El pasado 23 de junio, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal anunció el veto a los incisos B y C del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como a 15 artículos relacionados, aprobados en el Senado por el PRI de Emilio Gamboa, en venganza contra los empresarios.
De igual manera, solicitó al Congreso de la Unión un periodo extraordinario para realizar las modificaciones necesarias, el cual se perfila para el próximo 5 de julio.
Este artículo pretendía crear la obligación de presentar la declaración 3 de 3 a becarios, beneficiarios de asistencia social, pensionados, empresarios y todos sus empleados, y todas las personas físicas y morales que recibieran recursos públicos. Dicho artículo fue redactado de madrugada, es decir, fue un albazo legislativo sin análisis de impacto y totalmente inoperable.
Las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de este artículo por no formar parte de la iniciativa de ley propuesta por más de 634 mil ciudadanos. Pero también señalaron las deficiencias en el artículo 29 referente a la máxima publicidad de la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, así como la inclusión de los formatos #3de3 en la ley.
No obstante, el Veto Presidencial solo fue dado en lo referente al artículo 32. El artículo 29 quedó sin modificación alguna tras el análisis de la oficina del Abogado Humberto Castillejos.
Acusan a Tesorero de PRD en ALDF
En la Asamblea Legislativa, diputados inconformes están por quitar al legislador Iván Texta como tesorero del grupo parlamentario del PRD, pues además de no transparentar los 2 mil 500 millones de pesos que este año recibió su bancada, tampoco les ha entregado los recursos correspondientes.
Lo acusan del manejo discrecional del dinero, repartiéndolo sólo a unos cuantos diputados perredistas, así como operar impunemente coludido con el Oficial Mayor de la ALDF, identificado como integrante de una de las tribus que controla Héctor Serrano.
Incluso, denunciaron el desvío de esos recursos en la pasada elección del Constituyente de la Ciudad de México, que finalmente no le sirvió a Texta, porque su distrito perdió en Iztapalapa.
Lo peor, es que el diputado también es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México y se niega a presentar su declaración 3 de 3, como si tuviera algo que ocultar