"De nada sirven los umbrales de protección para el consumo si no hay manera lícita de acceder a las dosis", fue el argumento del presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, cuando presentó la iniciativa de Ley para el control de cannabis, elaborada por un grupo de investigadores, académicos y actores de la sociedad civil que han estudiado los efectos de la guerra contra las drogas así como las alternativas regulatorias más eficientes.
La propuesta tiene tres objetivos: reducir el mercado negro, descriminalizar a los consumidores y abrir las posibilidades de usos médicos y terapéuticos de la planta.
La primera propuesta de la iniciativa para combatir el mercado negro es que se permita el cultivo doméstico: "Hasta seis plantas para consumo estrictamente personal".
La iniciativa también contempla la creación de un mercado regulado no competitivo que excluiría la participación de la iniciativa privada, lo que haría al Estado el único comprador de la producción y el único vendedor de los productos.
El Instituto Mexicano del Cannabis (IMCANN), el órgano regulador, será el encargado de la entrega de licencias para cultivar, procesar y almacenar. También para autorizar puntos de venta al menudeo.
La paraestatal CANNAMEX, por su parte, será el único organismo distribuidor autorizado para adquirir la cannabis a aquellos con licencia de producción. Pero también tendrá la facultad de venderla a las franquicias autorizadas (por el mismo Instituto) para comercializar con fines terapéuticos o personales; así como venderla a la industria farmacéutica para producir medicamentos.
El IMCANN deberá emitir reglas sobre la cantidad de cannabis que cada persona o empresa podrá cultivar, el número de licencias límite entregadas por estado o municipio, la cantidad de franquicias permitidas y el tipo de productos con cannabis que podrán producirse.
Entre sus facultades también está definir el precio con el que CANNAMEX comprará y venderá marihuana a productores, puntos de venta al menudeo o el sector farmacéutico.
La Ley General para el Control de la Cannabis también propone la creación de cooperativas de mariguana o clubes de cannabis. Éstas deberán registrarse como asociaciones civiles sin fines de lucro con un mínimo de dos y un máximo de 80 socios.
Al ser una cooperativa, su producción se limitará a la demanda de sí mismos -hasta seis plantas por socio- y si tuvieran producción excedente deberán venderla a CANNAMEX.
No se puede hacer publicidad sobre la agrupación y deberán ofrecer servicios de información y asesoramiento en reducción de riesgos y daños por uso de drogas.
La iniciativa propone que todas las conductas asociadas al consumo se trasladen del ámbito penal a las sanciones administrativas: multas, trabajo comunitario y arresto por 36 horas. En ese sentido, lo que se mantendría en el ámbito penal sería la producción, transporte y comercio fuera de los previstos supuestos por la ley o cuando se realice bajo la modalidad de delincuencia organizada. También pertenecerá al ámbito de lo penal la corrupción de menores, es decir, la inducción al consumo en menores de 18 años.
Finalmente, la iniciativa establece impuestos, por lo que se propone modificar la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El impuesto propuesto en un paquete para uso personal es del 15%. Para los productos para uso terapéuticos es de 5%, pero también se pagará $1.00 pesos por gramo de cannabis.