutivo, que repitió la misma receta que utilizó hace un año cuando el relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, afirmó que esa práctica es generalizada en el país y ocurre en un contexto de impunidad.
En aquel momento el gobierno rechazó la palabra “generalizada” y llegó al extremo de acusar al relator argentino de no ser “profesional y ético”, unas palabras que Méndez recibió como un “ataque personal”.
Cifras oficiales hablan por sí solas: 26 mil 798 personas están desaparecidas, muchas de ellas a manos de agentes del Estado, la tasa de homicidios es superior a 10 por cada 100 mil habitantes y el 98 por ciento de los delitos no llega a tener una sentencia condenatoria. Esto sin contar los más de 151 mil homicidios en los últimos nueve años.
Sobra decir que esos números reflejan una tragedia que toca a miles de mexicanos: la imposibilidad de acceder a la justicia, ya sea porque las autoridades son omisas, incompetentes o cómplices y realizan investigaciones plagadas de irregularidades que no llevan a la verdad o conducen a la “contundencia” de la verdad histórica proclamada por el ex gobernador hidalguense, Jesús Murillo Karam. (fin)
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