Por los pasillos del Senado, el legislador Emilio Gamboa, un poco exasperado pero seguro de sí mismo, conminaba a sus asesores a “no hacerle caso, le vamos a ganar”. Se refería al senador del PRD, Armando Ríos Piter, que momentos antes había acusado al PRI de “boicotear” la dictaminación de la Ley Anticorrupción, donde se había logrado por primera vez instaurar el Parlamento abierto, con las propuestas y la participación de las organizaciones ciudadanas.
Gamboa, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, ofreció destrabar el entuerto legislativo en las comisiones, a través de sus buenos oficios. Ése fue el primer toque: se jaló aparte a los ciudadanos y acordó con ellos cinco leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, en las que sorpresivamente se achicó la trascendental Ley 3de3 Plus, que obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
En este proceso de coptación, se soslayó el amparo 599/2012 que el Ministro ponente José Ramón Cossío otorgó para conocer el contenido de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales.
La discusión del proyecto se realizó sobre los siguientes cuestionamientos: ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información pública y cuáles son sus límites constitucionales válidos? ¿Tienen los servidores públicos un umbral distinto de protección de sus datos personales? … tienen un derecho a la intimidad y al honor con menos resistencia normativa; lo anterior en razón de que el desempeño de la función pública exige un escrutinio público intenso de sus actividades; algunos datos de los servidores públicos que pudieran calificarse de privados deben considerarse información sujeta a publicitación.
¿Existe información que deba ser publicitada dentro de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos? … a la luz de la prueba de daño e interés público… La prueba de interés público se pregunta si la publicitación de cierta información es conveniente, relevante y necesaria para la sociedad y para el interés de los y las ciudadanas.
La segunda estocada, vino cuando el senador Armando Ríos Piter no fue avalado por el Pleno para ser diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La venganza se manifestó cuando los senadores del PRI tacharon la cédula del perredista y pusieron en su lugar el nombre del senador Alejandro Encinas.
Con ello se mataron dos pájaros de un tiro: las aspiraciones personales de un senador incómodo y las democráticas de la sociedad civil.